Entidades por el derecho a la vivienda apuestan por la vía administrativa para denunciar casos de acoso inmobiliario

El Sindicato de Inquilinos, la PAH Barcelona y el Observatorio DESC han presentado una herramienta legal para intentar detener y multar el acoso inmobiliario -o mobbing- a través de la vía administrativa. También han recordado que, a través del artículo 45 de la Ley del Derecho a la Vivienda de Catalunya, cometer acoso es una infracción "muy grave" que puede conllevar multas de 90.000 a 500.000 euros.

Sònia Calvó
 
 
 
Entitats i veïns durant la roda de premsa / SÒNIA CALVÓ

Entitats i veïns durant la roda de premsa / SÒNIA CALVÓ

El Sindicato de Inquilinos, la PAH Barcelona y el Observatorio DESC han presentado este martes una herramienta legal para intentar detener y multar el acoso inmobiliario -o mobbing– que se vive actualmente en la ciudad de Barcelona. Las entidades han recordado que, a través del artículo 45 de la Ley del Derecho a la Vivienda de Catalunya, cometer acoso es una infracción «muy grave» que puede conllevar multas de 90.000 a 500.000 euros.

Si bien la ley no es nueva, ya que está vigente desde el año 2007, hasta ahora las denuncias o querellas que se han interpuesto son por la vía penal y no por la vía administrativa, como proponen ahora las entidades. Esta diferencia supone que ahora, al ser vía administrativa, el Ayuntamiento se verá obligado a actuar, lo que no ocurría al ser por vía penal, ya que la denuncia se gestionaba a través de los juzgados.

Las entidades han presentado ya las primeras cinco denuncias por acoso inmobiliario a las Oficinas de Vivienda y en las Oficinas de Atención a la Ciudadanía. «Queremos enviar un mensaje alto y claro a los responsables del acoso inmobiliario, los grandes operadores, SOCIMI, fondo buitres, propietarios y administradores de fincas: a partir de ahora ya no podrá seguir actuando de forma impune vulnerando los derechos de los inquilinos», ha denunciado la portavoz de la PAH Barcelona, Lucía Delgado. Las entidades han recordado que esta medida es aplicable a todos los municipios catalanes desde hace 10 años, aunque hasta ahora no se ha utilizado nunca.

Incumplir el deber de conservación para causar el deterioro del inmueble; repercutir gastos o servicios no pactados en el contrato; alargar indebidamente las obras; amenazar o presionar psicológicamente al inquilino; ser pasivo ante actos vandálicos que se produzcan en el inmueble: estos son algunos de los ejemplos que han vivido los inquilinos que ya han presentado las primeras denuncias por acoso por la vía administrativa.

Desde el Sindicato de Inquilinos, una de sus portavoces, Marta Ill, ha alertado que «el objetivo del mobbing es conseguir un rendimiento económico a base de degradar las condiciones de vida de los inquilinos». Por ello denuncian que «el mobbing es una pieza clave en la operativa de las expulsiones de vecinas». Se amparan, además, en el artículo 45 de la Ley del derecho a la vivienda de Catalunya, que entiende por acoso «toda actuación u omisión con abuso de derecho que tenga por objetivo perturbar a la persona acosada en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil».

Un dels edificis afectats per assetjament immobiliari al Raval de Barcelona / SÒNIA CALVÓ

Algunos de los vecinos que ha estado sufriendo acoso inmobiliario son los del bloque de la calle Entença 151, propiedad de un fondo de Inversión de origen francés, Abielle. Aseguran que la propiedad ha intentado vaciar los pisos antes de la extinción de los contratos. «Hemos sido víctimas de violencia verbal y física por parte de representantes y personas contratadas por la propiedad, de la presión y malestar generado por obras realizadas sin permisos, y de la negativa de cobrar las rentas a los inquilinos por parte de la propiedad», denuncian los vecinos.

Para las entidades, este caso «se inserta dentro de una realidad extendida en la zona adyacente a la Modelo, que está experimentando una revalorización de las rentas del suelo, atrayendo a fondos buitre como Abielle , que tienen prácticas que atentan directamente contra el bienestar y dignidad de las vecinas y vecinos».

Desde el Observatori DESC confían que ahora, yendo por la vía administrativa, el Ayuntamiento actue e impida las actuaciones de acoso inmobiliario. «La Administración está obligada a actuar y puede dictar órdenes para acabar con el acoso y sancionar», ha recordado Guillermo Domingo, miembro del Observatori DESC. También han presentado denuncias por vía administrativa vecinos de los bloques de la calle del Carme 106 (propietat de una SOCIMI llamada Optimum); la calle Floridablanca 92 (propiedad de la gran tenedora Ana Maria Fradera); la calle Diputación 206 (propiedad del fondo buitre de capitalidad finesa Vauras Investment SL); y la calle Aigua Blava 36 (propiedad del BBVA).

2 Comments en Entidades por el derecho a la vivienda apuestan por la vía administrativa para denunciar casos de acoso inmobiliario

  1. Como separas el acoso inmobiliario cuando es acoso de vecinos? Como separas o juntas todo en un acoso a tu vida privada?

  2. Donde denunció el acoso privAdo e inmobiliario? el Ayto de zona no ha actuado, la policia municipal se considera incapaz, que hacer?
    M

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