Políticas públicas y perspectiva de género

A pesar de que durante las tres últimas décadas se han llevado a cabo políticas de gasto en educación y sanidad, el estado no ha intervenido en la esfera de cuidados y continúan siendo asumidos por las mujeres, dificultando la igualdad real de género

Marisol Vergés Bengoechea
 
 
Manifestació del 8M / Foto: Ajuntament de Barcelona

Manifestació del 8M / Foto: Ajuntament de Barcelona

Desde la creación del estado del bienestar tras la II GM no se ha analizado suficientemente la desigualdad de género en relación a la organización y reparto de los trabajos de los cuidados en esta intervención del estado, dirigida a mejorar las condiciones de vida y bienestar social de la población. Las políticas de bienestar desarrolladas se han hecho pensando más en la esfera productiva que en la reproductiva. En general la actuación de los Estados se centraron en desarrollar las áreas de Sanidad, Educación y Pensiones. Dentro del ámbito de los cuidados, estas acciones se centraron más en el cuidado de los niños, pero dejaron de lado otros tipos de cambios en las necesidades de cuidado, como ha sido, por ejemplo, el cambio en la pirámide demográfica.

En estas áreas, el gasto público y la intervención del Estado es muy importante y tiene por objetivo la redistribución de los recursos y la igualdad. En la década de los años 60 del siglo XX, el doble papel de ama de casa y mujer trabajadora en el mercado laboral hizo cuestionar este sistema. En consecuencia, a partir de los años 60 en los países del norte de Europa, con fuerte presión de los grupos feministas surgió lo que se llamó «feminismo de estado».

El estado comenzó a promover políticas de igualdad, incluyendo también la integración de las mujeres en los espacios de poder y de toma de decisiones del propio estado. La integración de las mujeres en todos los niveles en las instituciones y administraciones públicas favoreció que pudieran intervenir en el diseño y evaluación de las políticas públicas. Sin embargo, los modelos de estado del bienestar continuaron teniendo como prioridad la esfera productiva: asegurar el abastecimiento de bienes y servicios, en frente la esfera reproductiva.

No tuvieron en cuenta las transformaciones sociales: el envejecimiento de la población y los cambios que han supuesto la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que conlleva unas nuevas necesidades sociales y requieren de un cambio urgente en las políticas de los estados. Este cambio es difícil que se dé si no se da una cambio sociocultural profundo que transforme el orden patriarcal. Parece pues que, incluso en los países donde hay un estado del bienestar más desarrollado y donde llevan más años llevando a cabo políticas de género, hay un reparto muy desigual de las tareas de cuidado, recayendo estas en las mujeres.

El Índice de Igualdad de Género es un herramienta desarrollada por la UE con el fin de medir la desigualdad de género y que sirve tanto para medir el índice en cada uno de los países como para hacer comparaciones entre ellos. Los primeros datos son del 2005 y las últimas de las que se dispone hacen referencia al 2017. Suecia, Dinamarca Finlandia, y Noruega, son los países con un índice global de igualdad más elevado. El estado español se sitúa en el número 11.

España es considerado como un estado de bienestar «familista»: caracterizado por poco gasto público familiar y poco desarrollo de servicios públicos de atención a los cuidados. La protección social se sustenta principalmente en la familia como garantía del bienestar. A pesar de que durante las tres últimas décadas se han llevado a cabo políticas de gasto en educación y sanidad, lo cierto es que el estado apenas se ha intervenido a la esfera de cuidados. Estas siguen siendo asumidas mayoritariamente por las mujeres, lo que dificulta la igualdad real de género. La familia es la unidad de socialización de los cuidados. El bienestar se ha sustentado en las mujeres, que se han hecho cargo de las tareas domésticas y de cuidado de niños, personas enfermas, personas mayores …
Con la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral, el trabajo de cuidados se ha externalizado a bajo coste para que sea asumible por las familias, con la consiguiente precarización del trabajo de cuidados y del hogar, mayoritariamente llevado a cabo por otras mujeres y muchas veces a cargo de mujeres migrantes, lo que llamamos transnacionalización de los cuidados. Ni el nivel económico de todas las familias lo permite ni es la solución a la falta de políticas públicas que construyan bienestar desde una perspectiva de género real y pongan en el centro las personas y el trabajo de cuidados.
Marisol Vergés Bengoechea
Sobre Marisol Vergés Bengoechea

Directora financera de Fundació surt Más artículos

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