Luces y sombras en la batalla para conseguir más vivienda social en Catalunya

El Parlament aprobó en 2007 la ley que debía conseguir que el 15% de las viviendas de Catalunya fueran sociales, asequibles. Pero estamos muy lejos de este objetivo. Más de diez años después, analizamos las múltiples causas que hacen que la vivienda sea el primer problema para la mayor parte de la ciudadanía y por qué son tan difíciles los combates como los que se están entregando con especial intensidad en la ciudad de Barcelona

Irene Peiró
 
 
 
Llums i ombres per a assolir l'habitatge social

Llums i ombres per a assolir l'habitatge social

Si bien la Generalitat de Catalunya ha impulsado normativas y ayudas para las personas en riesgo de desahucio en el contexto de crisis económica, ya hace demasiado tiempo que ha descuidado la planificación a medio y largo plazo de las políticas de vivienda. Políticas imprescindibles para hacer crecer la vivienda social, que tan sólo representa un porcentaje ínfimo del 2% del parque inmobiliario.

Las administraciones públicas que han asumido en muchos casos un mayor esfuerzo en políticas de vivienda son los ayuntamientos, más cercanos a los problemas cotidianos de la ciudadanía. Pero el mundo local sigue demandando un mayor apoyo del gobierno catalán para hacer frente al reto de la vivienda.

Las demandas que han trasladado algunos ayuntamientos a la Generalitat en esta materia han desencadenado varias polémicas últimamente, especialmente en Barcelona, la ciudad con los alquileres más caros de todo el Estado y donde la vivienda ya es la principal preocupación de la ciudadanía según la última encuesta de servicios municipales .

Uno de los últimos desacuerdos se produjo a finales de noviembre, cuando la Generalitat notificó al Ayuntamiento que reduciría en 2,9 millones su aportación al Consorcio de la Vivienda de Barcelona, ​​un tercio de los 9,1 millones que se había comprometido a invertir. Finalmente, tras el malestar expresado por el Ayuntamiento, la Generalitat ha rectificado, excluyendo la vivienda de las inversiones afectadas por sus ajustes presupuestarios.

Este cambio de postura de la Generalitat de Catalunya muestra que el gobierno catalán es sensible a las demandas sociales y del mundo local alrededor de la vivienda, aunque a menudo son otros actores los que toman la iniciativa política en esta materia. Buena muestra de ello es la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, que nace de una iniciativa legislativa popular (ILP) de los movimientos sociales y que se aprobó por unanimidad el Parlamento de Catalunya en julio de 2015. Esta ley, sin embargo, fue recurrida al Constitucional por el gobierno estatal del PP.

Otro ejemplo es la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de destinar el 30% de promociones inmobiliarias privadas en alquiler social, a la que la Generalitat acaba de dar luz verde después de varias reticencias, y que también habían defendido las organizaciones sociales.

La Generalitat también ha salido adelante medidas de choque y de emergencia ante la fuerte ola de desahucios que ha afectado Catalunya, que han llegado a 95.000 entre 2008 y 2017, según el Consejo General del Poder Judicial. Así, por ejemplo, el gobierno catalán ha aumentado las ayudas al pago del alquiler en más del doble entre 2014 y 2017, pasando de 49 a 112 millones de euros, según el Informe sobre el sector de la vivienda de Catalunya de 2017.

Atraso histórico de las reformas en vivienda

Las medidas de choque no pueden hacer olvidar las necesarias reformas estructurales que el país necesita, si algún día quiere acabar con su grave déficit de vivienda social. El momento de dar el salto, pasando de las medidas de emergencia y corto-terministas a las políticas estructurales, que requieren planificación y visión a medio y largo plazo, se está dilatando demasiado en el tiempo, aunque la hoja de ruta a seguir ya se trazó en 2007, con una ley que fue innovadora y pionera en todo el Estado, pero que desde entonces ha permanecido en el olvido.

Una de las principales medidas de la Ley del Derecho a la Vivienda de Catalunya de 2007 (LDHC) era ampliar la vivienda social en Catalunya, por lo que en 20 años -es decir el 2027- representara un 15% del total del parque inmobiliario de Catalunya. Esto supondría contar con 440.000 viviendas sociales en todo el país (sobre un parque de 2,99 millones de viviendas). Para cumplir este horizonte, se marcaban objetivos quinquenales, que afectaban a todos los municipios catalanes de más de 3.000 habitantes.

