«Las empresas privadas hacen negocio con dinero público», o cómo subcontratar ambulancias perjudica a trabajadores y pacientes

Tras una huelga de dos días del personal del SEM, se debe radiografiar el estado de los profesionales del transporte sanitario: desde situaciones de precaridad laboral, hasta ambulancias y material en mal estado, pasando por empresas acusadas de contratación fraudulenta

Carla Benito
 
 
 
Imatge d'arxiu d'una de les mobilitzacions dels tècnics d'ambulàncies subcontractats / Tècnics En Lluita @TLluita

Imatge d'arxiu d'una de les mobilitzacions dels tècnics d'ambulàncies subcontractats / Tècnics En Lluita @TLluita

Los trabajadores del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) salen de una huelga de dos días. La convocatoria respondía a la exigencia de obtener los incrementos salariales pactados en el anterior convenio. Si bien se decidió que no habría incrementos salariales para mantener los puestos de trabajo, a los trabajadores del SEM sí se les aplicarían los incrementos que afectaran el sector público catalán.

El año pasado aumentó el salario de los trabajadores del servicio de emergencias un 2,25% al ​​igual que a todos los trabajadores del sector público de Catalunya dependiente de la Generalitat. Pero este año no se les ha aplicado la subida que, según Àngels Balliu, delegada de CCOO en el SEM, debería ser también del 2,25% más un 0,25% pactado.

Durante los dos días de huelga, con unos servicios mínimos aplicados del 85%, las ambulancias, circularon con carteles donde se anunciaba que eran servicios mínimos y se han repartido octavillas con las demandas de los trabajadores. Del 15% que sí podía hacer huelga, lo ha seguido un 60%, según explica Roger Espí, portavoz de la Agrupació de Metges i Infermeres de Catalunya (AMIC). Miércoles, el último de los dos días de huelga, el sector había convocado a las puertas de su sede en L’Hospitalet de Llobregat una comida gratuita bajo el nombre Foodtruck & Burger Party para apoyar la huelga.

Por su parte, la valoración que ha hecho la dirección del Servei Català de la Salut después de haberse reunido con los sindicatos que convocaban, fue de plena confianza hacia la gestión de la actual dirección del SEM. Sin embargo, transmitían que «al equipo del CatSalut le preocupa, al igual que los representantes de las trabajadoras y trabajadores, la dificultad en cubrir algunas posiciones de médico tanto en las ambulancias de todo el país como el atención no presencial de la Central de Coordinación Sanitaria (CECOS) del  SEM».

Una de les ambulàncies del SEM durant la vaga del 7 i 8 de maig lluint els cartells de Serveis Mínims / Tw: @OctaviRodriguez

Todo el transporte sanitario debería ser de gestión, provisión y titularidad pública

El mundo de las ambulancias no sólo vive problemas en el sector titularidad completa de la Generalitat de Catalunya. Los técnicos de transporte sanitario de Catalunya de empresas subcontratadas ya llevan meses manifestándose y realizando movilizaciones diversas desde el colectivo Tècnics en Lluita para pedir la mejora de sus condiciones laborales y un reconocimiento. A grandes rasgos, reclaman equiparar las condiciones de los trabajadores subcontratados, que representan como mínimo un 90%, con los del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). Como nos hacía notar Oscar, uno de los portavoces de Tècnics en Lluita: «pedimos la equiparación salarial con el SEM para que se normal que si hacemos el mismo trabajo, recibimos el mismo sueldo». Entienden que quizás el convenio entre patronal y sindicatos, que no están ni siquiera negociando, está parado porqué también lo está el convenio estatal y «el papel de la patronal ahora es esperar a ver qué pasa».

Otras demandas implicarían un convenio digno pero en un estadio superior la desprivatización de la sanidad. «Las empresas privadas están haciendo negocio de dinero público y, aparte de nosotros, quien se ve afectado es el usuario cuando sufre retrasos de seis horas y no llega a la visita que tenía programada para que la ambulancia no ha llegado a tiempo» , relatan desde Técnicos en lucha que indican que «la mala planificación que ven en el transporte colectivo provoca masificación y esperas».

