«Esta represión policial ya la habíamos vivido, pero tenemos la memoria corta, la diferencia es que ahora es generalizada»

Eva Pous es abogada del colectivo Alerta Solidària, que lleva la defensa de varios de los detenidos durante la revuelta que se ha dado en respuesta a la sentencia del Procés. Hablamos con ella sobre las actuaciones policiales de los últimos días y sobre la criminalización de la protesta

Sandra Vicente
 
 
 
Eva Pous, al centre

Eva Pous, al centre

La respuesta a la sentencia del Procés ha sido un estallido en las calles sin precedentes en Catalunya. Más de una semana de movilizaciones, concentraciones y disturbios en varias ciudades. Esta revuelta popular, según Eva Pous, abogada de Alerta Solidària, no es excepcional. Catalunya ha respondido de manera similar a muchas otras vulneraciones, «lo que es excepcional es el contexto», afirma.

Son varias las denuncias por brutalidad policial de los últimos días: desde atropellos, hasta uso presuntamente irregular de las balas de foam y goma. Mientras el Goovern afirma que los Mossos y la Policía Nacional han obrado con «proporcionalidad» y apunta a que investigará posibles malas praxis, Pous sentencia que no hay «voluntad política de pedir responsabilidades». El resultado son, si hablamos sólo de cifras, cerca de 30 personas encarceladas, casi 200 detenidas y cientos de heridos.

Hablamos con Eva Pous cuando la segunda semana de movilizaciones está a punto de terminar y cuando se cumple un mes de la detención de 9 miembros de los CDR acusados ​​de terrorismo.

Ahora que hace un mes de las detenciones del 23 de septiembre y se ha levantado el secreto de sumario, ¿cómo veis la situación?

Se ha levantado el secreto, pero aún no hemos tenido acceso a la causa, porque la Audiencia Nacional no deja hacer fotocopias. Por lo tanto, aunque formalmente no haya secreto, en la práctica es como si aún lo hubiera. Hasta que no se nos traslade la causa no podremos hacer ningún tipo de valoración. Lo que sí podemos constatar es que tenemos las mismas dificultades para ejercer la defensa.

Y lo que también se constata es que el 23-S fue una operación diseñada con una doble intencionalidad: intentar frenar las movilizaciones en la calle a las puertas de una sentencia que ya sabíamos que sería infame; porque los días anteriores ya se hablaba desde de España que debian que enviar más policías a Catalunya, por lo tanto, ya se sabía que sería condenatoria. Y también pretendía criminalizar el movimiento independentista.

¿Esta criminalización se constata ahora que nos llega que realmente no había explosivos?

Esto todavía es sólo una cantinela: una filtración. Nosotros estamos convencidas de que no había porque ya lo estábamos antes. Las filtraciones de ahora son de la misma fuente que entonces hablaba de explosivos y que al cabo de unas horas cambiaba de relato. Hasta que no tengamos acceso a la causa tampoco daremos credibilidad a las filtraciones. Aunque se haya levantado el secreto, las afectaciones de estas filtraciones, cuando salen en la prensa, vulneran la ley de enjuiciamiento criminal. Desde un punto de vista meramente jurídico, borran la presunción de inocencia, pero a la vez lo que hacen es dar voz a un punto de vista único que criminaliza al independentismo.

También hubo filtraciones cuando, días antes de la sentencia, se supo que se condenaría por sedición y no por rebelión. E, incluso, el mismo día de la sentencia, los medios tuvieron acceso a las penas antes que los abogados

Con la filtración de la sentencia quizá había otra finalidad: dosificar la información para tratar de que hubiera una reacción menor. Llevamos dos años con la cantinela de que habría condenas de más de veinte años de prisión por rebelión y, tal vez, se esperaba que hablando de sedición días antes de que se hiciera pública la sentencia habría menos indignación. Las filtraciones desdibujan la realidad e intentan establecer un relato.

Pero no funcionó, porque la respuesta que ha habido hubiera sido la misma independientemente de los años de condena.

A raíz de las protestas está habiendo muchas detenciones policiales, ¿cómo valora estas identificaciones y detenciones, muchas denunciadas como arbitrarias?

Primero, debemos aclarar el concepto de violencia. Es un concepto que se ha ido desdibujando los últimos años, y no me limito a hablar del Procés, sino de huelgas generales, por ejemplo. Este concepto ha servido para condenar a los Jordis, con una violencia incitada o violencia ambiental, conceptos que no existen pero que van muy asociados a una postura política, más que legal.

Entrar en el relato de la violencia es peligroso, porque siempre beneficia a quien pretende reprimir. Si objetivamos la violencia de estos días, con cifras, vemos que con una semana de manifestaciones masivas en las que la gente ha reclamado sus derechos, la libertad de los presos y la independencia, ha habido cerca de 200 personas detenidas. En mayo del 2012, en la huelga general, con Felip Puig al frente, los Mossos detuvieron a 150 personas en un solo día.

