El 10N más allá del Procés: ¿qué propuestas tienen los partidos para mejorar la situación de los trabajadores públicos?

La Plataforma 5% i més organizó el miércoles un de los últimos debates electorales antes del domingo: el Hospital Clínic acogió un encuentro con los partidos en el que se discutieron los principales elementos que afectan a los trabajadores públicos: la interinidad, la reducción horaria, las externalizaciones o el tan batallado retorno del 5% recortado los salarios

Sandra Vicente
 
 
 
Debat electoral sobre la recuperació de drets laborals perduts | Plataforma 5% i més

Debat electoral sobre la recuperació de drets laborals perduts | Plataforma 5% i més

Durante el peor momento de los recortes asociados a la crisis, se aprobó una medida «excepcional de reducción de gastos de personal en la Administración y el sector público» que se basaba en la reducción del 5% de la retribución, según establecía el Real Decreto 8/2010. Siete años después de que la Generalitat aplicara esta medida, varios colectivos de trabajadores públicos crearon la Plataforma 5% i més, que trabaja para derogar esta medida y que, este miércoles organizó un debate electoral para abordar la situación de los trabajadores y trabajadoras públicas del país.

Así, con la presencia de ERC, JxCat, Catalunya en Comú Podem, la CUP, PSC, Ciutadans y Más País (el Partido Popular anunció su ausencia poco antes del debate) los candidatos (todos ellos hombres), celebraron uno de los últimos encuentros preelectorales en el Hospital Clínic de Barcelona. Y es que el sector sanitario es uno de los más afectados por esta medida del 5%, así como por las externalizaciones de los servicios públicos o la falta de conciliación laboral, temas sobre los que versó el debate, moderado por la periodista Mónica Hernández.

Medidas para recuperar el 5% del sueldo recortado

El pasado 30 de septiembre, la CUP presentó en el Parlament de Catalunya una moción para recuperar en enero del 2020 el 5% de las retribuciones recortadas. La moción fue aprobada, aunque Vidal Aragonés, diputado por la CUP, se lamenta de que «hay demasiadas medidas que se aprueban pero luego no se hacen efectivas» y considera que «no se resolverá nada si vosotros no lo solicitáis al Govern de manera organizada», apunta, dirigiéndose al público del debate, formado principalmente por personal sanitario.

A raíz del reproche de Aragonés, los partidos del Govern, ERC y JxCat, representados por Bernat Solé (diputado y alcalde de Agramunt) y Genís Boadella (número 4 en las listas por Barcelona), respectivamente, tiraron la pelota al terreno del Gobierno español. «Muchas medidas, como la de la CUP, entran a registro sin que sean viables. Pedimos a los grupos responsables de presentar estas medidas que también sean responsables de apoyar unos presupuestos que las hagan viables», apunta Solé en referencia a los de la CUP. «Sin embargo -añade- la legislación española no nos ayuda». Por su parte, Boadella asegura que el retorno del 5% «es una responsabilidad del PSOE y del PP, que han de mejorar la financiación de Catalunya».

El PSC, con Enrique Fernández-Velilla (número 10 por Barcelona), que devuelve la pelota a la Generalitat, apunta que el retorno no se puede hacer si no es con una negociación colectiva y reprocha a los partidos del Govern que no se hayan sentado con sindicatos ni trabajadores. En la misma línea, Martín Eusebio Barra, diputado de Ciudadanos, recuerda que todas las Comunidades Autónomas han devuelto el 5% a excepción de Catalunya. «No es cuestión de una España malvada que nos oprime; la culpa no es de Madrid ni de la infrafinanciación, porque hay comunidades peor financiadas que Catalunya», apunta Barra.

Sobre el sistema sanitario catalán, Emilio Rojo, de Más País, asegura que «si se pusieran los sueldos al nivel que toca, este gran sistema pasaría a ser el más caro del mundo; esto quiere decir que alguien se ha estado quedando los beneficios. Y así, lo que hacemos, es fabricar enfermos».

La precariedad de la interinidad y las externalizaciones

«No puede ser que confíes en el trabajo de una persona durante 15 años y después lo eches con unas oposiciones. Ya se ha resuelto que no puede haber más de un 8% de personal interino en plazas estructurales, pero la empresa pública hace trampas propias de la privada», apunta Fernández-Velilla, del PSC. Pero sobre las oposiciones, Solé de ERC, recalca que no siempre se pueden convocar a instancias de la Generalitat, y volvió a relegar la responsabilidad en «la negociación colectiva» como herramienta para llegar a acuerdos con la administración .

