Resistir, ocupar o ceder: las alternativas para hacer frente a la crisis de alquiler de Barcelona

En Barcelona hubo 2.500 desahucios en 2017 y hay unas 500 famílias en lista de espera en la Mesa de Emergencia. Ponemos los datos de la crisis de vivienda sobre la mesa y las explicamos de la mano de tres casos en primera persona

Victòria Oliveres i Sandra Vicente
 
 
Plaça del Tripi a Barcelona, on diversos balcons tenen penjades pancartes contra l'especulació | Sandra Vicente

Plaça del Tripi a Barcelona, on diversos balcons tenen penjades pancartes contra l'especulació | Sandra Vicente

“Ahora mismo estoy en paro, pero más de la mitad del sueldo se me iba al alquiler. Más las facturas y la subida del IPC… Con un sueldo de mileurista, si tienes la suerte de serlo, todo lo que ganas se va a cosas básicas”. Marta es una de tantas otras barcelonesas que afronta, mes tras mes, un contrato de alquiler desproporcionado al estado de los sueldos y del precio de vida de la capital catalana. Y es que, según datos del Observatorio Metropolitano de la Vivienda, el 43% de los hogares de Barcelona destina más del 40% de sus salarios a sufragar el alquiler.

Así, esta situación crítica presiona a los y las barcelonesas desde la burbuja inmobiliaria de 2008. A pesar de la supuesta recuperación económica, Barcelona acaba cada mes con una media de 220 desahucios y cerró 2017 con un total de 2.519. Estas expulsiones del hogar (85% de alquiler y el 10% de compra) entran en contraste con un parque de vivienda social que apenas llega a un tímido 2%. Los estudios afirman que debería llegar a un 15% para poder dar respuesta a la emergencia habitacional.

Y es que el inicio de esta segunda burbuja inmobiliaria deja unos precios de alquiler en Barcelona superiores a los máximos de 2008. Estos precios representan un aumento de un tercio respecto al 2013, momento en que los alquileres en la ciudad se encontraban en el punto más bajo, debido a la crisis. Aquel año, los barceloneses empezaron a optar por la compra más que por el alquiler, pero desde 2017 se ha invertido la tendencia. Ahora, el 30% de contratos, ya son de alquiler.

Así, aunque se incremente el precio del alquiler respecto al de compra -sobre todo en los barrios de renta más baja- la tendencia apunta hacia el alquiler. La inestabilidad laboral y financiera impiden casarse con una inversión del calado de una hipoteca. Pero el alquiler, como hemos visto, tampoco ofrece garantías. Así lo denuncian entidades como el Sindicat de Llogaters, que el sábado 6 de abril organiza una gran manifestación para Pinchar la burbuja. “Exigimos que se cumpla lo que dice la Constitución: la vivienda es un derecho fundamental que no se negocia”, dice Jaime Palomera, portavoz del Sindicat.

Pero a menudo, la negociación y la resiliencia son condiciones clave para la supervivencia: resistir desde la organización colectiva, ocupar el propio hogar o el ajeno para tener un techo o ceder y marcharse del barrio como única alternativa a la gentrificación son realidades diarias que Marta, Angy y Arturo nos cuentan en primera persona.

Expulsados ​​de Escudellers, una calle de violencia y aguas a 2,50 €

A mitad de febrero, un buen puñado de vecinos y vecinas del Gótico se reunieron en la plaza George Orwell, más conocida como plaza del Tripi, para apoyar a una de las pocas comerciantes locales que resistían en la céntrica calle de Escudellers. Basi, como los vecinos conocen a Mari Pérez, era la regente de la mítica carnicería Carmen, que abrió hace 100 años. Los propietarios del local subieron el precio a una cantidad que Basi no se podía permitir: y es que pagando 900 ya le costaba llegar a fin de mes.

