El Ayuntamiento de Barcelona y Stop Mare Mortum denuncian trabas administrativas en el asesoramiento a refugiados

Durante un año Stop Mare Mortum ha ofrecido asistencia legal a los refugiados en Grecia para "abrir una brecha en el sistema actual de reubicación", ya que consideran que es un sistema "absolutamente inoperativo". Han representado legalmente a 319 personas que se encontraban "atrapadas" en Grecia, pero sólo 13 han conseguido llegar a España. Desde la plataforma lo atribuyen a las trabas administrativas que han interpuesto Grecia y España durante todo el proceso. El proyecto ha sido financiado con 60.000 € por el Ayuntamiento de Barcelona

Sònia Calvó
 
 
 
Una familia de solicitantes de asilo en el campo reservado para personas vulnerable de Lesbos. / ARANTZA DIEZ (eldiario.es)

Una familia de solicitantes de asilo en el campo reservado para personas vulnerable de Lesbos. / ARANTZA DIEZ (eldiario.es)

Hace un año que la plataforma Stop Mare Mortum trabaja para conseguir tres objetivos: dar salida legal y segura a las personas refugiadas atrapadas en Grecia; incidir políticamente a las instituciones responsables de los procedimientos de asilo y reubicación en España, Grecia y Europa; y dar una estancia el máximo de digna a las personas mientras esperan la resolución de su caso. Con ello, buscan «abrir una brecha en el sistema actual de reubicación», un sistema que consideran que es «absolutamente inoperativo». Para ello, han llevado a cabo un proyecto que ha sido posible, en parte, gracias a un convenio firmado con el Ayuntamiento de Barcelona con un presupuesto de 60.000 €.

Durante este tiempo, desde Stop Mare Mortum han representado legalmente a 319 personas -64 unidades familiares- que se encontraban «atrapadas» en Grecia. De estas, 116 han sido reubicadas en algún país europeo, pero sólo 13 han conseguido llegar a España. Desde la plataforma lo atribuyen a las trabas administrativas que han interpuesto Grecia y España durante todo el proceso, a la falta de información sobre derechos en relación al proceso de reubicación y a la inseguridad sobre los procedimientos de asilo, de reubicación y de reunificación familiar. También denuncian estancias de espera muy largas, situaciones de estrés, falta de acceso a actividades y educación y la imposibilidad de acceder a comida.

«No hay información clara por parte del estado griego de decir en qué consiste el programa, cuáles son los pasos a seguir, además, no se ha proporcionado traducción ni acompañamiento legal para que entiendan cuáles son los trámites», denuncia Sonia Ros, portavoz de la entidad. Quien sí ha mostrado interés en resolver esta situación ha sido el Ayuntamiento de Barcelona, ​​que ha entregado a las familias cartas firmadas por la alcaldesa Ada Colau donde se muestra dispuesta a acogerlos y ofrecer los recursos municipales necesarios. Para esta entidad es primordial ofrecer «protección, con vías legales y seguras, para llegar a un país europeo de acogida sin tener que volver a recorrer, una vez están en Grecia, a los traficantes», constata Toni Borrell, otro de los portavoces de Stop Mare Mortum.

Cercado del campamento de Lesbos / ERNE (eldiario.es)

Desde la entidad exigen al gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con las cuotas de acogida de refugiados. En este sentido, la entidad de momento está a la espera de ver cómo cumplirá el gobierno español actual la sentencia del Tribunal Supremo. Esta sentencia condenaba a España por incumplir el compromiso de acogida de refugiados, cifrado en 19.449 personas según el sistema de cuotas aprobado por la Unión Europea en 2015. Durante el mandato de Mariano Rajoy, el ejecutivo sólo ofreció el 7% de plazas de acogida. El recurso fue presentado por la plataforma Stop Mare Mortum.

Además de la asistencia legal de las personas, desde Stop Mare Mortum han presentado demandas a autoridades internacionales y estatales como el Defensor del Pueblo Europeo, la Comisión Europea, el Defensor del Pueblo Griego, el Relator de las Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Si bien no está prevista la continuidad de este proyecto, durante este año han querido «demostrar al estado español» que hay «mucho trabajo por hacer» y que «son muchas las barreras que se encuentran las personas que tienen el objetivo de ser reubicadas o de conseguir la protección internacional en Grecia». Desde el Ayuntamiento de Barcelona, el teniente de alcalde de Derechos de Ciudadanía, Transparencia y Participación Jaume Asens ha explicado que esperan que el gobierno central acate la decisión del Tribunal Supremo.

«El trabajo está lejos de terminar», ha explicado Toni Borrell, pero ahora tienen «más herramientas de presión». Sin embargo, recuerda que la entidad de la cual forma parte, Stop Mare Mortum, es una plataforma ciudadana que realiza tareas de sensibilización con el fin de «impulsar un discurso antirracista que reclama vías legales y seguras». Por ello Asens ha valorado que «cuando la sociedad civil se organiza, los derechos humanos no son sólo consignas retóricas, sino que hay que cumplirlo».

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