Lily o el espejo

Administraciones y operadores judiciales y policiales no hemos sabido dar una respuesta adecuada. Deberíamos ser honestos: se necesitan cambios legislativos profundos en la lucha contra el tráfico

Laura Pérez / Marta Cruells
 
 
Manifestació pels drets de les treballadores sexuals, a Barcelona | Sergio Uceda

Manifestació pels drets de les treballadores sexuals, a Barcelona | Sergio Uceda

La semana pasada murió Lily, una mujer joven, de origen moldavo, vecina de Barcelona y que ejercía la prostitución de forma forzada y bajo amenaza. Su muerte constituye un desenlace muy doloroso, en especial para sus compañeras y para las entidades sociales y equipos técnicos que la acompañaron durante los últimos 7 años, los que vivió en la ciudad. El dolor por su muerte viene también de la mano de un fuerte sentimiento de rabia e impotencia que convierte en urgente la necesidad de que todos los actores implicados reflexionen sobre cómo se debe intervenir para proteger a las personas víctimas de trata de seres humanos y qué herramientas nos faltan para evitar nuevas pérdidas.

Las administraciones públicas y los operadores del sistema judicial y policial, siendo conocedores de su situación de trata y explotación desde hace años, no hemos sabido dar una respuesta adecuada. Las iniciativas públicas de acompañamiento, apoyo y vinculación no han sido suficientes. Desde el Ayuntamiento de Barcelona utilizamos todos los mecanismos existentes para intentar mejorar su situación. Desde un inicio nos coordinamos con los cuerpos policiales competentes y con la Fiscalía, escribimos y transmitimos diferentes informes donde dejábamos constancia de su situación de riesgo y pedíamos actuaciones policiales y judiciales que pudieran acabar con su situación. Impulsamos todas las vías de intervención social a nuestro alcance para poderle garantizar el acceso a la sanidad, la tramitación del empadronamiento y permiso de residencia, el reconocimiento de la condición de víctima de trata y la búsqueda de sus hijos, entre otras. Pese a estos intentos de intervención, las dificultades fueron constantes y no se conseguían resultados. Su caso requería también de una investigación policial más profunda y decidida que permitiera demostrar las amenazas y violencia que sufría y que identificara a las personas responsables para poder iniciar un proceso judicial.

La única vía que la legislación le ofrecía para salir de la situación en la que se encontraba era la denúncia individual, haciendo recaer sobre ella todo el peso de la prueba, lo que no podía hacer. Asimismo, en lugar de protección, entre 2013 y 2015 lo que recibió en Barcelona fue una orden de expulsión del país, en aplicación de la Ley de extranjería y numerosas multas impuestas por la ordenanza del civismo. Todo eso le hizo la vida aún más difícil, al anular su capacidad de movimiento y debilitar su confianza en las instituciones que representaban el sistema supuestamente encargado de protegerla.  

Hasta el año 2015 el Ayuntamiento actuaba en materia de trata estableciendo coordinaciones bilaterales con actores policiales y sociales y en un número reducido de casos (28 el 2014). El año 2015 para mejorar la coordinación constituimos la Mesa interinstitucional contra la trata de seres humanos, con 32 actores institucionales, policiales, judiciales y sociales de la ciudad. En este espacio se definió el 2016 el Circuito Barcelona contra la trata de seres humanos, un documento que aterriza en la práctica las actuaciones de los agentes implicados de nuestra ciudad. El mismo 2016 creamos la primera Unidad de atención integral a personas víctimas de trata por razón de explotación sexual, laboral, mendicidad y tráfico de órganos de España, con recursos públicos y personal especializado. Esta unidad ha atendido en dos años 180 casos de víctimas potenciales de trata, ofreciendo representación jurídica, atención social, habitacional, laboral, económica y de salud, en coordinación con diferentes entidades sociales especializadas.  

Asimismo, para evitar la revictimización (victimización secundaria) de las personas en situación de trata con fines de explotación sexual y cumplir con la directiva europea (2011/36/UE) y con el convenio del Consejo de Europa en esta materia -que exigen a todos los estados miembros no multar a las personas que puedan encontrarse en una situación de prostitución forzada-, desde el 2016 se ha dejado de aplicar el artículo de la Ordenanza del Civismo bajo el cual se imponían multas a las personas que contactaban con clientes en la vía pública. También, como un acto de reparación, se han anulado todas las multas impagadas por las trabajadoras sexuales desde el 2006 hasta el día de hoy.

