Primeros pasos en Barcelona para expropiar ‘activos inmobiliarios’ y recuperar ‘viviendas’

Por primera vez, el Ayuntamiento de Barcelona expropió un piso vacío a manos de una entidad financiera para destinarlo a alquiler social. Ess una 'pequeña gran victoria' frente a las resistencias con que se ha topado esta medida, en ámbito inmobiliario, financiero, político o legal durante más de una década

Irene Peiró
 
 
 
Una niña durante una manifestación por el derecho a una vivienda digna / OLMO CALVO (eldiario.es)

Una niña durante una manifestación por el derecho a una vivienda digna / OLMO CALVO (eldiario.es)

Aunque a día de hoy, sigue resonando en nuestra mente el lema «No se entiende gente sin casa y casas sin gente», que se empezó a corear hace más de una década, como respuesta al inicio de la ola de desahucios. Y lo seguimos recordando, porque describe con sencillez, pero con la contundencia necesaria, la paradoja a la que nos seguimos enfrentando: durante el 2018, en Catalunya se produjeron 13.941 desahucios (más del 23% del total estatal), mientras sigue existiendo un parque de 40.643 viviendas vacías en manos de grandes tenedores, según los últimos datos disponibles del registro de la Generalitat de Catalunya.

Por ello, uno de los grandes frentes para garantizar el derecho de la vivienda en las ciudades sigue siendo recuperar la función social de los inmuebles. Especialmente cuando se trata de viviendas en manos de grandes tenedores (entidades financieras, fondos de inversión, empresas del sector inmobiliario…), este se convierte en un reto complejo y hay una lucha titánica de los movimientos sociales o de las administraciones públicas con suficiente voluntad política para conseguirlo.

Por ello, hay que celebrar la «pequeña gran» victoria que se vivió en Barcelona el pasado mes de junio, cuando el Ayuntamiento expropió por primera vez el uso de una vivienda vacía a una entidad financiera, el BBVA, en el barrio del Besòs. A alguien le podría sorprender que una reivindicación tan largamente demandada por los movimientos sociales no se haya hecho efectiva en Barcelona hasta ahora. Si se ha dilatado tanto en el tiempo es porque se han tenido que superar numerosos obstáculos para hacer efectiva esta medida. Cuando se va en contra de los intereses de grupos financieros, nada es ni fácil ni rápido.

Hay que remontarse a muchos años atrás, concretamente al año 2007, para recordar como se planteó una medida entonces pionera para expropiar pisos vacíos y destinarlos al alquiler social, como parte de la ley de la vivienda de Catalunya aprobada ese mismo año. Eran tiempos del tripartito (PSC, ICV-EUiA y ERC) y ni siquiera había estallado la crisis económica. La medida impulsada por el entonces consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, suscitó una fuerte polémica y fue rechazada por los grupos de la oposición, entre ellos CiU y PP. De hecho, cuando el gobierno de Artur Mas llegó al poder, eliminó esta medida, como parte de las reformas de la denominada «ley ómnibus» de 2011. En plena crisis económica y justamente cuando aún era más necesaria, la medida dejaba de estar vigente.

No fue hasta el año 2015 que esta propuesta volvió a aparecer en la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios y la pobreza energética, que la PAH, la APE (Alianza contra la Pobreza Energética) y el Observatorio DESC presentaron en el Parlament de Catalunya y que fue aprobada por unanimidad, después de recoger más de 150.000 firmas. Pero después comenzó el largo periplo de la normativa (ley 24/2015) en el Tribuna Constitucional (TC).

El gobierno español del PP recurrió la ley al TC, que bloqueó gran parte de su contenido, excepto la parte referente a pobreza energética para evitar cortes de suministros, que siguió en vigor. Para intentar sortear la prohibición, el Parlament de Catalunya aprobó una segunda normativa similar (4/2016), pero nuevamente fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
El punto de inflexión no llegó hasta después de la moción de censura del PSOE en el gobierno del PP. Aprovechando el cambio de gobierno, los movimientos sociales iniciaron la campaña «Recuperemos la 24», presionando a la Generalitat de Catalunya para que negociara con el nuevo ejecutivo del PSOE la recuperación de ambas leyes. El acuerdo entre el gobierno catalán y español se hizo efectivo a finales de 2018 y finalmente a principios de 2019 el Tribunal Constitucional desbloqueó las dos leyes, aunque no la totalidad de sus contenidos.
Sí se han recuperado dos de los principales artículos: el que permite expropiar pisos vacíos desde hace más dos años en manos de grandes tenedores durante un máximo de 10 años (lo que se ha aplicado en el caso del mencionado piso del BBVA), si bien hay que dar una indemnización económica al propietario (10.000 euros en el caso que nos ocupa); y lo que les obliga a ofrecer un alquiler social a personas en riesgo de exclusión antes de ejecutar un desahucio. Por haber vulnerado esta segunda obligación, el Ayuntamiento de Barcelona también impuso su primera sanción a un gran tenedor el mes pasado.

