PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS DE CATALUNYA

«Las instancias internacionales se acabarán pronunciando sobre la denegación de derechos que supone tener políticos y activistas en prisión provisional»

Entrevistamos a David Bondia, presidente del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC) y profesor de derecho internacional público de la Universidad de Barcelona (UB). Se muestra preocupado por el hecho de que se esté aplicando la Constitución "para restringir derechos fundamentales" y porque "el Gobierno del Estado, el Constitucional y ahora el Supremo quieren acabar decidiendo quién puede ser invertido en la presidencia del Gobierno de Catalunya"

Yeray S. Iborra / Sònia Calvó
 
 
David Bondia a les oficines de l'IDHC | Sònia Calvó

David Bondia a les oficines de l'IDHC | Sònia Calvó

La estrategia de defensa de Jordi Sánchez no irá, de momento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ya que primero presentará un recurso en la sala de apelaciones número 2 del Tribunal Supremo (TS). La decisión llega después de que el viernes se conociera la decisión del TS de no permitir que Sánchez asista al pleno de investidura del Parlament de Catalunya, prevista en un primer momento para este lunes. Este cambio se debe a que han decidido agotar primero todas las instancias y vías españolas antes de ir a Estrasburgo. El Síndic de Greuges también ha alertado de que prohibir que Jordi Sánchez «ejerza sus derechos políticos» es un «ataque grave a los principios que sustentan el Estado de derecho en España y el Código europeo de derechos humanos».

Hablamos con David Bondia, presidente del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya (IDHC) y profesor de derecho internacional público de la Universidad de Barcelona (UB), que se muestra preocupado por la decisión del Supremo, debido a que se está aplicando la Constitución «para restringir derechos fundamentales», en relación a la aplicación del artículo 155 en Catalunya y porque «el Gobierno del Estado, el Constitucional y ahora el Supremo quieren acabar decidiendo quién puede ser invertido en la presidencia del Gobierno de Catalunya». Sin embargo, confía en que las limitaciones de la libertad de expresión y el derecho de participación política terminen llegando a instancias internacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Jordi Sánchez, candidato a presidir la Generalitat, no podrá estar en el Pleno de investidura, ya que el Supremo le ha denegado el permiso y lo mantendrá en prisión. Según el juez Pablo Llarena, hay «riesgo de reiteración delictiva» y tiene la obligación de proteger «los derechos subjetivos de toda la población». ¿Qué valoración hace del auto del juez?

Es un auto que contiene valoraciones políticas que son impropias de un Estado de derecho donde se garantice claramente la separación de poderes. El auto dice textualmente que Jordi Sánchez «no ofrecía para sus electores el liderazgo que ahora reclama» y continúa afirmando que en la coalición que se presentó hay otras personas «con el mismo número de apoyos en los electores en los que no se aprecian los riesgos colectivos que tratan de conjurarse». Es impropio en una argumentación de carácter jurídico, un juez está diciendo a quien deberían presentar como candidato o candidata. Se aparta sin una clara justificación del precedente del Sr. Juan Karlos Yoldi, de 1987, donde se aceptó su petición de excarcelación para poder participar en el pleno de investidura del Parlamento Vasco como candidato a la lehendakaritza por Herri Batasuna.

Más allá de las opciones políticas de cada uno y cada una, tanto en este caso como en el del Sr. Puigdemont, el Gobierno del Estado, el Tribunal Constitucional (TC) y ahora el Tribunal Supremo (TS) quieren acabar decidiendo quién puede ser invertido o invertida en la presidencia del Gobierno de Catalunya. Entiendo que están marcando un peligroso precedente de cara el futuro, independientemente del Gobierno que haya en Madrid y del partido que quiera presentar un o una candidata a la presidencia del Gobierno de Catalunya. Más allá de la interpretación que se le quiera dar, esto no da independencia, de democracia y Estado de derecho. Podemos considerar que se están vulnerando y alterando la voluntad de todos los electores, a pesar de que ésta no hubiera sido nuestra opción electoral.

Un mando de los Mossos declaró como testigo ante el Tribunal Superior que en las concentraciones ante la sede de Economía, los días 20 y 21 de septiembre, no hubo violencia, pero sí un riesgo para la seguridad. Como lo valora?

