Sobre la ‘ley Aragonès’, una bomba para el Servicio Nacional de Salud

Este proyecto de ley es una bomba bajo el Servei Nacional de Salut porque aumenta su fragmentación, es un camino más ancho a la privatización del dinero público y aumenta la insostenibilidad y la mala calidad porque a igual calidad y condiciones laborales la privatización siempre es más cara

Josep Martí
 
 
Archivo: Manifestación de Marea Blanca Catalunya en el Hospital Clínic de Barcelona / ENRIC CATALÀ

Archivo: Manifestación de Marea Blanca Catalunya en el Hospital Clínic de Barcelona / ENRIC CATALÀ

El anteproyecto de ley de «Contratos de servicios a las personas», conocida ya como «Ley Aragonès», tramitada por el gobierno de Catalunya en el Parlament en julio de 2018, es la transposición (obligatoria) de las Directivas del Parlamento Europeo de 26 de febrero de 2014 (hace más de 4 años) 2014 / 23UE y 1014 / 24UE.

Hablaremos aquí de Sanidad. La Generalitat y el Parlament tienen las competencias exclusivas en sanidad por el artículo 162.1 del Estatut, pero por el artículo 162.3 tienen competencias compartidas (con el Estado) en ordenación, planificación, regulación, ejecución de las prestaciones y servicios. Esto puede ser un impedimento en este anteproyecto si el Estado no está de acuerdo en algunos temas.

No me pondré aquí a analizar el articulado detallado de la ley, con cosas negativas para los servicios públicos y también cosas positivas en los criterios de contratación. La principal objeción a este anteproyecto es de carácter político. Me explico.

La Directiva Europea no dice que sea obligatorio concertar con entidades no públicas determinados servicios, por el contrario, dice que si unos servicios los pueden dar entidades consideradas como entes propios de las administraciones públicas no hay que sacarlos a concurso. Esto ya es un criterio político y de sentido común y se debería haber hecho explícito en la introducción del anteproyecto. Todo lo contrario, esta opción se hace explícita en un artículo de la ley (el 3.2). Recordemos que un ente propio de las administraciones públicas no sólo es el ICS, también las empresas públicas (como el IDI, el Pere Virgili y otros) o los consorcios públicos (como el Parc de Salud Mar del CatSalut y Ayuntamiento de Barcelona). Cuando el motivo de la ley debería decir: «cuando los servicios no se puedan dar (justificadamente) por entes propios se podrá acudir a la contratación externa»,

Art.3.2. Se excluye del ámbito de aplicación de esta ley la prestación de estos servicios en régimen de gestión directa o mediante formas no contractuales de gestión o financiación, como el concierto, la gestión delegada o de otras formas reguladas en normas de ámbito sectorial, y que estén sometidas a condiciones económicas fijadas por la administración, tales como tarifas máximas y mínimas o módulos. También se excluyen los encargos de gestión a medios propios, así como cualquier otra fórmula de cooperación horizontal entre poderes adjudicadores en los términos de las directivas comunitarias.

Además, y mucho más peligroso para la discrecionalidad y posible corrupción, está el artículo siguiente:

3.3. La concreción de los servicios que se deben prestar en forma no contractual se determina en la normativa sectorial aplicable o, en su defecto, mediante orden del titular del departamento competente, en caso de que el servicio lo preste la Generalitat de Catalunya , o acuerdo del pleno de la entidad local cuando el servicio lo presta una entidad local.

Pero, además, cuando leemos el principio del capítulo V sobre prestaciones sanitarias que se pueden externalizar es cuando se puede entender el espíritu privatizador de la ley. De hecho se puede externalizar casi todo, excepto parece ser la hospitalización con ingreso. El listado de servicios externalizables por concierto son 21 servicios (vease el artículo 27.1) entre ellos todos los ambulatorios y domiciliarios como la Atención Primaria, las urgencias, consultas externas o cirugía ambulatoria además de los transportes, los sociosanitarios y palabras otros.

27.1. Se rigen por esta ley los contratos de servicios sanitarios que tengan por objeto prestaciones de servicios sanitarios tales como: a) Servicios de consultas externas b) Servicios de urgencias c) Servicios de hospital de día y de hospitalización a domicilio d) Servicios de rehabilitación hospitalaria y ambulatoria e) Servicios de diálisis hospitalaria y ambulatoria f) Tratamientos de reproducción humana asistida g) Servicios de litotrípsia h) Servicios de medicina nuclear y) Servicios de cirugía mayor ambulatoria j) Servicios de atención primaria de salud Servicios de atención especializada de ámbito comunitario ) Servicios de centros de día m) Servicios de atención a las drogodependencias n) Servicios de oxigenoterapia o) Servicios de salud laboral que comporten la intervención de personal médico o de enfermería p) Servicios dirigidos a pacientes sociosanitarios a través de dispositivos específicos q) Servicios de atención a la salud sexual y reproductiva r) Servicios de transporte sanitario, incluidos los destinados en la cobertura de acontecimientos, y el transporte adaptado, s) Servicios de veterinaria vinculados a la salud pública, t) Servicios municipales de salud, u) Otros servicios sanitarios de carácter complementario.

Además otra discrecionalidad peligrosa:

27.4. Excepcionalmente, las prestaciones de servicios de internamiento y de ámbito comunitario definidas en la normativa sobre fórmulas de gestión de la asistencia sanitaria se pueden contratar de conformidad con esta ley, previo informe de la unidad proponiendo respecto de las necesidades concretas y coyunturales a satisfacer, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la calidad de la prestación a los ciudadanos.

Conclusión mía: hay que hablar de ello todavía mucho y consensuar defendiendo y mejorando el Sistema Público cada vez más en peligro:

La propuesta de ley es «mas de lo mismo» de lo que tenemos actualmente. Se pierde una ocasión de poner al día, regenerar lo que ya decía la LOSC y aclarar el modelo «público-privado» en el camino de la preservación del bien común y los derechos ciudadanos y no de los intereses del negocio privado.

Al menos, haría falta una declaración en la «Exposición de motivos» en la que quedase claro que si un servicio se puede dar por parte de una entidad considerada como «ente propio» de la administración pública no hay que ir por el camino de contratos externos que regula esta ley. Y el resto de la ley tratar sólo, en los casos de conciertos con entidades de economía social y solidaria, de las condiciones de calidad, transparencia e integración al Sistema, código ético, condiciones laborales, etc. y sobre todo establecer los mecanismos de control de estas condiciones (no sea el caso de que ocurra como en el tema tan denunciado de la rehabilitación ambulatoria y domiciliaria de Barcelona y otros).

Josep Martí
Sobre Josep Martí

Ha estat metge assistencial de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Del 80 al 86 va ser el Delegat de Serveis de Sanitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Barcelona. Del 2000 al 2006 va ser el director assitencial de l'Hospital Universitari Vall d’Hebron. A més és soci fundador del CAPS i membre fundador de la Marea Blanca de Catalunya Más artículos

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