Las entidades de acción social critican que la Renta Garantizada no asegura unos ingresos mínimos a la población

En el balance de los dos años de la aplicación de la normativa se considera que la cobertura es insuficiente y se reclama un reglamento que amplie su aplicación

Redacció
 
 
 
La RGC es va aconseguir amb la participació de moltes entitats socials, sindicals i polítiques Foto: Enric Català

La RGC es va aconseguir amb la participació de moltes entitats socials, sindicals i polítiques Foto: Enric Català

«Las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna». Este es el artículo 24.3 del Estatuto de Autonomía de Catalunya y, según la agrupación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), no se está cumpliendo. Así lo han considerado durante la valoración que han realizado sobre los dos años de la aprobación de la Renta Garantizada en Catalunya (RGC).

Según la ECAS, que agrupa más de 110 organizaciones sin ánimo de lucro que atienden a 962.700 personas al año, «la RGC es insuficiente y no se ha aprobado todavía el reglamento que deberá asegurar el despliegue». Según la entidad, el Gobierno prevé aprobar dicho reglamento a principios del año próximo. Con este documento existe la esperanza de que se flexibilicen los criterios y se amplíe el alcance. Esto porque hay constancia de que hay muchas familias y personas que quedan excluidas de las ayudas de la Renta Garantizada de Ciudadanía, a pesar de estar afectadas por situaciones de pobreza y vulnerabilidad, afirma ECAS.

Las entidades de acción social recuerdan que han contribuido a mejorar el desarrollo de la renta garantizada en Catalunya con la esperanza de que se cumplan las expectativas que se pusieron en la norma hace dos años. ECAS ya hizo un informe en los primeros meses de aplicación de la renta garantizada en el que se alertaba del alto número de denegaciones que se producían. Por ello reclamaban a la Administración unificar criterios de resolución. En ese trabajo también se pusieron sobre la mesa «incidencias, disfunciones y carencias» detectadas en la aplicación de la ley. En este sentido reclaman ampliar el rol de las entidades sociales a la hora de agilizar la gestión, facilitar los trámites y asegurar el acompañamiento y el apoyo a las personas beneficiarias de la RGC.

ECAS recuerda que según la Encuesta de Condiciones de Vida del Idescat, el 21,3% de la población está en riesgo de pobreza o exclusión social en Catalunya. Esto pone de relieve la necesidad de incrementar la inversión social. Además, destaca que las desigualdades, lejos de disminuir, aumentan y la pobreza se cronifica.

El Colegio de Trabajo Social insta a aprobar el reglamento

Por su parte, el Colegio de Trabajo Social de Catalunya ha emitido también una nota pública, en la que reclama la adopción del reglamento de la Renta Garantizada y la necesidad de poner en marcha las mesas territoriales para mejorar el desarrollo de la normativa, para lo que se necesitaría más coordinación entre la Generalitat y los entes locales. El reglamento debe servir para incorporar perfiles que ahora quedan fuera y cubrir también todas aquellas personas que, a pesar de tener trabajo incluso a jornada completa, no alcanzan un nivel de ingresos o una estabilidad suficiente para evitar caer en la pobreza.

Con una tasa de pobreza del 21,3% y la creciente precariedad laboral, la Renta Garantizada debería modificarse normativamente para ampliar su alcance y dar acceso a nuevos perfiles y trabajadores con salarios inferiores a la prestación, afirma el colegio.
A pesar de las 122.305 personas beneficiarias según los últimos datos disponibles, el Colegio de Trabajo Social de Catalunya cree firmemente que Catalunya sigue necesitando con urgencia la aclaración de la forma de aplicación y también dotar a la Renta Garantizada de Ciudadanía de fondos suficientes para que pueda cumplir con lo que dice de Estatuto con la máxima urgencia.

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