Pero la capacidad de hacer crecer el parque público de alquiler social de la Generalitat todavía queda lejos de las previsiones marcadas por la Ley de 2007. Según el informe » Un parque de viviendas de alquiler social. Una asignatura pendiente en Catalunya» de la Mesa del Tercer Sector, en el año 2014 Catalunya disponía de 210.000 viviendas sociales, públicas y asequibles -incluyendo también las viviendas privadas de renta antigua o de zonas con precios moderados. Así pues, haciendo una estimación de mínimos, faltaban 230.000 viviendas sociales y asequibles para alcanzar los 440.000 que marca como horizonte para el 2027 la LDHC. Dicho de otro modo, Cataluña debería ampliar las viviendas sociales como mínimo a razón de 12.692 al año entre 2014 y 2027.

La realidad es bien distinta. El gobierno catalán terminó el año 2017 con tan sólo 1.358 pisos de protección oficial, según el último Informe sobre el sector de la vivienda de Catalunya. Es cierto que esta no es la única vía para hacer crecer el parque de vivienda social y público. La Generalitat también consiguió 620 viviendas públicas más, ejerciendo su derecho de tanteo y retracto (o de compra preferente sobre pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias), 2.545 a través de sus convenios con entidades financieras para la cesión de viviendas vacías, o 1.415 a través de la Red de mediación para el Alquiler Social (XMLS), que ofrece servicios de mediación entre posibles inquilinos y propietarios de viviendas vacías. Además, concedió ayudas por valor de 11,6 millones de euros para rehabilitar 3.223 viviendas. Pero, aun así, está lejos de conseguir los objetivos que se trazaron en la ley de 2007.

¿Por qué este incumplimiento de la hoja de ruta marcada hace más de 10 años? Sin duda, el contexto de crisis económica es una causa, pero no la única. Cabe recordar que la LDHC fue recortada posteriormente por la denominada «Ley Ómnibus» de 2011, bajo el gobierno de Artur Mas (CiU). Esta reforma limitó las reservas de suelo para vivienda de protección oficial, desactivó la expropiación temporal de viviendas vacías o eliminó la incompatibilidad de un segundo piso para las personas que tienen uno protegido, entre otros aspectos.

A pesar de este recorte, el objetivo de ampliar la vivienda social al 15% sigue vigente, pero tampoco se está avanzando al ritmo adecuado para hacerlo posible. Como explica el estudio «La Ley del derecho a la vivienda de Catalunya: diez años de vigencia. Balance y futuro «(2018) del Observatorio DESC y del Instituto de Investigación TransJus de la UB, uno de los principales escollos es que más de diez años después de la aprobación de esta ley aún no existe un reglamento general que la desarrolle, ni un documento que planifique como ir alcanzando los objetivos marcados.

Este documento debía ser el Plan territorial sectorial de Vivienda de Catalunya, que según el redactado de la ley de 2007, se debía aprobar en el plazo de un año desde su aprobación. Ha habido dos intentos de aprobarlo: el anteproyecto de 2010, que quedó paralizado con el cambio de gobierno de la Generalitat -del tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA) al gobierno de CiU-; y el anteproyecto de 2017, que no se activó por la convocatoria de las elecciones catalanas del 21 de diciembre de 2017. Actualmente, la Generalitat ha anunciado su voluntad de retomar este proyecto y de renovar el actual Pacto Nacional del Derecho a la Vivienda que también data del año 2007. Esperamos que, esta vez sí, llegue a buen puerto.

La falta de planificación también se ha visto agravada por el déficit de inversión pública en esta materia por parte de la Generalitat de Catalunya. Según datos de Idescat, el presupuesto de la Generalitat para vivienda y otras actuaciones urbanas ha pasado de los 506,24 millones del año 2011 a los 357,62 millones de euros 2017, si bien desde el año 2015 ha comenzado a remontar.

En este sentido, hay que recordar que la ley de 2007 contemplaba la creación de un fondo de solidaridad por parte de la Generalitat que ayudara a los municipios a cumplir con sus obligaciones en materia de vivienda. La normativa contemplaba sanciones para los municipios que no mantuvieran los ritmos de crecimiento de vivienda social previstos para alcanzar el 15% y la recaudación debía destinarse a políticas de vivienda a través de este fondo. Tampoco se ha llegado a crear.

Performance de la PAH ante una entidad ocupada de Bankia en Barcelona | Sandra Vicente

Noventa ciudades cuentan con planes locales de vivienda

La situación de excepcionalidad política que vive Catalunya no contribuye a hacer avanzar derechos sociales como la vivienda y es cierto que el gobierno estatal también tiene parte de responsabilidad en esta situación, no sólo para recurrir al Constitucional leyes como la 24/2015 -hasta a la retirada parcial del recurso anunciada recientemente por el gobierno del PSOE a petición de la Generalitat por la presión de los movimientos sociales-, sino también por la reducción de la inversión pública en esta materia.