Lo que están imputando a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart es rebelión y sedición, delitos que habíamos olvidado que existían prácticamente. La sedición implica concentración tumultuosa no violenta y la rebelión sí implica violencia. Pero aquí hay un derecho que está por encima de todo esto: la libertad de manifestación. El TC tiene sentencias sobre eso que dicen que el espacio público es un espacio de circulación, pero también de protesta. Tenemos que ver qué derecho prevalece. Yo personalmente creo que fue un ejercicio legítimo de manifestación. En todo caso, les podrían imputar otros delitos, pero no rebelión y sedición.

Qué marca la línea entre una imputación u otra?

¿Hubo destrozos? Quizás sí, pero en muchas manifestaciones hay. Entonces lo que hay que hacer es, a título individual, aplicar el delito a cada persona que se identifique. Lo que no se puede hacer es considerarlos instigadores ellos, porque el mismo día -y se ha acabado archivando- hay un cerco policial en la sede de la CUP. Los Mossos querían entrar, pero no tenían orden de entrada ni de registro. La gente se comportó de forma pacífica, pero podría haber habido violencia. Yo sitúo por encima de todo ello el derecho a manifestarse. Si quieres puedes imputar las personas de forma individual, pero ponerlos en prisión por pensar que llamaron a una revuelta y desobedecer órdenes… No lo veo. Rebelión no hay, porque los hechos se sucedieron sin violencia, pero la sedición es el delito tapado.

¿Si son condenados, se creará jurisprudencia?

Es peligroso porque se están buscando imputaciones penales a situaciones que no se corresponden con los delitos penales que se están utilizando, y esto viene de más lejos que el 1 de octubre. La deriva represiva del Estado viene desde la Ley mordaza y las modificaciones últimas del Código Penal, no lo olvidemos. Introducir los delitos de enaltecimiento del terrorismo o los delitos de odio en el Código Penal… Es utilizar el Código Penal, considerada la última ratio, como derecho penal del enemigo, utilizarlo con carácter preventivo. Un sistema que utiliza el derecho penal para fortalecerse es un sistema inseguro. Y esta es la deriva que está siguiendo España, no sólo el Gobierno sino también los tribunales. Con la convivencia del poder legislativo, que hace unas modificaciones que lo permiten.

¿Está cambiando la consideración sobre el delito de odio?

En el ejercicio al derecho a la libertad de expresión se pueden poner restricciones cuando se afecta a determinados colectivos o la reputación de alguien, porque el delito de odio debe servir para proteger a determinados colectivos y personas de determinadas manifestaciones que inciten al odio. Pero hay que distinguir entre delito de odio y discurso de odio. Desde el Estado se está limitando directamente la libertad por delito de odio o enaltecimiento del terrorismo. El caso de los titiriteros en Madrid, te puede no gustar o no la obra, pero no la puedes censurar. Se está utilizando el delito de odio y el enaltecimiento para censurar. Y con ello están buscando la autocensura. Hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que habla del efecto disuasorio (chilling o deterrent effect), que el miedo haga que la gente no actúe de una determinada forma. Es lo que se busca.

Esto afecta a la libertad de expresión y de manifestación, tal como criticaba recientemente también un informe de Amnistía Internacional.

Teniendo en cuenta las cautelas que muchas veces tiene Amnistía, el informe se atrevía a decir muchas cosas. Y acertaba. Porque habla de un referéndum suspendido (el 1-O se hace un referéndum con una suspensión del Tribunal Constitucional pero aún no estaba declarado ilegal); habla de los representantes de movimientos sociales que están presos, y se podría criticar que no hable de otros que también son los mismos motivos, motivos políticos; y alerta del deterioro del ámbito de la libertad de expresión. El informe está focalizado en Catalunya, pero la gente no es consciente de que esto se está extendiendo por todo el Estado español.

El colectivo Praga, una cuarentena de catedráticos y profesores de derechos asociados, presentó una denuncia por vulneración de derechos fundamentales en Catalunya el pasado 1-O ante el Consejo de Europa (CdE). ¿Está de acuerdo con sus reclamaciones?

Ellos la presentaron al Comisario Europeo de derechos humanos, y encuentro que está muy bien, pero hay que advertir que no es una vía jurisdiccional. Ellos le hacían saber sobre la restricción de derechos que supone el 155, más allá de independencia sí o independencia no. Y está bien, porque el 155 ha implicado vulneraciones, así como las reacciones posteriores, como los encarcelamientos de activistas y políticos. Esto está deteriorando la democracia no sólo en Catalunya, sino en todo el Estado español. Y hay que denunciar.