El caso de Lily tiene que llevarnos a una revisión de cómo se está abordando la lacra del tráfico de personas en su globalidad. Ya hace años que las personas especializadas en este delito, tanto en el campo judicial, como académico, en las entidades sociales o algunas de las administraciones que intervienen, pedimos en primer lugar y de forma urgente contar con una Ley orgánica contra la trata que permita, entre otras cuestiones, que el proceso judicial pueda llevarse a cabo sin que todo el peso de la prueba recaiga en la declaración de la víctima. También se pide que se tengan en consideración los informes de los cuerpos de seguridad especializados, de las entidades sociales expertas en este ámbito, de las instituciones que disponen de departamentos especializados y que se impulsen mejores medidas de protección para las personas víctimas de trata con anterioridad al proceso judicial. En segundo lugar reclamamos la modificación de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de testigos y peritos en causas criminales, para resolver así los graves problemas de aplicación y protección de la víctimas que se están dando actualmente durante el proceso judicial.

Además de estos cambios legislativos, son necesarios más recursos humanos y materiales, impulsar una mejor coordinación internacional que permita la investigación y la protección de los familiares amenazados en el lugar de origen de la víctima y proporcionar formación especializada y con perspectiva de género y de derechos humanos a todos los operadores implicados.

Desgraciadamente, todas estas explicaciones quedarán invisibilizadas en el marco de un debate perverso en el que algunas voces plantean que la solución de todo ello es la abolición de la prostitución, y esto sencillamente es falso. No, la solución no es rápida ni fácil, pero sobre todo debe ser precisa y apuntar bien al fenómeno de la trata.

Este falso debate alimenta la confusión acerca de que toda la prostitución se realiza a través de la explotación sexual. Hay personas, mayoritariamente mujeres, que ejercen la prostitución de manera forzada por terceras personas y otras que no, y esto es un hecho indiscutible por mucho que se hagan juicios morales y que se pretenda en la retórica afirmar lo contrario. No es lo mismo recurrir a la prostitución para dar respuesta a una necesidad económica que estar en una situación de trata, bajo amenaza y siendo obligada. Las administraciones públicas necesariamente deben tener en cuenta esta diferencia a la hora de intervenir, ya que las respuestas a cada situación no son en absoluto las mismas. Ante la prostitución forzada es necesario investigación policial, emprender un proceso judicial, garantizar medidas de protección y recuperación, más coordinación entre actores, saber identificar a los autores, etcétera. Cuando el ejercicio de la prostitución no es forzada, en cambio, se debe garantizar, como al resto de la ciudadanía, el derecho a la salud, a la información, a los servicios públicos, a mayores oportunidades formativas y laborales, a la residencia, a la participación y autoorganización, a las prestaciones sociales, etc. Y hacerlo poniendo en el centro sus demandas y de acuerdo con su propio proyecto de vida.

Para que sea efectiva, sabemos a ciencia cierta que cualquier intervención debe ir acompañada de un marco legal que no confunda trata y prostitución y que sea capaz de dar respuestas reales a las diferentes situaciones de las personas que ejercen esta actividad. Es por políticas que han confundido trata con fines de explotación sexual con prostitución que Lily vivió diversas violencias institucionales por parte de este Ayuntamiento en anteriores mandatos. Pero de esto no se habla. Las voces que ahora se escandalizan se mantuvieron en silencio cuando ésta fue víctima de continuas sanciones administrativas que se le impusieron por la vía de la Ordenanza de Civismo del Ayuntamiento de Barcelona del 2006, alimentada por las constantes demandas vecinales y sociales de “expulsar” a estas mujeres de la calle y de aplicar la ordenanza con más contundencia entre 2013 y 2015. Para proteger a las personas que pueden ser víctimas de prostitución forzada se requiere de forma urgente poner fin a las políticas criminalizadoras basadas en multas originadas en ordenanzas municipales o en la vigente Ley de seguridad ciudadana.

Esta muerte es un hecho gravísimo que nos afecta e impacta a todos y todas. Pero por eso deberíamos ser honestos/as: si realmente nos preocupa debemos promover cambios legislativos profundos en la lucha contra la trata y dotar de más recursos a todas las administraciones que la combaten, especialmente a aquéllas que tienen plenas competencias. Si se trata de combatir la trata de seres humanos, nos encontrarán en primera línea para contribuir a definir todas las mejoras que sean posibles. Si se trata de utilizar una muerte dramática para ahondar en la estigmatización de la prostitución y perseguir a quién realiza esta actividad, claramente nos encontrarán enfrente.

El caso de Lily no es un caso cualquiera, porque nos pone a todos los agentes implicados (feministas, vecinales, políticos, institucionales, judiciales y policiales) frente a un espejo. La consciencia de que no se ha hecho bien nos debe llevar a revisar nuestras prácticas y actuaciones del pasado que han tenido efectos en la vulneración de sus derechos, y especialmente a ser consecuentes, a ir más allá de juicios morales categóricos y a poner todos los elementos sobre la mesa para encontrar una solución en un futuro inmediato a esta grave vulneración de derechos humanos.

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