Con cierres de tiendas como la Carnicería Carmen, la calle Escudellers se va gentrificado poco a poco, a pesar de ser una de las calles más conflictivas de Barcelona. “Cada dos por tres teníamos por aquí a los bomberos y en 2017 nos mataron a cuchilladas a un amigo. Recuerdo un día llegar a casa y encontrar sangre en el portal”, relata Arturo, antiguo vecino de Escudellers. Arturo explica cómo vivió el cambio de esta calle céntrica del Gótico, una antigua zona roja del barrio, en la que se convive con la dicotomía: “el estado de los pisos es horroroso, y la calle es problemática. Teníamos un medidor de ruido en la terraza que era causa perdida. Y todo ello, mientras en las tiendas para turistas que se han abierto tras expulsar negocios locales te venden botellas de agua a 2,50 €”.

Los vecinos se van marchando, sólo quedan algunas personas mayores “de aquellas que bajan la canastilla con una cuerda por el balcón y que llevan bombona de oxígeno”. Los que se van, son sustituidos por recién llegados, “pero el perfil de la gente que viene no cuadra con la realidad de la calle”, dice Arturo. Y lo dice con conocimiento de causa, porque él mismo fue expulsado de la calle Escudellers cuando, el propietario del piso que alquilaba le informó a él y a sus cuatro compañeros que había vendido la casa. “Nos daba un año para marcharnos, sin posibilidad de negociar, porque un matrimonio brasileño se la había comprado”, recuerda. Ahora, sin embargo, dos años después de aquello, el piso sigue vacío.

“Era un piso que tenía vocación de piso turístico o hostal. Además era un caramelito”, dice Arturo. Tanto es así, que en el balcón anexo al que fue el suyo, hay colgado un cartel que reza: “compramos licencias turísticas”. Arturo dice que lo que pasó con su casa es dinámica normal en Escudellers: “los pisos están en tan mal estado que si los propietarios ven la oportunidad de esquivar la bala de las reformas los venden” y quienes lo compran ya tienen una propiedad en una calle estratégica. “Listo para especular”, apunta. Y es que él pagaba poco más de 1.000 euros por un piso de unos 180 metros cuadrados. Ahora, dos años más tarde, el precio medio del metro cuadrado es de 21,36 € y el alquiler para una vivienda de 22m2 puede ascender a los 850 €.

Balcón en la calle Escudellers, Barcelona | Sandra Vicente

Lo que hago puede no parecerte bien, pero ocupar es luchar por mis derechos”

La Mesa de Emergencia de la vivienda tocó techo a finales de 2018, con 489 casos en lista de espera. Siendo sólo el 2% el parque de vivienda social, estos pisos con alquileres por debajo del precio de mercado no dan respuesta a la crisis habitacional. “La administración no tiene ni capacidad ni recursos, mientras que la banca tiene un gran stock de vivienda acumulado”, exclama Palomera, del Sindicat de Llogaters. Y es que con el retorno de la ley catalana contra los desahucios (ley 24/2015) , los bancos están obligados a ceder los pisos vacíos para poder dar una solución a cada hogar desahuciado. Pero esto no ocurre.

Y lo sabe bien Angy, que vivía de alquiler en la zona de Fondo y sufrió un desahucio invisible. El contrato de alquiler estaba a nombre de su pareja, con el que rompió durante el proceso de desahucio, así “como mi nombre no figuraba en ninguna parte y a pesar de ser yo la que hacía los trámites en la mesa de emergencia y servicios sociales, me dijeron que para mí no había alternativa”, se lamenta. Pero su ex pareja sí accedió a una vivienda social.

A raíz de su situación conoció a la PAH, que al poco tiempo reubicó a Angy y cinco familias más en el edificio ocupado de Aragón 477, propiedad de Norvet. Desde hace un año y medio, seis pisos ocupados conviven con tres inquilinos que pagan renta antigua, pero a los que la propietaria “está pugnando por echar”. La situación de esta comunidad ocupa es incierta, porque, con la PAH como intermediaria, se habían iniciado unas negociaciones entre el Ayuntamiento y Norvet, para que el consistorio se pudiera quedar con parte de los pisos para destinarlos a alquiler social.

