Políticas globales de drogas: radiografía de un fracaso

Las políticas de control de drogas se han centrado hasta ahora en un prohibicionismo intransigente basado principalmente en prejuicios morales. Son cada vez más las voces que denuncian que estas políticas de "guerra contra las drogas" no sólo no han conseguido sus objetivos, sino que han sido generadoras de más exclusiones, han exacerbado la violencia del narcotráfico y han supuesto graves violaciones de los derechos humanos. Es momento de hacer balance y tomar en consideración nuevos paradigmas

Sabina Puig
 
 
 
Drugs in the form of powder and tablets, a spoon and a syringe on a black background mockup

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Faltan pocos meses para que se cumplan los primeros diez años de la estrategia acordada en el marco de la ONU para lograr un mundo libre de drogas eliminando, o al menos reduciendo sustancialmente, su producción y consumo. Diez años de políticas de control de drogas que no han roto con el espíritu prohibicionista imperante desde las guerras del opio del siglo XIX.

Es en este marco que el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, en el que participan decenas de organizaciones de la sociedad civil de todos los continentes, ha publicado un informe que demuestra lo que ya intuía y se denunciaba desde muchos sectores: la llamada guerra contra las drogas no está funcionando.

Pongamos datos. Entre el 2009 y el 2018 el cultivo de opio ha aumentado un 130% y el de coca un 34%. El número de personas entre 15 y 64 años que han consumido drogas al menos una vez ha aumentado un 31% desde 2011 y también ha aumentado el número de muertes por consumo de drogas, pasando de 183.500 defunciones en 2011 a 450.000 en 2015.

A las graves crisis de salud pública y las muertes que causa la adicción a las drogas, hay que sumar también las víctimas de las violencias ejercidas en el mercado ilegal de los narcóticos. Para proteger y hacer crecer su fuente de ingresos y mantener el control sobre el territorio en el que operan, los grupos criminales – desde pequeños negocios de ámbito local y gestión familiar a grandes corporaciones del narcotráfico – llegan a ejercer una violencia brutal entre grupos rivales y en enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad, pero también contra la población civil.

Colombia y México son tristemente conocidos por la violencia del narcotráfico, pero los asesinatos, desapariciones forzosas, desplazamientos de población, extorsiones y otros tipos de presión sobre la población por parte de narcocriminals se da también en otros lugares de América Latina y territorios de otros continentes. Menos mediático es, por ejemplo, el caso de países de África Occidental que se están convirtiendo en centros de narcotráfico con graves amenazas para la seguridad, el desarrollo y la gobernación.

Además de imponer su poder sobre la población, el narcotráfico también tiene el poder de extender sus tentáculos sobre las instituciones públicas. La corrupción y la cooptación del Estado son otros efectos perversos del mercado ilegal de las drogas. Como también lo es la simbiosis que el narcotráfico ha creado con otros negocios lícitos e ilícitos, generando zonas grises donde cada vez más están implicadas grandes corporaciones transnacionales.

Ante este panorama y avalados por el marco prohibicionista internacional y por una opinión pública muy hostil a las drogas, no son pocos los gobiernos que han optado por políticas altamente represivas en las que se criminalizan de manera sobredimensionada las comunidades cultivadoras, los micro-dealers y los consumidores. Muchas familias modestas de campesinos dedicadas al cultivo de la coca, por ejemplo, han visto fumigados sus campos sin que se les ofrecieran alternativas reales de subsistencia. 

Hay que saber también que una quinta parte de las personas encarceladas en el mundo lo están por delitos relacionados con las drogas, principalmente para consumir o para transportar pequeñas cantidades. Como en otras partes del mundo, es una realidad que golpea de manera desproporcionada a las mujeres, y especialmente a las mujeres en situación de pobreza. La criminalización llega a su punto más extremo en 33 países que mantienen la pena capital por este tipo de delitos.

Tristemente conocida por su radicalidad y su desprecio absoluto por los derechos humanos es la política antidrogas de Duterte en Filipinas. La situación ha llegado a tales extremos que la Corte Penal Internacional anunció en febrero de 2018 que iniciaba una investigación preliminar para la ejecución extrajudicial de miles de personas sospechosas de vender drogas o de consumir, entre ellas también decenas de menores de edad. México es otro caso paradigmático de cómo una guerra ciega contra las drogas basada en el enfrentamiento abierto al crimen organizado y la securitización puede exacerbar la violencia y empeorar la estabilidad de un país. La cruzada contra las drogas iniciada en 2006 por el expresidente Calderón, lejos de frenar la producción, consumo y tráfico de drogas y disminuir el poder de narcotráfico, ha contribuido a agravar una grave crisis de los derechos humanos con más de 150.000 muertos, 32.000 personas desaparecidas, desplazamientos internos de población y un aumento considerable de la tortura. En esta y otras ocasiones los esfuerzos para hacer caer las cúpulas del narcotráfico se han topado con la gran capacidad de adaptación del crimen organizado que se ha multiplicado y ha cambiado su estructura organizativa, diversificando también su abanico de actividades ilícitas.

Es evidente que ante un fenómeno con impacto en la salud pública, que fomenta la corrupción y la ilegalidad, desestabiliza Estados y enciende conflictos sociales, los gobiernos deben reaccionar. Y siendo un problema con dinámicas transfronterizas, las políticas no sólo pueden ser locales sino que deben contar con un mínimo de coordinación internacional.

En 2019 hay agendada una reunión de alto nivel para hacer balance de la estrategia aprobada diez años atrás. Esto debería suponer una oportunidad para hacer una valoración honesta de lo que ha sido hasta ahora la política dominante de lucha contra las drogas. Sin embargo llegar a acuerdos puede ser más difícil que en ocasiones anteriores. Pues si bien durante un largo periodo el prohibicionismo ha gozado de un consenso sólido, cada vez se observan más divergencias entre países como Estados Unidos, Rusia, China o Pakistán, con visiones intransigentes hacia la producción, tráfico y consumo y otros países como Uruguay, Portugal o Canadá que exploran nuevas vías, apostando por la despenalización del consumo e incluso la regularización de determinadas drogas.

¿Es la regularización de las drogas la solución a los problemas que su severa criminalización no sólo no ha sabido resolver sino que además ha agravado? Esta es una de las complejas cuestiones que se debatieron en profundidad durante el seminario Drogas, políticas y violencias. Del consenso global a nuevos enfoques, organizado recientemente por el ICIP (Instituto Catalán Internacional para la Paz) y Casa América Catalunya. Prácticamente todos los expertos participantes coincidieron en que, como mínimo, esta opción permitiría tomar un control democrático sobre la cuestión desde una perspectiva centrada en la salud pública y los derechos humanos. Ahora mismo el control está en manos de poderes corruptos y grandes corporaciones del narcotráfico sin escrúpulos a la hora de introducir productos altamente nocivos en el mercado y sin ningún freno en el ejercicio de prácticas extremadamente violentas.

Es hora de poner realmente el punto de mira sobre quién mueve los hilos de este complejo entramado. Pero ¿habrá suficiente voluntad para acabar con un negocio que concentra los muertos en los territorios empobrecidos y aporta grandes beneficios económicos en el Norte global? A pesar de la necesidad de luchar contra el blanqueo del dinero, el fenómeno sigue representando entre el 2% y 5% del PIB mundial y una cuarta parte de esta cantidad proviene del tráfico de drogas, uno de los negocios ilícitos existentes más rentables.

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