La exigencia de un transporte sanitario de gestión, provisión y titularidad pública viene de la aprobación en el Parlament de Catalunya el año 2016 con la Moción 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre el transporte sanitario y la atención de las urgencias y emergencias médicas, y en la Resolución 285/XI del Parlament de Catalunya, sobre las actuaciones para un nuevo modelo de gestión del Sistema de emergencias médicas.

Además, a las condiciones de presión bajo las que trabajan se suma el entorno poco adecuado para desarrollar su trabajo. Describen las ambulancias como vehículos viejos, en mal estado y sin aire acondicionado en muchos de los casos. También, a nivel retributivo, fuera de sufrir los recortes y no los incrementos que reciben los funcionarios, denuncian que tampoco se les remunera la formación ni se les respetan los descansos reglados. Otro de los aspectos que señalan son las contrataciones precarias. Indican que se hace un «uso fraudulento del contrato en prácticas, donde personal de nueva contratación, es obligado a hacer la misma función que el personal indefinido con contratos en prácticas cobrando hasta un 40% menos de sueldo y alargando esta situación hasta 2 años».

Desde Tècnics en Lluita están denunciando esta situación por la vía política presentando mociones pero también la judicial. Ahora mismo se encuentra en manos de la fiscalía una denuncia por concurso fraudulento y ha sido personada por la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Las ambulancias de titularidad privada que realizan tareas para la sanidad pública pertenecen a empresas que previamente han entrado en subasta y han obtenido una serie de puntos que les ha permitido ganar el concurso. Un concurso que el pasado año 2016, se adjudicó con un presupuesto de 1,286,312,283.66 euros, y un valor estimado de 2,556,485,716.75 euros, tanto para el servicio Urgente, como para el No Urgente. Desde Tècnics en Lluita pedían que esta adjudicación fuese investigada, «ya que no fue suficientemente clara en algunos lotes, la calidad y eficacia del servicio que recibe el usuario, ha sufrido un fuerte descenso, así como también la situación laboral del personal».

La denuncia que la CUP interpuso ante la Fiscalía en abril de 2016 explicaba que les llevaba a pensar que podía existir «una cierta causalidad» entre una donación y el acto de la adjudicación del contrato de transporte sanitario en Catalunya. Los hechos que ponían a manos de la fiscalía para que procediera a su investigación se remontaban al año 2012 cuando el fondo de capital riesgo Investindustrial, propiedad de la familia Bonomi, adquirió la totalidad de Port Aventura. Fue así hasta marzo de 2016, cuando vendió el 49,9% de Port Aventura al fondo de inversión KKR.

La explicación sigue señalando que la Fundación Port Aventura firmó en julio de 2015 con el Hospital Sant Joan de Déu, centro de titularidad privada pero con vocación y financiación pública y proveedor del Cat Salut, un convenio de colaboración que suponía una donación de 3 millones de euros.

Otra idea que añadían al escrito era que el 1 de abril de 2015 se procedió a la adjudicación definitiva del contrato de transporte sanitario en Catalunya por un periodo de 10 años y una cantidad de 2256 millones de euros, siendo este el concurso de más cuantía de la décima legislatura autonómica. De los 13 lotes que salían a concurso, 7 de ellos fueron concedidos a la empresa Transport Sanitari de Catalunya SL, que pertenece a la familia Bonomi a través de International Emergency Services SARL, un fondo de inversión radicado en Luxemburgo que es 100% propiedad de Investindustrial.

En el texto presentado a Fiscalía, la CUP exponía que en «consecuencia no hay ninguna duda de que los donantes de 3 millones de euros al Servei Català de la Salut en julio de 2015 vía Hospital de Sant Joan de Déu y los receptores de la adjudicación multimillonaria por parte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la misma primavera de 2015 son la familia Bonomi mediante el fondo de inversión Investindustrial, lo que, a nuestro entender y vistas las irregularidades denunciadas por el sector podría ser indiciariamente constitutivo de varios delitos contra la administración pública «.

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