La sentencia del Procés, «dura e injusta»

Después de la sentencia, volvemos a hablar con activistas, juristas y políticos que ya habían sido entrevistados por Catalunya Plural en relación al Procés, para conocer sus opioniones sobre la sentencia. Jordi Nieva-Fenoll, Joan Josep Queralt, José María Mena, José Montilla, Montserrat Tura, Jordi Armadans, Kristian Herbolzsheimer, Anton Costas y Joan Manuel Tresserras coinciden en la "excesiva dureza y desproporcionalidad"

Siscu Baiges
 
 
 

La sentencia del Tribunal Supremo contra las personas juzgadas por la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 es excesivamente dura, tanto en lo referente a la determinación de los delitos cometidos como a las penas impuestas. Esta es la impresión más extendida entre los juristas, políticos y activistas consultados por Catatunya Plural, personas a las que este medio ya había entrevistado y se les ha vuelto a pedir la palabra. Hemos hablado con Jordi Nieva-Fenoll , Joan Josep Queralt , José María Mena , José Montilla , Montserrat Tura , Jordi Armadans , Kristian Herbolzheimer , Anton Costas yJoan Manuel Tresserras.

El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jordi Nieva-Fenoll , considera que la sentencia es dura: «Con condenas de 13 años, que no es poco. Los había que esperaban mucho más, pero condenas de 25 años habrían sido aberrantes». Para él, la condena por sedición «no se acaba de ajustar bien a lo que pasó. Se están juzgando unos disturbios gravísimos, que no sucedieron, porque la propia sentencia reconoce que no se alteró el funcionamiento de la vida ciudadana y que el Estado tuvo siempre el control de las instituciones y de la vida social».

Nieva-Fenoll prevé problemas con la sentencia al considerar que la imputación por sedición es contraria a la presunción de inocencia: «hay interpretaciones alternativas a la sentencia, con resultados más ligeros. Además, era muy difícil de prever que una acción similar al 9N acabara con una condena por sedición». Esto, dice, puede tener trascendencia no sólo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino también «ante el mismo Tribunal Constitucional», concluye.

Por su parte, Joan Josep Queralt, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, ​​califica la sentencia de «maquiavélica» y afirma que «no se ajusta al derecho vigente en España. No respeta el principio de legalidad». Niega que haya existido ninguno de los delitos incluidos en ella. Ni sedición, ni malversación, ni desobediencia. No hay sedición, según él, porque «no ha habido ni levantamiento ni tumultos públicos. No puede ser violencia resistir los golpes de porra de la policía». Considera que para que haya malversación debe causar un perjuicio a la caja pública. «Nadie lo ha podido demostrar», dice y recuerda que incluso el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro afirmó que no había detectado ninguna desviación de dinero en este sentido. Y en cuanto a la desobediencia cree que si la ha habido no ha llegado a la categoría de delito.

Al ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya José María Mena las penas impuestas le parecen «totalmente desproporcionadas» y recuerda que son comparables a las que se aplican por violación u homicidio. Destaca que el propio Tribunal Supremo no acusa a los imputados por las violencias que se produjeron en la concentración del 20 de septiembre o el día del referéndum, sino por «utilizarlas para tensar la cuerda y conseguir una negociación con el gobierno español». Para Mena, esto quiere decir que nos encontramos ante un «delito no consumado» y que habría que rebajar en uno o dos grados las penas impuestas por sedición, lo que supondría penas de entre 4 y 8 años o entre 2 y 4 años.

No se ha tomado esta decisión ni se ha incluido en la sentencia la propuesta de indulto al gobierno, según él, para no desairar más al fiscal principal de la acusación, Javier Zaragoza, a quien se rechazó la calificación de rebelión. «Han pretendido quedarse en un término medio -entre rebelión y nada- pero podrían haber graduado las penas en un nivel más digerible», deduce.
El ex-presidente de la Generalitat José Montilla afirma que «la sentencia, con una dura imposición de penas, establece cuáles han sido los delitos y qué grado de responsabilidad corresponde a cada una de las personas juzgadas. La publicación de la sentencia ha supuesto críticas de los que la consideran injusta por exceso o defecto. Y es normal que así sea: las sentencias de todos los tribunales y para todas las personas afectadas, deben ser acatadas. Pero criticarlas, para expresar su disconformidad, es una conducta del todo legítima».
Y recuerda que «la sentencia, que es firme, permite aún la posibilidad de un recorrido jurídico ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si alguien de entre los condenados considera lesionados sus derechos». Se muestra solidario con el dolor de las personas condenadas aunque recuerda que no comparte los actos que realizaron, y considera que «la política debe recuperar la iniciativa y el tiempo perdido». «Necesitamos actos de coraje. El primero, reconocer honestamente el fracaso de la vía elegida para defender un proyecto político. Nunca más se puede caer en el error de creer que saltarse el marco jurídico es un buen camino. En segundo lugar, entender que el Procés ha expresado un malestar basado en la existencia de problemas reales de nuestro autogobierno, de los que debería ser consciente el conjunto de la sociedad española,

