Ley Mordaza, tres años de restricción de derechos a la libertad de expresión e información

La plataforma No Somos Delito convoca este sábado movilizaciones a nivel estatal para denunciar la "arbitrariedad y falta de garantías" de la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta arbitrariedad administrativa es una de las preocupaciones más compartidas entre las entidades sociales, que ven peligrar el libre ejercicio de derechos fundamentales. Organismos internacionales, como el TEDH o Amnistía, ponen a España en el punto de mira por la falta de libertad de expresión

Sònia Calvó
 
 
 
Agentes de la Brigada Mòbil de los Mossos d'Esquadra durante la huelga del 14-N de 2012 EDU BAYER

Agentes de la Brigada Mòbil de los Mossos d'Esquadra durante la huelga del 14-N de 2012 EDU BAYER

El 30 de marzo se cumplirán 3 años de la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Una ley que, según entidades como Amnistía Internacional, supone una “restricción innecesaria e injustificada de los derechos a la libertad de reunión, expresión e información”. Y es que desde el inicio de su aplicación, el 1 de julio de 2017, la norma ha estado rodeada de polémica y han sido varios sus detractores. Uno de ellos, la plataforma No Somos Delito –entidad contra la reforma del Código Penal, la Ley de seguridad ciudadana y la Ley de seguridad privada– que ha convocado para este sábado varias manifestaciones en diferentes puntos del estado. Desde No Somos Delito denuncian la “arbitrariedad y falta de garantías” del texto, por lo que quieren “presionar para que se garantice el libre ejercicio de los derechos humanos vulnerados por la ley”.

A la plataforma se han adherido más de 200 entidades. Una de ellas es Novact – Instituto internacional para la acción No Violenta. “La movilización y la protesta son básicas para conquistar derechos, con esta ley quieren cortarlas de raíz con medidas represivas, porque suponen una amenaza para el statu quo”, afirma la responsable de campañas de Novact, Thais Bonilla. Esta entidad es una de las coordinadoras de la movilización en Barcelona. En el caso de la capital catalana, la manifestación estará vinculada en un bloque a la manifestación de la Marea Pensionista y se dirigirá hacia la Delegación del Gobierno.

Novact denuncia que la “represión del Estado”, a través de la Ley Mordaza y el endurecimiento del Código Penal, se ha puesto de manifiesto en Catalunya con limitaciones a la libertad de expresión y de reunión y manifestación antes y después del día 1 de octubre, afectando a la movilización de la población. “Se ha judicializado la política, haciéndose evidente una vez más la falta de separación de poderes, todo en un marco de excepcionalidad penal que utiliza de manera indebida encarcelamientos preventivos y tipos penales propios de otras épocas”, manifiestan desde Novact.

Desde Irídia – Centro por la Defensa de los Derechos Humanos, explican que desde el 1 de octubre han recibido un aumento de consultas por parte, sobretodo, de miembros de los CDR, los Comités de Defensa de la República. “Nos preguntan incluso qué se puede poner y qué no en un tuit”, explica la abogada de esta entidad, Laura Medina. “Cuando la gente ve las acusaciones de delito de odio de los profesores, las de los raperos como Valtonyc, por los tuits de Cassandra Vera… tienen miedo”, concreta. Estas dudas no son en vano, ya que han recibido casos con acusaciones, en base a la Ley Mordaza, de delitos de desobediencia o resistencia a la autoridad por no identificarse, por manifestaciones no comunicadas e incluso por pegar carteles.

El artículo 36.2 de esta Ley señala que “será infracción muy grave –hasta 600.000 euros– la perturbación de la seguridad ciudadana”. Para Bonilla esto conlleva lo que se conoce como ‘buro-represión’, la desmovilización a base de sanciones administrativas. “Vemos que cada vez hay menos movilización en la calle, la gente decide no protestar porque ven que cuando lo hacen llegan las identificaciones y las multas”, añade. Según Bonilla, esto “es lo que se busca”.

Bonilla recuerda que la reforma de la Ley, junto con la modificación del Código Penal, se impulsó en un contexto de fuerte crisis económica. Las medidas de austeridad impuestas por el Gobierno generaron un clima de protesta en el que surgieron muchas protestas encabezadas por movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el 15M.

La arbitrariedad administrativa, principal preocupación de las entidades

La Ley de Seguridad Ciudadana implica infracciones administrativas con multa asociada, pero no son delitos. Según datos facilitados por Amnistía Internacional, en 2016 hubo 197.947 sanciones por infracciones relativas a esta ley.

La norma afecta a derechos fundamentales, como el de la intimidad o la libertad personal, y a algunos principios jurídicos. Se establece, en el artículo 43.1, un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana a “efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia”, algo que hasta ahora solo se hacía con los antecedentes penales después de una sentencia judicial. También permite los cacheos preventivos y estar hasta seis horas en comisaría por no identificarse ante la policía.

