La sentencia del Procés y el derecho de protesta

La sentencia del Tribunal Supremo abre la puerta a que cualquier acto masivo de desobediencia sea condenado como sedición. Esto es algo que debería preocupar al Tsunami Democràtic, al próximo 15M, al movimiento ecologista o al movimiento de vivienda que busca paralizar desahucios

Daniel Amelang
 
 
Manifestació en suport a Catalunya a Madrid | Álvaro Minguito

Manifestació en suport a Catalunya a Madrid | Álvaro Minguito

El 14 de octubre el Tribunal Supremo hizo pública la ansiada sentencia del Juicio del Procés. Una fecha absolutamente simbólica en la historia de Catalunya, así como en la historia de los juicios por rebelión en el Estado español, que no son muy abundantes puesto que, cuando una rebelión triunfa, deja de ser delito. Hace exactamente 79 años antes, en otro 14 de octubre, un tribunal militar celebró un juicio sumarísimo contra el president de la Generalitat, Lluís Companys, y lo condenó a morir al día siguiente por “adhesión a la sublevación”. Por un día, la fecha no coincide también con la efeméride del fusilamiento del pedagogo anarquista Francesc Ferrer i Guardia, condenado a muerte por la comisión de un delito de rebelión, sirviendo como chivo expiatorio de los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona de 1909.

Por fortuna, en el juicio por los hechos del 1 de octubre de 2017 nadie se jugaba la vida —si bien, la libertad sí— y, a pesar de ciertos símiles que se puedan hacer, las diferencias eran importantes. En el momento en que se hizo pública la sentencia, sabíamos que finalmente los acusados no iban a ser condenados por un delito rebelión, gracias a las filtraciones que se habían producido dos días antes.

La condena, finalmente, se ha producido por la comisión de un delito de sedición, con penas duras de entre 9 y 13 años para nueve de los doce acusados y dictada por unanimidad, sin votos particulares. Una unidad y consenso en el Supremo con el fin de sentar cátedra acerca de los elementos de este delito.

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