Marta Bolinches, abogada de Irídia, entidad que lleva varias causas para el 1-O, apuntaba a la posibilidad de terminar buscando responsabilidades a altas instancias por una acción coordinada de la que será difícil identificar a los individuos uno por uno , en referencia a la actuación policial.

Yo entiendo que los hechos del 1 de octubre no son actos aislados. Que digan que la estructura del 1 de octubre es secreto de estado… Es muy fuerte. Desde el Gobierno tienen que explicar porque lo es. No puede ser. Todo el dispositivo, las declaraciones de Pérez de los Cobos, sitúan la legalidad por encima de la convivencia ciudadana. Y una ley que está por encima de la convivencia ciudadana pierde cualquier legitimidad. Se deben pedir responsabilidades. Se ha creado una estructura de derechos humanos en Catalunya, formada por el Síndic, el IDHC, un consejo asesor donde están Amnistía y entidades como UNICEF, laFede.cat, que firmaban un manifiesto que quieren una investigación sobre el 1 de octubre. Una cosa son las causas penales que se han abierto, que lleva Irídia, y me parece fantástico, pero también hay una responsabilidad política. Y básicamente porque si hay muchas causas que se acaban archivando, según la jurisprudencia del TEDH, esto también es una violación por omisión, pero por no investigar. Las violaciones de los derechos humanos pueden ser por acción y por omisión, podemos recordar la reciente sentencia del TEDH en el caso Portu y Sarasola contra España.

¿Quién debería hacer esta investigación?

Un órgano independiente, o el Parlament de Catalunya. De hecho el Parlament intentó crear una comisión de investigación que el 155 dijo que no se podía hacer. No puede ser el mismo Gobierno quien haga la investigación, pero desde el Congreso sí se podría hacer, con carácter político, haciendo que los responsables vayan a declarar

¿Por todo ello, podríamos hablar de violencia institucional, a pesar de estar en un Estado de derecho?

Sí. O al menos, estamos en un Estado de derecho donde hay escenarios de violencia institucional. Estamos en una democracia imperfecta con casos de violencia institucional. Y no lo decimos sólo desde el activismo o desde la academia. Lo dice el TEDH, cada vez que hay una sentencia contra el Estado por maltrato. También es violencia institucional la cerca en la frontera sur, en Melilla. Expulsar migrantes sin abrir un expediente administrativo para ver si son refugiados o tienen derecho a protección internacional, también es violencia institucional. Esto acaba erosionando el Estado de derecho, la democracia. También hay que olvidar que los Mossos han hecho violencia institucional. Ahora recientemente quizás no, y los estamos aplaudiendo, pero también han provocado y han sido agentes represores en determinadas situaciones.

Anna Gabriel decidió no venir a declarar al Tribunal Supremo porque decía que no tenía asegurado un juicio justo o con garantías. ¿Cree que habría sido así?

Como están yendo las cosas podemos llegar a cuestionar la imparcialidad del poder judicial, sí. Por diversos motivos… Por las órdenes de encarcelamiento, por ejemplo. ¿Cuál es la justificación para tener dos activistas y dos políticos en la cárcel? ¿La reiteración delictiva? No lo veo mucho, y más cuando la prisión provisional debe ser la última de las acciones. Estas personas mostraron voluntad de comparecer. Y más: ¿Por qué no lo está juzgando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya? Y la euroorden, ¿por qué la plantean y luego la retiran? ¿Por qué saben que aquí los están imputando unos delitos que no lo son en Suiza o Bélgica? ¿Porque son de carácter político? Se puede cuestionar mucho también que antes del 1 de octubre se citara a declarar a 700 alcaldes. Jurídicamente los puedes citar cuando ceden los locales, después del 1-O, pero no antes. Se está instrumentalizando la justicia, y éste es el argumento de Anna Gabriel. Y más cuando en algunas denegaciones de libertad el juez dice claramente que persigue por las ideas. Lo que está situando es la unidad del Estado por encima del legítimo derecho a la libertad de expresión.

¿Esta prisión preventiva a políticos y activistas puede indicar hacia donde irán las sentencias?