Bonilla se muestra muy preocupada por las consecuencias que tiene la “restrictiva” ley Mordaza. “Confunde el termino ‘seguridad’ con control social y represión, no lo entiende como un derecho humano”, añade la activista. Desde No Somos Delito aquejan que se está viviendo un “incremento de abusos policiales y de vulneración de derechos” debido –según explican– “a la discrecionalidad de los agentes en sus actuaciones por la presunción de veracidad que les otorga el ámbito administrativo y al poder de valoración que les confiere la Ley de Seguridad Ciudadana”. El artículo 52 de esta ley regula “el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad”, que implica que lo que digan los agentes que hayan presenciado los hechos constituye “base suficiente” para la multa, un hecho que rompe el principio de igualdad procesal.

El 27 de mayo de 2013 la policía irrumpió en la plaza Catalunya para llevar a cabo una supuesta operación de limpieza que derivó en un violento desalojo / EDU BAYER

Esta arbitrariedad administrativa es una de las preocupaciones más compartidas entre las entidades. Desde Irídia, la abogada Laura Medina denuncia que el texto legal utiliza “términos ambiguos y amplios” y que “amplia el aparato represivo del Estado en contra de la población”. “Se están produciendo situaciones insólitas de personas que son denunciadas por policías, no sólo en el marco de movilizaciones ciudadanas sino en muchos otros ámbitos, por motivos tan absurdos como no tratarlos de usted, criticar la extralimitación de sus funciones o llevar una camiseta con una leyenda reivindicativa”, denuncian las entidades en un comunicado conjunto. Es el caso, por ejemplo, de una mujer que fue multada por llevar un bolso con la cara de un gato y las siglas A.C.A.B. con el mensaje “All Cats Are Beautiful” (todos los gatos son bonitos), ya que la Policía entendió que esas siglas significan “All Cops Are Bastards” (todos los policías son unos bastardos). La “falta de respeto y consideración” hacia los cuerpos policiales es una de las actitudes punibles según la Ley de Seguridad Ciudadana, aunque no detalla en qué se concreta.

La prensa también ha estado blanco de la Ley Mordaza. El periodista de Argia, Axier López, fue uno de los primeros en ser multado por poner una foto de una operación policial en su cuenta de Twitter “sin autorización”. A partir de ahí, varios periodistas y medios de comunicación se han visto afectados por esta ley. El artículo 36.23 establece multas por difundir imágenes o datos personales o profesionales de policias si pueden “poner en peligro la seguridad personal o familiar del agente”, pero no por registrar esas imágenes. “Afecta claramente al derecho de información y expresión”, denuncia Bonilla.

Debate en el Congreso

La posible reforma de esta ley en el Congreso de los Diputados, ha vuelto recientemente a la agenda política, tras el desbloqueo del proceso de tramitación que permitiría derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. Ciudadanos ha decidido desbloquear, después casi un año, los trámites que permitirían acabar con la Ley de Seguridad Ciudadana o la prisión permanente revisable. El partido de Albert Rivera ha manifestado su intención de reformar la ley pero no de derogarla. Desde finales de abril, PP y Ciudadanos habían estado pidiendo una prórroga del plazo de enmiendas. Esto ha sido posible ya que entre los dos tienen mayoría en la Mesa del Congreso.

No obstante, desde Novact aseguran que “ninguno de los textos alternativos presentados en el Congreso para reformar esta ley recogen las demandas realizadas por la población, ni ofrecen una regulación garantista para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información”.

España, en el punto de mira por la falta de libertad de expresión

Amnistía Internacional ha presentado dos informes este mes de marzo en el que señala las deficiencias en material de libertad de expresión en España. Una de las principales preocupaciones que presentan en su informe anual, en referencia a España, es que se “restringió desproporcionadamente” el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de “personas que apoyaban la independencia catalana”. Durante el 2017, decenas de personas fueron procesadas por “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación a las víctimas” en las redes sociales. Una de ellas fue Cassandra Vera por la publicación en Twitter de chistes sobre la muerte de Carrero Blanco. Finalmente el Tribunal Supremo revocó por unanimidad la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a la tuitera a un año de cárcel.

Desde Amnistía también recuerdan que en muchos casos, las autoridades presentaron cargos contra personas “que habían expresado opiniones que no constituían incitación a cometer un delito de terrorismo y que se inscribían entre las formas de expresión permisibles acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos”, en referencia a los raperos Valtonyc o Pablo Hasel.

Pero no solo las entidades han criticado la falta de libertad de expresión en España. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sentenciado esta misma semana que quemar fotos de los Reyes es libertad de expresión. Con ello, obliga a pagar una indemnización a dos jóvenes que quemaron fotografías de Juan Carlos I y Sofía en Girona en 2007 y que habían sido sancionados por injurias a la corona. Por todo ello, desde Novact concluyen que en España hay un “paquete de leyes mordazas” que afecta a la libertad de expresión de la sociedad.

La manifestación alternativa del Primero de Mayo en Barcelona, rodeada por un amplio dispositivo de Mossos d’Esquadra | ENRIC CATALÀ

Deja un comentario.

Tu dirección de correo no será publicada.


*