Aparte de la temporalidad y la interinidad, otro gran campo de batalla de los trabajadores de los sectores públicos es la falta de equiparación de condiciones laborales entre los trabajadores públicos y los externalizados. La única solución, según la CUP es que «los servicios públicos se gestionen de manera 100% pública y hasta que esto no suceda, las retribuciones de los trabajadores externalizados deben ser iguales que los de titularidad pública. Mismo trabajo, mismo salario».

En el extremo opuesto de la balanza, Boadella, de JxCat, asegura que «es muy fácil jugar a arreglarlo todo, pero echar atrás las externalizaciones no será positivo», apunta, aunque sí se muestra de acuerdo con la equiparación. En un punto intermedio, ERC pide huir del «dogmatismo» y pide no fijarse sólo en el elemento económico para tomar una decisión sobre las externalizaciones: «si un servicio funciona, no se debe cambiar». Así, desde ERC (partido impulsor de la ley Aragonés) Solé apunta a que se debe tender a que los servicios esenciales sean públicos, pero «no debemos caer en el dogmatismo de decir que todo debe ser público».

Por su parte, Josep Vendrell, número 10 por Barcelona de En Comú Podem, apunta a que las externalizaciones se hacen para «recortar, a costa de los trabajadores, y para dar espacio al sector privado» y apunta que no se hace por criterios de eficiencia, sino económicos e ideológicos: «se ha demostrado de sobra que la gestión pública es más eficiente». Por el contrario, de JxCat aseguran que el modelo privado nos ha llevado éxitos: «la gente olvida que cuando los servicios municipales funcionan bien, normalmente, están gestionados por empresas privadas».

Desde la CUP, en respuesta a Boadella, Vidal Aragonés afirma que «no hay ningún informe que diga que lo privado es más beneficioso que lo público» y que, en todo caso, «el beneficio es a costa de los trabajadores». Para Aragonés, la solución pasa por servicios públicos gestionados por «nosotras mismas y con participación real de las trabajadoras». Así, en el debate sobre qué servicios deben ser de titularidad pública, desde Más País aseguran que todo lo que sean necesidades básicas, deben ser públicas: «la gente no va a la escuela o se pone enferma porque quiere. Si el ciudadano es quien paga, debe decidir qué sistema quiere».

Conciliación en condiciones: 35 horas semanales con el mismo salario

«100 años después de la Canadenca y no avanzamos», apunta Vendrell. En la misma línea, desde la CUP recuerdan que las 40 horas no las ganaron los parlamentarios, sino «los huelguistas, represaliados, que se lo jugaban todo en las calles». Así, ambos a favor de la reducción horaria sin rebaja del salario, porque «conciliar con menos dinero es imposible».

Al respecto, desde Más País, Rojo asegura que para conservar el salario deben encontrar dinero: «menos horas significa más plantilla: dividir la carga tiene muchos beneficios pero hay que planificar bien. Si se consigue, todos tendremos más tiempo para vivir y no sólo mejorarán las relaciones sociales sino que se reactivará la economía «. Ahora bien, Rojo apunta que «los gastos que se harán a raíz de una reducción horaria distribuirán el dinero y harán que ya no se queden siempre en las mismas pocas manos. Así que pensemos a quién no le interesa», reflexiona.

«Hay gente que está en contra, porque no le salen los números», aseguran desde el PSC. Pero, según el socialista «supondría tener menos gente en precario y más con 35 horas a la semana, pero para ello debemos conocer bien el sistema y sus recursos humanos». Por su parte, el de ERC asegura que, a pesar de estar de acuerdo con la reducción, se debe «priorizar: ante la demanda del retorno del 5% y una reducción horaria, un buen gobierno debe ser responsable y ver cuáles son las mejores soluciones de acuerdo con la viabilidad».

«Todo el mundo querría trabajar menos horas con el mismo dinero, pero para ello se necesitan recursos y por lo tanto, mientras no solucionamos el déficit fiscal será imposible», apunta Boadella, de JxCat. «No debemos olvidar que vivimos en una autonomía intervenida … por eso soy un firme defensor de la cultura del esfuerzo, un valor que es muy nuestro». En respuesta, Vendrell, de En Común Podemos, asegura que «la gente trabajadora tiene mucha cultura del esfuerzo, sobre todo el 14% de trabajadores pobres»

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