«La sentencia duele. Hoy Catalunya está dolorida, triste», comenta la ex-consejera de Interior y de Justicia Montserrat Tura. «El abanico de penas de privación de libertad es muy elevado, demasiado», cree, y añade que «la sentencia no separa la calle de las instituciones de gobierno. Hubiera querido que a los líderes de las asociaciones no se les reconociera capacidad sediciosa». Como Montilla, piensa que «la sentencia devuelve a la mesa política el grave problema, que hace años que dura y se manifiesta con movilizaciones importantísimas», ya que, a su entender «se tendrán que plantear un indulto parcial y la aplicación cuidadosa de la normativa penitenciaria».

El ex-consejero de Cultura y Medios de Comunicación, Joan Manuel Tresserras se muestra muy dolido: «La sentencia contra el independentismo supone el abandono definitivo de los preceptos democráticos por parte del Estado español. Sus valedores mintieron a la instrucción del juicio. Han manipulado calculadamente la opinión pública española. Han provocado episodios conflictivos, proferido amenazas, detenido sin fundamento y difamado, procurando establecer algún tipo de vinculación entre independentismo y violencia».

Asimismo, considera que durante el juicio «han exigido falsos testimonios a miembros de los cuerpos policiales. Han forzado la legalidad y distorsionado figuras penales por vulnerar los derechos fundamentales de personas y colectivos. Han bloqueado todas las vías democráticas que permitían ejercer los derechos de expresión y decisión política. Han prácticamente liquidado las garantías -a través de la sentencia- a la libertad de expresión y el derecho de manifestación. Han pretendido cambiar el sentido de la desobediencia civil, de la resistencia pacífica, de la protesta no-violenta.

Tresserras, miembro de ERC, el partido al que pertenece Oriol Junqueras, que ha recibido la condena más elevada, concluye que se ha asistido «a la ceremonia de los verdugos mofándose de la verdad y la justicia, mientras celebraban la condena de los que querían y quieren poder dialogar y decidir democráticamente».

Antón Costas , catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona, ante la pregunta que le han hecho personas de diferentes orientaciones políticas sobre si la sentencia es justa o no, hace la siguiente reflexión: «El problema con este tipo de cuestiones es que en Catalunya ya no sabemos hablar de este tipo de cosas, de lo que es justo o injusto, de lo que es democrático o autoritario … y así sobre muchas otras cuestiones que afectan a la convivencia entre catalanes y no sólo a las relaciones políticas». Costas piensa que «la sentencia es ajustada al derecho, aunque hubiera preferido mayor flexibilidad en la calificación de los hechos y de las penas».

A su entender, «ahora toca utilizar todos los mecanismos legales para tener a los dirigentes políticos ejerciendo como tales en las instituciones y no mártires rehenes en las cárceles. Y, mientras tanto, evitar caer en una cultura de la protesta que nos haría daño a todos».

También hemos consultado a dos dirigentes del movimiento pacifista: Jordi Armadans , director de Fundipau, y Kristian Herbolzheimer, director del Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP). Armadans considera que se trata de una sentencia «que no se ajusta a la realidad: habla de hechos violentos que nadie (periodistas internacionales, analistas independientes, ONG europeas, etc.) vio». También opina que es «una sentencia contradictoria: por un lado dice que todo fue un engaño del Gobierno a la población porque, efectivamente, no se pretendía declarar un Estado independiente y, por otro, los condena por sedición». Según él, esta sentencia crea un peligroso precedente: a partir de ahora, las movilizaciones sociales, protestas pacíficas, etc, pueden acabar siendo llevadas a juicio y condenadas».

Cree que estamos en un escenario que no resuelve el conflicto: «en la base de todo esto hay un conflicto de naturaleza política que debe ser abordado como tal. Con la sentencia no sólo no se resuelve nada, sino que se incrementa la tensión, se dificultan las salidas y se complican los escenarios de negociación y diálogo; una sentencia que supone incrementar el dolor y el sufrimiento: el de las personas condenadas, el de sus familias y las personas cercanas». Y acaba concluyendo que esta decisión del Tribunal Supremo «pone aún más en crisis al Estado, su estabilidad y su unidad: si hay que seducir a la mitad de catalanes para que abandonen su proyecto independentista no será, precisamente, a base golpes, represión y prisión».

En cuanto a Kristian Herbolzheimer, su valoración es que «el juicio representa el fracaso de la política para resolver las diferencias con la palabra. La cárcel no ayuda a resolver el conflicto. Desde el ICIP trabajamos, con mirada larga, para reconstruir relaciones entre todo el espectro social y político que nos permitan avanzar, sin que nadie tenga que renunciar a sus principios e ideales». «Con personas en prisión será difícil avanzar», concluye.

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