La Justicia alemana desmonta el relato del juez Llarena y refuerza la vía política

El auto de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein pone en evidencia la acusación de rebelión y por lo tanto la prisión preventiva de los líderes catalanes

Jaume Risquete
 
 
 
Puigdemont en una imagen de archivo

Puigdemont en una imagen de archivo

El auto de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, que resuelve extraditar a España Carles Puigdemont por presunto delito de malversación de fondos públicos, pero no por rebelión, no es que dé la razón a independentistas catalanes, sino a cualquier ciudadano que haya presenciado -sin haber estar de acuerdo- alguno de los muchos actos multitudinarios en los últimos ocho años del soberanismo catalán. El tono pacífico, se esté a favor o en contra de la independencia, ha sido una constante en las manifestaciones y concentraciones en Cataluña.

La resolución del tribunal de este land del norte de Alemania es una buena noticia porque vuelve a centrar el conflicto lejos de la judicialización y más cerca del campo de la política y, por tanto, del diálogo. Es lo que buscaba Pedro Sánchez: dejar de dar argumentos al processisme para seguir alimentando un conflicto polarizado entre independentistas y unionistas (o constitucionalistas). Y es lo que insistió la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, al saber la resolución: «Que todo entre en el ámbito de la política, que es en el único ámbito en el que se puede resolver [el conflicto]».

El auto coincide con el que se vivió el 20 de septiembre ante el departamento de Economía, con Jordi Sánchez y Jordi Cuixart subidos sobre un coche de la Guardia Civil, y que el documental 20-S (producido pe MediaPro), que emitió recientemente TV3, no deja margen a ninguna interpretación sesgada: no hubo rebelión. Sólo un acto multitudinario y espontáneo de protesta en las calles en la línea de lo que ocurrió a raíz sentencia de «La Manada».

La decisión del Tribunal Supremo español ha sido, sin embargo, la de rechazar la entrega de Puigdemont sólo por malversación de fondos públicos (una pena mucho menor que la de rebelión o sedición). Insisten en la rebelión. Y sin esta rebelión sólo existe en las fake news y comentarios alejados de los hechos reales. La imagen de la justicia del Estado español queda claramente dañada en su reputación y, por suerte, esto abre el camino para que el deshielo y el diálogo se sitúen en el campo sólo de la política. Ni en el campo de la justicia ni en el mediático. Estrictamente en el campo político.

Por lo tanto, este auto también nos está diciendo que la imputación a los políticos encarcelados con prisión preventiva es una aberración que sólo se explica por la mentalidad y la visión del mundo del magistrado que instruye el caso, Pablo Llarena, que se ha creído una realidad a base de titulares falsos del «cola-cao» del Madrid de derechas y ultraderecha. Quien, por ejemplo, conozca personalmente Raül Romeva y aún más conozca su trayectoria de eurodiputado pacificista y ecologista en Bruselas, sólo puede encontrar en la imputación de instigador a la violencia un chiste de mal gusto, una ignominia o bien una burla al sentido común.

La primera vez que oí la expresión «el cola-cao» madrileño fue en un simposio en Ávila hace 25 años de boca del periodista Graciano Palomo, biógrafo de Aznar. Eran tiempos de la llamada «ansonada», un grupo de periodistas en torno a quien entonces era el director del diario ABC , Luis María Ansón, un monárquico a ultranza ideólogo de la derecha conservadora española, rodeando otros periodistas como Pedro J. Ramírez, Antonio Herrero o Pablo Sebastián, que conspiraron para derribar al PSOE de Felipe González.

El «Cola-Cao» de Madrid hace referencia a un grupo selecto o élite política y periodística que sea de un color ideológico o de otro tiene la capacidad de influir en la opinión pública española, muy a menudo haciendo pasar por rumores o simplemente noticias falsas lo que sucede en la villa y corte, es decir, el Madrid capital de uno de los estados más antiguos de Europa.

Pues bien, el «Cola-Cao» de Madrid es con aquella famosa portada del ABC, «igual que Franco, pero al revés: persecución del castellano en Cataluña» , uno de los precursores de lo que desde hace dos años -con la campaña electoral de Donald Trump- se conoce como fake news : hacer pasar por cierto, y conseguir que sea creíble a ojos de mucha gente, lo que objetivamente es una falsedad contrastada.

Alemania, a pesar de ser un Estado federal, tiene una mentalidad regionalista puramente folclórica. Ni siquiera ser bávaro implica un sentimiento nacionalista. La única nación es Alemania. El Estado de las Autonomías tiene unos niveles de autogobierno, especialmente Cataluña y Euskadi, que hacen del Reino de España uno de los estados más descentralizados del mundo y con la pervivencia de unos sentimientos identitarios plurinacionales bien sólidos.

Que un tribunal alemán vea claramente que los hechos de septiembre y octubre del año pasado no fueron un acto de rebelión contra el Estado y su unidad no sólo desmonta el relato falso construido por los ministros de Rajoy y la caverna mediática , también nos sitúa ante la realidad actual de una forma extensa de hacer política y periodismo basado en la búsqueda constante de la destrucción del adversario; incluso, si es necesario, pasando por encima, pisando torpemente la realidad objetiva de los hechos. No hacía falta haber visto el documental de TV3 para saber que los hechos relatados por Llarena se basan en fake news, en titulares de periódico de este «Cola-Cao» de Madrid, en comentaristas y tertulianos, muchos cuota del Partido Popular.

Ahora, un tribunal de un land alemán -por cierto, donde el fuerte viento es uno de los rasgos de su climatologia- ha puesto ante la justicia española aquel espejo que el escritor realista francés Stendhal, a Rojo y negro, pedía poner cuando se novelaba la realidad.

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