Desde organizar una manifestación impedir el voto: ¿qué puede pasar si desobedezco la JEC?

Tsunami Democràtic llama a 'desobedecer a la JEC' el 9N. El movimiento convoca concentraciones en las plazas y actos culturales diversos para romper con la 'neutralidad' del día de reflexión. Incluso había llegado a decirse que se podrían ocupar colegios electorales. Así, ¿qué consecuencias legales tiene desobedecer a la JEC?

Sandra Vicente
 
 
 
Centre electoral a les eleccions del 28A | Sandra Vicente

Centre electoral a les eleccions del 28A | Sandra Vicente

El pasado viernes, el diario El Mundo afirmaba que un grupo indefinido al que llaman «independentismo radical» llamaba a «reventar las elecciones del enemigo». El artículo, que sólo contaba con ‘declaraciones’ extraídas comentarios en algún «foro separatista» (a los autores de los cuales se otorgaba el rango de «instigador»), apuntaba firmemente que el objetivo de la acción del Tsunami Democràtic de este sábado era ocupar los colegios electorales e impedir la votación.

Dejando de lado el argumentario ad hoc elaborado por el diario El Mundo, esta rumorología tenía como base el críptico mensaje que Tsunami envió a su canal de Telegram el día 25 de octubre en el que llamaba a hacer una acción en «Todo Estado «el día 9 de noviembre y la proclama» desobedecer la JEC «. Y con esta premisa, algunos pensaron directamente en ocupar los colegios.

Tsunami, el día después de que El Mundo publicara este artículo, emitió un comunicado en el que decía que sólo convoca para la jornada de reflexión. «El día 10, Tsunami defiende el ejercicio del derecho a voto, como el resto de derechos fundamentales. Las urnas no dan miedo, todo lo contrario: es lo que reclama la mayoría de la población catalana. Más urnas. Más democracia». Así, este jueves se han hecho públicas algunas de las actividades que las diversas entidades han propuesto, que van desde concentraciones en las plazas, hasta conciertos y charlas.

Ahora bien, ¿convocar un concierto, una charla o una concentración es desobedecer la JEC? Y si lo es, ¿qué implica hacerlo?

La Junta Electoral Central ya ha suspendido anteriormente movilizaciones convocadas en la jornada de reflexión por considerarlas contrarias a la ley electoral: esto pasó, por ejemplo, en 2004 con las concentraciones en rechazo a los atentados del 11-M. Y es que durante la jornada de reflexión queda prohibida todo tipo de «propaganda electoral», según la ley.

«La JEC podría entender que los actos de Tsunami forman parte de un acto de campaña que influencie el voto y por lo tanto, podría suspenderlos», considera el abogado David Aranda. La pena por celebrar una manifestación previamente suspendida o prohibida, «siempre que con ello se intentara alterar el orden constitucional o la paz pública», será penas desde seis a doce meses de prisión para los promotores, según el artículo 514.5 del código Penal. Y para los manifestantes, el castigo podría ser la misma multa que en cualquier manifestación, de entre 100 y 600.000 €, si se producen infracciones y según su gravedad (recogidas en la Ley Mordaza).
Pero la JEC no puede suspender las concentraciones del Tsunami por una cuestión básica: no están convocadas. Así, la primera muestra de desobediencia la encontramos haciendo una pequeña ojeada al derecho de manifestación y reunión , recogido en el artículo 21 de la Constitución española que regula, entre otras cosas, que una manifestación pública debe ser notificada con una antelación de 10 días naturales -a no ser que sea una convocatoria extraordinaria; entonces sólo se necesitarían 24 horas. Como es sabido, en las convocatorias de concentración y manifestación post-sentencia, no ha habido notificación, tanto por el efecto sorpresa como para no exponer a los organizadores.
Por lo tanto, como que no se han comunicado, no están suspendidas. Pero eso no quita que pudieran interpretarse como «un delito electoral, por no respetar las normas relativas a las reuniones en periodo electoral», apunta Aranda. El artículo que regula las manifestaciones durante periodo electoral es el 144, que dice que se puede incurrir en penas de tres meses a un año de prisión o multa de seis a veinticuatro meses para quien convoque «actos de propaganda una vez finalizada la campaña».

Según Aranda, sin embargo, estamos en un «limbo»: no cumplir las normas de reunión en periodo electoral es «constitutivo de delito penal, pero prima el derecho fundamental a la manifestación», apunta el abogado, que afirma que aplicar el artículo 144 para una manifestación el día 9 «estaría cogido con pinzas». Sobre todo, teniendo en cuenta el carácter de las concentraciones comunicadas por el Tsunami, que comprenden conciertos o actos poéticos o charlas de activistas diversos.

Además, una de las cosas que apunta la ley es que el delito lo comete quien organiza o promueve y siendo estos actos sin «líderes» visibles no habría a quién acusar formalmente. Sin embargo, tal como advierte Aranda, «no sería la primera vez que a la primera persona que la policía viera con un megáfono se le encasquetara el rol de organizador».

Y si se ocuparan los colegios electorales, ¿qué?

En caso de que El Mundo tuviera razón y Tsunami llamara a la ocupación de los colegios para impedir el voto el 10-N, tanto organizadores como participantes estarían incurriendo en un delito grave. El artículo 146 de la ley electoral recoge penas de prisión de entre seis meses a tres años de prisión para aquellos que, con «violencia o intimidación, presionen sobre los electores para que no usen su derecho […] a voto» o «quien impida injustificadamente la entrada, salida o permanencia». Esto, pues, afectaría tanto a organizadores como participantes.

Deja un comentario.

Tu dirección de correo no será publicada.


*