La plataforma International Trial Watch apunta que «España se ha convertido en un país desobediente de los Derechos Humanos»

La plataforma ITW, formada por diversas entidades, observadores y juristas de Catalunya, el Estado español y del resto del mundo, ha presentado el informe preliminar con las conclusiones respecto el juicio contra el Procés, en el que determinan que se han cometido hasta 20 vulneraciones de derechos fundamentales

Sandra Vicente
 
 
 
Membres de l'ITW presentant l'informe preliminar amb les conclusions extretes del Judici del Procés | S.V.B.

Membres de l'ITW presentant l'informe preliminar amb les conclusions extretes del Judici del Procés | S.V.B.

La plataforma International Trial Watch, formada por diversas entidades de defensa de los Derechos Civiles para fiscalizar el juicio del 1-O, ha hecho la presentación de los resultados de su labor de observación. 40 personas observadoras, 10 académicas y 10 miembros de organizaciones, tanto a nivel catalán, como de España y de todo el mundo presenciaron las sesiones en el Tribunal Supremo e hicieron un seguimiento semanal, a raíz del cual han establecido una visión «objetiva y seria», según destacó Luca Gervasoni.

En la sesión se ha presentado un informe preliminar, en el que se han destacado 20 conclusiones extraídas de los cuatro meses de juicio, a las que se han adherido más de treinta entidades. Los profesores de derecho y coautores del informe Mercè Barceló e Iñaki Rivera han destacado las principales vulneraciones de derechos que se han observado durante el proceso judicial. Entre ellas, realzan que una hipotética condena por sedición o rebelión sólo podrían ser posibles si se hicieran «aparte de los hechos, ya que sin levantamiento violento no se pueden dar ninguno de los dos delitos».

Las acusaciones no han podido determinar ni cuándo ni dónde se han dado las muestras de violencia y «como mucho, se han podido demostrar caras de odio e insultos a los agentes», apuntó Barceló. Así, las concentraciones ciudadanas «no pueden transformar el orden constitucional. Si lo hubieran hecho, el estado hubiera decretado el estado de sitio, lo que no ocurrió». Así, han decretado que una condena rompería el principio de legalidad penal de la Constitución española.

En esta línea, se ha destacado que los delitos que se imputan a Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Carme Forcadell son en base a acciones que están amparadas por la libertad de expresión y, en el caso concreto de la ex presidenta del Parlament, sus acciones como miembro de la Mesa estaban amparadas por el derecho al libre ejercicio de cargo público sin injerencias. «Ante las injerencias de los poderes del Estado español, Forcadell cumplió escrupulosamente su función, para impedir que se interfiese en la inviolabilidad parlamentaria», apuntó Rivera.

Así, cuando las conductas encausadas son ajenas al Código Penal, «se produce una señal inequívoca de que no se persiguen conductas criminales sino ideas políticas», sentenció Barceló. En este sentido, Rivera ha destacado que la «imparcialidad del tribunal se ha visto afectada», en relación a la pertenencia de dos magistrados a la Junta Electoral Central o a las «constantes interrupciones de Marchena a las defensas». El diferente trato a las defensas y las acusaciones, la falta de tiempo dedicado a las pruebas documentales o las «sesiones extenuantes» se destacan como vulneraciones de los derechos de las defensas.

Derechos vulnerados

Una de las vulneraciones que más se han destacado ha sido la del derecho a la libertad. La ONU declaró que hasta siete de los presos políticos sufrían cárceles preventivas arbitrarias, en contra de la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo. Con todo ello, Rivera ha destacado que las «descalificaciones y desprecio al sistema de la ONU, así como la desobediencia, constituyen un antecedente muy peligroso».

Por todo ello, Rivera ha destacado la importancia de este informe: «estamos pendientes de una sentencia y estas observaciones deberían ser tenidas en cuenta antes de pronunciarse». Así, a pesar de la gravedad de las conclusiones de ITW, Rivera ha lamentado que el Tribunal Supremo nunca reconoció la calidad de observadores de los miembros de la plataforma. «Pero independientemente de eso teníamos la responsabilidad civil y democrática de pronunciarnos, como ciudadanos y juristas, ante una vulneración de derechos fundamentales», ha añadido el letrado Joseba Belaustegui.
Y es que, según la plataforma, esta situación judicial que se vive en Catalunya es «un problema de Europa», consideró Barceló, que ha destacado que en todo el continente se están viendo casos de vulneraciones de derechos de libertad de expresión y reunión. «Vemos cúpulas de tribunales que no son independientes y estamos hablando de la esencia de la democracia y de los derechos fundamentales», según Barceló. En esta línea, Belaustegui ha sentenciado que «España se ha convertido en un estado desobediente de los derechos humanos», en referencia al menosprecio de las resoluciones de la ONU.

Examen de España ante la ONU

Ante estas conclusiones, varios miembros de plataformas de defensa de los derechos civiles del Estado español han reiterado la peligrosidad de este proceso judicial, que asienta unos «precedentes para todos los movimientos nacionales que quieran ejercer sus derechos fundamentales y el libre derecho a decidir «, apuntó Belaustegui. «El estado necesita de la violencia para deslegitimar el enemigo a la unidad de España», sentenció el vasco, en referencia a un proceso como el catalán en el que, asegura, no ha habido violencia, pero «se ha creado artificiosamente «.

Ante este «grave retroceso» político y democrático, tal como ha definido el proceso judicial Cristina Serván, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la plataforma ITW ha decidido presentar el llamado Informe Sombra ante el alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU. Se trata de una aportación de la sociedad civil, para que las Naciones Unidas lo tenga en cuenta de cara al examen periódico universal al que se someterá España el próximo enero de 2020.

La libertad de expresión, según ha destacado ITW, ya era un problema preocupante de España desde el último examen de hace cuatro años. La violencia policial el 1 de Octubre, la respuesta estatal a la problemática política, la falta de libertad de expresión y las cuestiones procesales del juicio serán las bases del informe Sombra.

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