El Estado español destaca como el país de la UE con la proporción más baja de PIB destinado a políticas de vivienda, con un escaso 0,2%, frente a la media europea del 0,6% y lejos de países más avanzados como Francia (0,9%) o Reino Unido (1,6%), según el citado estudio del Observatorio DESC y la UB.

Ahora bien, también los ayuntamientos se han visto afectados por la coyuntura política estatal y muy especialmente por normativas como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LSRAL), que han reducido muy notablemente los recursos de los ayuntamientos para políticas públicas y la autonomía municipal. Sin embargo, en términos generales, los ayuntamientos han hecho un mayor esfuerzo que la Generalitat para garantizar, dentro de su limitado margen de actuación, el derecho a la vivienda de sus vecinos y vecinas.

Seguramente la proximidad con los problemas cotidianos de la ciudadanía ha hecho que ayuntamientos, gobernados por diferentes fuerzas políticas, hayan sido más proactivos a la hora de buscar rendijas normativas en busca de soluciones.

Cabe destacar que hasta 90 ayuntamientos de Catalunya han dotado de un Plan Local de Vivienda para definir sus objetivos y prioridades en esta materia y programarlos en el tiempo. La misma LDHC de 2007 planteaba la creación de esta figura en el mundo local.

El estudio del Observatorio DESC y la UB destaca que los Ayuntamientos están ahora mucho más preparados para proteger el derecho a la vivienda que diez años atrás, porque la gran mayoría de ellos han creado un área dedicada a este tema o han fortalecido la que ya tenían, además de adecuar sus servicios sociales o su departamento de urbanismo a las necesidades emergentes. Según el estudio, estos cambios de organización interna también han venido acompañados de un esfuerzo económico notable por parte de la mayoría de municipios – si bien todavía insuficiente.

El ejemplo de Barcelona y Terrassa

Algunos ayuntamientos también han destacado por impulsar políticas de vivienda pioneras en Catalunya y del Estado, como en el caso de Barcelona o Terrassa, por citar dos de los principales ejemplos. En ambos municipios, se da la circunstancia de que los movimientos sociales en defensa del derecho a la vivienda son especialmente activos y han empujado sus respectivas administraciones locales en esta dirección.

En el caso de Barcelona, ​​hay que recordar que es el primer municipio de todo el Estado donde se obligará a destinar un 30% de las promociones inmobiliarias privadas en vivienda social. El Ayuntamiento de Barcelona también ha abanderado la lucha contra los pisos turísticos ilegales y ha conseguido cerrar su 2.355 entre julio de 2016 y julio de 2018.

Según fuentes municipales, el presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona en políticas de vivienda de 2017 alcanzó los 160 millones de euros, que representa el 90% de la inversión de todas las administraciones públicas en vivienda en Barcelona. Así lo indica el balance del año 2017 del Plan por el Derecho a la Vivienda desde 2016 hasta 2025 del consistorio. Sólo durante el primer año de ejecución del plan, entre 2016 y 2017, ha aumentado en más del doble el presupuesto municipal de vivienda pasando de 70 a 160 millones de euros -sobre un presupuesto con un gasto total de 2.672 millones de euros.

El Ayuntamiento de Terrassa también fue pionero en todo el Estado en interponer multas contra entidades financieras con pisos vacíos, que empezó a poner en práctica en el mes de diciembre de 2013. Terrassa también fue el primer municipio del Estado en abrir una oficina local de intermediación hipotecaria y de endeudamiento para alquiler, junto con el Colegio de Abogados del municipio. En Terrassa, los presupuestos municipales de 2017 contemplaron una partida de 4.214.178 euros para vivienda social -sobre un presupuesto general consolidado de 207,4 millones de euros.

Es urgente planificar las políticas de vivienda

Por muchos esfuerzos que hagan las administraciones locales, no podemos olvidar que no tienen ni suficiente competencias ni capacidades para corregir por sí solas las carencias del derecho a la vivienda en Catalunya. De España, depende cambiar normativas como la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) o la ley hipotecaria y del gobierno de la Generalitat, la coordinación y la planificación de las políticas de vivienda en Catalunya.

Lo que es del todo incomprensible es que las políticas de vivienda no se hayan planificado hasta ahora y se continúe tratando la vivienda como un derecho de segunda. ¿Nos resultaría aceptable quedarnos sin plazas públicas en las escuelas o sin atención pública en los hospitales por falta de planificación? Pues, es exactamente lo que ocurre con el derecho a la vivienda: no todo el mundo que necesita una vivienda social y pública tiene acceso a una y está muy lejos de convertirse en un derecho universal, porque está sujeto a las leyes del mercado. La ley catalana de 2007 aspiraba a construir un nuevo y auténtico sistema de atención a la ciudadanía en materia de vivienda. Ojalá, este propósito se saque lo antes posible del cajón para empezar a caminar en esta dirección.

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