Pero ahora las negociaciones están paradas, ya que Norvet tiene una sentencia judicial favorable. Y Angy era una de las vecinas que se tenía que quedar en los pisos que hubieran pasado a manos del Ayuntamiento. A toda esta situación de inestabilidad se suman “acosos constantes de Norvet, que hace saltar las alarmas de los pisos vacíos o hace sonar el ascensor a altas horas de la madrugada. Llamamos a la policía y no nos hacen caso”, se lamenta Angy, quien el mismo día que hacemos esta entrevista había presentado una queja formal al Ayuntamiento.

“Nunca me habría visto a mí misma en esta situación”, comenta Angy, consciente del prejuicio que recae sobre los ocupas. “Tenemos suerte que los vecinos que pagan alquiler son súper amables y nos ayudan un montón, pero no queremos que se metan en problemas por culpa nuestra”, dice. Y es que, tanto para Angy como para sus compañeros, la única opción viable es la ocupación: “no tenemos alternativa, estamos bloqueados. Tenemos que seguir luchando y, puede que a alguien no le guste lo que hacemos, que piense que ocupar no está bien, pero es la única manera que tenemos de luchar por nuestros derechos”.

Pancarta contra la especulación inmobiliaria y por el derecho a la vivienda | Sandra Vicente

Una negociación in extremis

“Las leyes no funcionan, porque si tenemos un problema con unos precios del alquiler que suben de manera desproporcionada y lo único que hacemos es cambiar la duración de los contratos, no atacamos el principal problema”, se queja Palomera. Hace referencia al Decreto del Alquiler aprobado por Sánchez a principios de marzo, por el que los contratos tienen una duración mínima de 5 años. “Es una victoria, pero no es suficiente, porque todavía se puede expulsar al inquilino sin explicaciones”, denuncian desde el Sindicat de Llogaters.

Y es que el aumento de la duración de los contratos, a pesar de ser una buena noticia, supuso un dolor de cabeza para Marta. Al acabarse su contrato de alquiler de un piso en Gracia, se le comunicó por burofax una subida de 50 €, que podía asumir. Nos situamos a finales de 2018, cuando Pedro Sánchez hizo un primer intento de regular los contratos de alquiler; llegó a aprobar un primer Decreto, pero sólo estuvo vigente del 19 de diciembre hasta el 22 de enero, fecha en la que el Congreso lo tumbó.

Era en este lapso en que el Decreto estuvo vigente, que Marta tenía agendada la fecha para firmar su nuevo contrato, por lo que éste debía ser de 5 años, en lugar de los 3 que habían pactado. “La noche antes de la firma, el administrador nos dijo que, debido a este cambio, la subida sería de 100 €”, recuerda Marta.

Con estas prisas, “nos estaban presionando para que no nos pensáramos y dijéramos que sí” a una subida que suponía pagar 800 euros y que Marta y su pareja no se podían permitir. Pero se pusieron en contacto, esa misma noche, con el Sindicat de Llogaters, que consiguió posponer la fecha de la firma y actuaron de mediadores en las negociaciones con el administrador. “Gracias a ellos se bajaron del burro y aceptaron la subida inicial”, recuerda Marta. “Eso sí, no sin que antes el propietario me dijera que ‘ya no éramos amigos'”, bromea.

Marta tuvo bastante suerte, ya que estaba afiliada al Sindicat desde su inicio, “pero nunca había participado. Puse dinero en Goteo cuando se fundó, pese a no tener necesidad en ese momento, porque sabiendo como está el patio, consideré que era importante . Y lo fue, porque “sin ellos nos hubiéramos tenido que ir del piso. ¡Nos manipulan si no estamos empoderados!”, exclama Marta, que ahora forma parte activa del Sindicat de Llogaters.

Y es que, a menudo, la organización colectiva es la única herramienta para luchar contra la emergencia de la vivienda: ya sea ocupando un bloque de pisos entero o bien organizando negociaciones colectivas. “Depende de la ciudadanía, de la voluntad y determinación a defender los derechos, que el gobierno tome medidas”, asegura Palomera, haciendo también un llamamiento a la manifestación de este sábado. “Tenemos que mostrar músculo para poder parar los pies a los grandes tenedores”.

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