Desde mi punto de visto son algo ejemplarizantes: ‘Os tenemos en prisión y ya veremos que pasará’. No hay riesgo de destrucción de pruebas o fuga en ningún caso, y -insisto- la cárcel debería ser la última medida. Tenemos otras medidas menos lesivas. Yo creo que acabará pasando que desde instancias internacionales terminen pronunciando, no sobre el juicio, que va para largo, sino sobre la denegación de derechos que significa tenerlos en prisión provisional.

¿Qué quiere decir?

La estrategia de Oriol Junqueras ahora es: ‘He planteado ante el TC un recurso de amparo sobre la prisión provisional (confirmada por el Supremo), ahora el TC confirmará’. Entonces Junqueras irá a Estrasburgo por las medidas cautelares, no por si es inocente o no, sino sobre la extralimitación que hay en esta prisión provisional que se le está aplicando.

En TV3 usted dijo que se podía llevar el 155 al TEDH, ¿a qué se refería?

Yo tengo muy claro que algunas de las medidas del 155 acabarán al TEDH, todo entero no, porque nos guste o no nos guste, el 155 se puede aplicar, está en la Constitución. Pero tal como está en la Constitución no se puede usar para restringir derechos fundamentales. Lo que veo clarísimamente es que el 155 no permite suspender el Parlament o el Govern. Esto veta el artículo 23, los derechos de participación política, a unas elecciones donde la gente elige quien quiere. El 155 no permite esto. Todo el mundo concluyó que aplicaron el 155 el mismo día que convocaron elecciones. Yo creo que convocan elecciones simplemente para poder justificar la suspensión del Parlamento. Y no puedes suspender así un Parlament.

¿No?

No, tiene sus procedimientos. Lo puede disolver el presidente del Govern de Catalunya, pero no el del Gobierno de España. Yo creo que hay varias vías por las que acabará llegando a Estrasburgo. Y una es la de los electores que participaron en las elecciones y que ven que un órgano que no tiene esta capacidad, suspende el parlamento. La otra vía que yo veía es que una vez celebradas las elecciones, una vez las mayorías dan para proponer Carles Puigdemont, lo que dice el Gobierno es ir de nuevo al TC a pedir que el mismo Puigdemont tenga que pedir autorización jurídica. Esto no puede ser, la autorización debe pedirla alguien que está en la cárcel, pero él no está en la cárcel, él está fugado.

¿A Carles Puigdemont se le están aplicando impedimentos de más y por eso puede ir a Estrasburgo?

Entiendo que a él le están poniendo un requisito suplementario. Y esto va en contra de otra cuestión que marca el TEDH, que es la confianza legítima. Cuando la gente fue a votar, en ningún momento se dijo que si Puigdemont era escogido debería pedir autorización, estaba clarísimo que Jordi Sánchez o Junqueras sí deberían hacerlo porque estaban en prisión. Pero él no. ¿Como pueden ir? Se deben agotar las vías internas, pero contra las medidas cautelares del TC no hay recursos internos, por tanto Puigdemont y los electores pueden ver decepcionada su confianza legítima. ¿Qué ha pasado? Que ahora ha decaído embargo, ya no se presenta Puigdemont, se propone otro candidato. Le han hecho el trabajo al Constitucional.

¿Qué cree que hará ahora Carles Puigdemont?

No tengo muy clara la estrategia internacional de Puigdemont. ¿Por qué ir al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Esto te cierra directamente la puerta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos… No puedes presentar el mismo recurso en los dos lugares. Creo que es un error. Supongo que han hecho cálculo político, porque jurídicamente tener una sentencia del TEDH, a largo plazo es mejor. ¿Por qué probar la otra vía? No lo sé.

Más allá de Puigdemont, ¿qué casos llegarán al TEDH?

Cuestiones que tengan que ver con la restricción de la libertad de expresión, o el 155 entendiendo que puede limitar el derecho de participación política. Las investigaciones del 1-O acabarán llegando también, inicialmente era desobediencia y prevaricación y de repente se imputa rebelión y sedición? Esto llegará, así como la vulneración de la presunción de inocencia. Y de la libertad de pensamiento. No llegará una única causa en paquete, sino varias. La de Roger Español, el chico que perdió un ojo, acabará llegando si no se depuran responsabilidades en el ámbito interno. Pero todo esto pasará en cinco, seis o siete años, la gente no lo recordará, por eso es importante denunciar ahora y hacer presión para que la deriva termine. Ahora es más importante que nunca movilizar la vergüenza por las acciones represivas que se están haciendo en España.

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