Una acción policial desproporcionada y abusiva

El Sindicato de Periodistas de Catalunya se posiciona en contra la vulneración de derechos de los periodistas y fotoperiodistas y por el retroceso generalizado de libertades y derechos civiles

Francesc Ràfols
 
 
Càrregues policials de l'1 d'octubre al Servei Municipal d'Ocupació Sant Narcís / Carles Palacio i Berta

Càrregues policials de l'1 d'octubre al Servei Municipal d'Ocupació Sant Narcís / Carles Palacio i Berta

El fotoperiodista Carles Palacio fue detenido durante unas horas este miércoles 16 de enero en Girona por agentes de paisano de la Policía Nacional. Palacio colabora para diversos medios, principalmente para el digital gerundense L’ariet , la Directa y El Nacional.cat. Según fuentes policiales citadas por varios medios, la detención se produjo a raíz de la investigación de los hechos sucedidos durante las movilizaciones del aniversario del 1 de Octubre.

La actuación policial sólo puede ser definida como desproporcionada y abusiva. De entrada porque Palacio, en el transcurso de estas movilizaciones, iba debidamente acreditado como fotoperiodista, con su chaleco y todo lo que procede. Por lo tanto, era evidente que Palacio estaba en el lugar de los hechos en el ejercicio de su profesión. Además, las actuaciones policiales de ayer se desarrollaron sin ninguna orden judicial, por lo tanto se enmarcaban dentro de las tareas previas para esclarecer los hechos. Si la Policía quería obtener información del periodista -cuestión que habría sido altamente discutible, por otra parte- había opciones mucho menos intimidatorias y acosadoras.

El SPC (Sindicat de Periodistes de Catalunya) ya denunció esta detención a través de las redes sociales poco después de que se produjera. Y lo hicimos porque entendemos que el arresto de un fotoperiodista que está cubriendo un evento es un ataque al derecho a la información de la ciudadanía. Además, este se produjo mientras Palacio cubría la actualidad derivada de la acción policial de este 16 de enero.

Esta detención, sin embargo, no es un hecho aislado. Se produce en el marco de una progresiva pérdida de derechos y libertades civiles y ciudadanas que se da en muchos países pero que en España tiene un elemento acelerador como es la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), más conocida como Ley Mordaza. Esta ley ha sido criticada por numerosas organizaciones de derechos humanos internacionales e incluso por las mismas Naciones Unidas.

A raíz de estas disposiciones se han producido graves vulneraciones de derechos fundamentales como los de expresión y de información que hace tiempo que denunciamos. Las víctimas no lo han sido sólo los y las periodistas. También ha habido artistas de diversos ámbitos, activistas vecinales, a los movimientos sociales … Por lo tanto, insistimos de nuevo en lo que hace tiempo que reclamamos: la derogación inmediata de la Ley Mordaza. Los partidos políticos que lo prometieron en la pasada campaña electoral suman mayoría parlamentaria para hacerlo.

Los y las periodistas no somos el único colectivo perjudicado por este retroceso generalizado de libertades y derechos civiles. Pero somos quien lo explicamos (o lo tenemos que explicar) a la ciudadanía. Impedir, dificultar, acosar, intimidar a los informadores e informadoras es vulnerar un derecho básico y esencial en una sociedad democrática como es el de la información.

Por tanto, el Gobierno español haría bien en abrir una investigación sobre estos hechos y depurar las responsabilidades que procedan para que acciones desproporcionadas como las de este miércoles en Girona no se vuelvan a reproducir. La calidad democrática del país lo agradecerá.

Francesc Ràfols
Sobre Francesc Ràfols

President del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) Más artículos

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