Así pues, en estos momentos, apenas se pueden empezar a aplicar normativas aprobadas hace 4 años tras un auténtico periplo legal. Y la cosa no acaba aquí, porque la aplicación de la ley tampoco está exenta de dificultades. Para poder expropiar un piso, hay que demostrar que lleva vacío más de dos años y lo que podría parecer obvio, no lo es desde el punto de vista legal.

Por ejemplo, si una familia hubiera ocupado un piso vacío por necesidad, el propietario podría alegar que no está en desuso, como efectivamente ha ocurrido en varias ocasiones, por mucho que nos pueda parecer grotesco que un gran tenedor aproveche la situación de personas en riesgo de exclusión por no ver expropiadas sus propiedades. De hecho, en el caso que nos ocupa, el BBVA ha anunciado que recurrirá la decisión del Ayuntamiento y alegó precisamente que el piso está ocupado por una familia en esta situación. Por el contrario, el Ayuntamiento argumenta que, cuando comenzó el proceso legal para expropiar el piso, la familia aún no estaba y se compromete a buscarle una alternativa habitacional.

A pesar de las dificultades, sería deseable y exigible que esta primera expropiación en Barcelona marcara un cambio de tendencia irreversible. No hay tiempo que perder. En estos momentos, todo apunta a que esta medida tendrá continuidad en la ciudad. El Ayuntamiento de Barcelona tiene otros siete procedimientos abiertos a varias entidades financieras con el mismo fin. Además, hay que tener en cuenta que hay un largo camino por recorrer. Según el registro de viviendas vacías de la Generalitat, en la ciudad hay 2.021 pisos vacíos en manos de entidades financieras.

En total, ya sean de grandes o pequeños tenedores, la ciudad tiene 10.052 viviendas vacías en estos momentos. Así lo indica el primer censo de viviendas vacías que ha finalizado el Ayuntamiento de Barcelona este año 2019. En Barcelona, ​​se reproduce la paradoja que señalábamos al principio: la cifra de viviendas vacías prácticamente coincide con la de las personas que han sido desahuciadas en la ciudad durante los últimos 4 años: un total de 10.700 (3.098 en 2015, 2.691 en 2016, 2.519 en 2017 y 2.381 en 2018), según datos del Consejo General del Poder Judicial.

La expropiación de pisos, una medida para ampliar un parque de vivienda social insuficiente

Cuando las mesas de emergencia de los ayuntamientos siguen colapsadas y no disponen de suficiente pisos para realojar a las personas desahuciadas, es urgente que se tome cualquier medida que contribuya a ampliar el parque de vivienda sociales y públicos, que en Catalunya presenta menos de un 2% del total de inmuebles. Un porcentaje aún muy alejado del 15% que se marcaba en la ley catalana de vivienda de 2007 como meta a alcanzar antes del 2027. Una de las posibles medidas para ampliar este parque de viviendas es justamente la expropiación de pisos vacíos, que no cumplen la función social de la propiedad, establecida, por cierto, en el artículo 33 de la Constitución Española.

Pero, en este punto, el sentido común topa con la lógica de los mercados financieros, la de aquellos que no conciben la vivienda como un hogar donde vivir, sino como un bien de inversión para especular en los mercados financieros. Sólo desde esta perspectiva, y no desde el interés general, se puede entender que haya tantos inmuebles en desuso. Desafortunadamente, los defensores de esta lógica «ilógica» son poderosos y por ello regular el uso de los inmuebles de los grandes tenedores (entidades financieras, fondos de inversión …) es uno de los retos más importantes y complejos a los que se enfrenta el derecho a la vivienda en la actualidad.

Regular la actividad de los grandes propietarios es imprescindible, pero no suficiente: el 84,5% de las viviendas de Barcelona están en manos de particulares

Ahora bien, aunque esta sea una asignatura absolutamente necesaria, no es suficiente. Los grandes tenedores poseen el 9,8% del parque de viviendas de Barcelona, ​​pero el 84,5% está en manos de personas físicas y el resto en manos de la administración pública o de pequeñas y medianas empresas. Es decir, el parque de vivienda de Barcelona está altamente atomizado y requiere medidas para regular la actividad de los grandes tenedores, pero también de los pequeños propietarios.

Las medidas para regular la actividad de los pequeños propietarios son múltiples y algunas ya se están poniendo en práctica tanto en Barcelona como en otras ciudades de Catalunya y España: la lucha contra el uso irregular de las viviendas de protección oficial por parte de sus titulares, por ejemplo alquilando a otra persona; la limitación de las licencias de pisos turísticos o la aún esperada regulación de los precios de los alquileres, para que sean asumibles por la ciudadanía, de acuerdo con los baremos socioeconómicos y de renta de cada localidad, como demandan los movimientos sociales.

En definitiva, la regulación del uso de los inmuebles en manos de grandes propietarios es una de las luchas más complejas y decisivas en este momento para garantizar el derecho a la vivienda en las ciudades. Pero hay que recordar que esta es una condición necesaria, pero no suficiente y que debe venir acompañada de muchas otras medidas que regulen la actividad del conjunto de actores que intervienen sobre la vivienda.

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