Tenemos la memoria muy corta y nos toca recuperar el recuerdo para neutralizar el discurso represor. Ha habido muchas detenciones, pero también muchas más movilizaciones: el relato de la excepcionalidad responde más al motivo tras las concentraciones. Nunca habíamos tenido la mitad de un Govern en la cárcel y la otra en el exilio. Dentro de esta excepcionalidad hay una manifestación sostenida en el tiempo, pero sin ningún salto cualitativo respecto a otros momentos.

Ha habido una respuesta a la altura del momento, pero la combatividad no ha sido diferente a la de otras situaciones, con la represión correspondiente. El discurso de excepcionalidad que se ha utilizado para enviar a 30 personas en prisión no se aguanta. No hay nada más que personas movilizándose en contra de una situación injusta.

Miquel Buch asegura que se está actuando con «proporcionalidad», ¿qué opináis del dispositivo policial?

Dicen que se ha actuado profesionalmente, como siempre. El problema es el como siempre. Estos abusos no son nuevos, ya los habíamos visto, pero los había visto un sector de la población muy reducido, aquel que formaba parte de movimientos sociales independentistas, anarquistas, anticapitalistas… y ahora lo vemos de manera generalizada.

Estas prácticas irregulares nos demuestran que se necesita un control real de los protocolos. Ante las imágenes que todas hemos visto, Interior no ha hecho nada, más allá de cerrar filas en torno a los Mossos para decir que todo ha sido ejemplar. No hay una voluntad política de acabar con los abusos policiales y aún menos una crítica interna para adoptar medidas y abrir expedientes disciplinarios o diligencias penales, porque hemos visto acciones que podrían ser constitutivas de delito. No está pasando como tampoco se piden responsabilidades a la Policía Nacional.

De hecho nos enteramos por la prensa de que había sido el propio departamento de Interior quien pidió que se enviaran más agentes de la Policía Nacional y no se les puso restricciones. Era Buch quien coordinaba el dispositivo y hubiera podido poner límites con una resolución del Parlament en la mano con la que podría haber dicho que no se usaran balas de goma.

Los últimos días parece que la estrategia policial está cambiando y hay menos confrontación

Puede ser una respuesta al desbordamiento policial, pero si es una respuesta, llega tarde. Llega después de que dos personas perdieran parte de los testículos y cuatro perdieran un ojo. Llega después de cientos de personas atendidas en urgencias -y, sumando las que no han ido a urgencias, seguramente podríamos hablar de casi un millar de heridos. Desde el primer momento se dijo que si no había policía no había incidentes. Si es una respuesta, felicidades, pero llega tarde y no quita al Gobierno de su obligación de depurar todas y cada una de las responsabilidades políticas, penales y administrativas en que hayan podido incurrir los agentes. Incluso aquellos que no formen parte de tu cuerpo, pero han actuado en un dispositivo policial que has coordinado.

Empezamos a ver ahora la judicialización de estas protestas: la gente detrás del Tsunami Democràtic está siendo investigada por terrorismo. La portavoz del Govern justificaba las cargas policiales en el aeropuerto para que los manifestantes no incurrieran en delitos de sedición…

Hace ya mucho tiempo que se estamos en esta situación. Nos podemos centrar sólo en el Procés y hablaremos de un proceso de dos años de prisión preventiva. También vimos el caso de Tamara y Adri, que habían ido a la Audiencia Nacional acusados ​​de actos terroristas y cuando Adri decide irse a Bélgica, la Audiencia decide que aquella causa que había estado abierta seis meses ya no era de terrorismo sino por desorden público. El 23-S tuvimos 9 personas acusadas de terrorismo sin actos terroristas ni organización. Y podemos tirar aún más atrás con los casos Piñata, Pandora o Dixan.

La acusación por terrorismo ya hace años que es usada por el Estado español. Y siempre es usada en un sentido muy claro: contra el independentismo y las izquierdas. Y si van juntos, aún más. La finalidad del independentismo es acabar con un marco constitucional concreto y, si esto molesta, todo el mundo podría terminar siendo terrorista si es independentista. Recordemos que el PP, con el apoyo del PSOE, hizo una modificación muy grande del concepto terrorismo en el Código Penal (que el PSOE dijo que derogaría) según el cual, incluso el aborto podría ser constitutivo de terrorismo. Tenemos que ver qué encaje tiene esto en el marco europeo, pero llegar a Europa significaría que ya vamos tarde.

Se ha hablado de cómo la condena por sedición abriría las puertas a una represión de los movimientos sociales. ¿Cómo se podría hacer frente a esta jurisprudencia?

Al igual que como a cualquier represión. La ley, el Código Penal, han sido pensados ​​para casitgar aquellos que no forman parte de las élites. ¿Qué pena tiene el blanqueo de capitales? ¿Y robar una barra de pan, aunque esta cueste 80 céntimos?

Cuando en Girona se hizo la campaña de quema de coronas, se detuvo a dos compañeras por quemar la foto del rey emérito. Y se siguieron ardiendo en las calles. Al final el fiscal decretó que quemar fotos del rey no era delito. ¿Cómo se puede hacer frente a la represión? No respondiendo a los objetivos que busca quien reprime. Debemos continuar saliendo a la calle, incluso ante la amenaza de convertirnos en terroristas, o la etiqueta que quieran ponernos, para demostrar que nos manifestamos contra esta aplicación del derecho.

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