La emergencia del alquiler en Barcelona empuja los inquilinos a la calle: “Estamos hartos del nomadismo al que se nos condena en esta ciudad”

El Sindicato de Inquilinos es uno de los muchos colectivos que se ha sumado a la manifestación de este sábado, que denunciar “la mercantilización y la precarización de la vida en la ciudad”. En la capital catalana, la manifestación dará el toque de salida a las 18 h en los Jardinets de Gracia y recorrerá diferentes “puntos calientes” que los organizadores consideran responsables de la situación actual hasta llegar frente a la Delegación del Gobierno

Sònia Calvó
 
 
 
Una niña durante una manifestación por el derecho a una vivienda digna / OLMO CALVO (eldiario.es)

Una niña durante una manifestación por el derecho a una vivienda digna / OLMO CALVO (eldiario.es)

“Sabes quien es el propietario? ¿Tiene más propiedades? Debes mirarlo en el Registro de Propiedad”. Aldo, Oleguer, Quim y Marta repiten estas frases cual mantra a los asistentes a la asamblea de bienvenida del Sindicato de Inquilinos cada domingo. A la última sesión han acudido cerca de 40 personas. Amigas que comparten piso, familias con hijos, personas mayores, representantes de comunidades de vecinos… Todos los perfiles que uno pueda imaginar se reúnen en esa asamblea. Oleguer, miembro del Sindicato, toma el micro y deja clara la única premisa: “Aquí no venimos a preguntar ‘qué hay de lo mío’, se trata de aprender y de ayudarnos entre todos”. Todo el mundo asiente y paulatinamente van levantando la mano para pedir turno.

Maria (32) y Claudia (29) son de las primeras en hablar. Hace tres años que viven en el distrito de Gracia. Su contrato finaliza este agosto y ya les han avanzado que les van a subir el alquiler 200 euros más, con el añadido de 300 euros por los trámites para renovar el contrato. “Estamos preocupadas, porque nos han dado un ultimátum que debemos dar una respuesta este viernes”, explican las jóvenes. Su sorpresa ha sido mayúscula cuando el Sindicato les ha desmentido esta información, ya que, legalmente, tienen más tiempo para decidir sobre su futuro habitacional. Sin embargo, las dos se muestran preocupadas, pese a tener trabajo fijo como maestras. “Hemos buscado otros sitios por el barrio, pero no hemos encontrado nada por el precio que podemos asumir, ¿tendremos que irnos del barrio y de la ciudad porque no podemos pagar?”, cuestionan. Las dos asistirán a la manifestación programada para este sábado por la tarde. “Barcelona no está en venta”, reza la convocatoria. Las dos maestras se preguntan: “Si nos echan, ¿donde vamos a vivir?”. Por ello piden al Ayuntamiento que regule y limite el precio del alquiler.

El Sindicato de Inquilinos es uno de los muchos colectivos que se ha sumado a la manifestación del sábado, junto a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), l’Assamblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), el Sindicat de Barri del Poble-sec, el Grup d’Habitatge de Sants, l’Oficina d’Habitatge de Gràcia, el Observatori DESC y un largo etcétera. La manifestación quiere denunciar “la mercantilización y la precarización de la vida en la ciudad”. En la capital catalana, la manifestación dará el toque de salida a las 18 h en los Jardinets de Gracia y recorrerá diferentes “puntos calientes” que los organizadores consideran responsables de la situación actual –inmobiliarias, oficinas de turismo o sedes de partidos políticos– hasta llegar frente a la Delegación del Gobierno. “Queremos denunciar como de precario es el mercado de turismo y los puestos de trabajo que éste genera”, explica una de las representantes del Sindicato de Inquilinos, Marta Ill.

La manifestación se celebrará de manera simultánea en diferentes puntos de todo el estado porque, opinan desde el Sindicato, es una situación “que se repite una y otra vez”. “Nuestras ciudades no están en venda, no son mercancías en manos de especuladores ni de quien se quiera lucrar a través de la vivienda, el consumo, o la fuerza del trabajo”, añade la portavoz. Esta situación, concluye Ill, condena a la ciudadanía a ser nómadas, con contratos que se extinguen cada tres años. “Estamos hartos”, despacha.

Los miembros del Sindicato de Inquilinos aprovechan la asamblea para animar a los asistentes a participar en la manifestación del sábado, que esperan que sea multitudinaria, con más de 3.000 personas. Fatiha, de 58 años y vecina del Raval, es el primer día que asiste al Sindicato de Inquilinos, pero tiene claro que irá a la manifestación del sábado. “Fui al encierro de Migrantes y ahí me informaron de la manifestación por el derecho a la vivienda para todos”, relata Fatiha. Ella vive con tres familiares en un pequeño piso en el Raval, pero es la única que trabaja, además de cuidar del resto de familiares, que están enfermos. Hace cinco años que viven en ese piso y, pese a que faltan ocho meses para la finalización del contrato, ya les ha llegado una carta explicando que no quieren renovarles. Fatiha intuye que es por el cambio de propiedad del edificio, ya que murió la antigua dueña y ahora lo gestionan sus hijos. “Si nos echan, ¿donde iremos?”, se pregunta Fatiha, que ahora paga cerca de 400 euros por el pequeño piso. Duda que encuentre nada por un precio similar.  Según cifras facilitadas por el Sindicato, hay 40.000 contratos de alquiler en la ciudad, en los que calculan que hay unas 300.000 familias que viven en alquiler.

Oleguer pide turnos durante la asamblea del Sindicato de Inquilinos en la Lleialtat Santsenca / SÒNIA CALVÓ

Mientras Fatiha relata su caso a la asamblea de bienvenida, por la puerta no para de entrar gente como cuentagotas. Una de ellas es Sandra, de 35 años y visiblemente preocupada. Ella y sus dos hijas menores viven en el Raval con el sueldo de ella, de 1.000 euros al mes, como única fuente de ingresos. Su contrato de alquiler ya se ha extinguido y, pese a que ha pagado cada mes de manera regular los 438 euros que costaba el alquiler, ahora le subían el precio hasta los 600. El precio podría no parecer abusivo en un primer momento, hasta que detalla que se trata de una única estancia de 27 metros cuadrados donde viven las tres. Explica que intentó mediar con el propietario pero fue imposible llegar a ningún acuerdo, llegándola incluso a amenazar con una denuncia por ocupación. También a su padre, que la avaló. “¿Qué hago? ¿Dejo de dar de comer a mis hijas para pagar el alquiler?” cuestiona Sandra. A su lado, varios miembros del Sindicato intentan tranquilizarla y buscan soluciones. No obstante, ella dice que solo está tranquila cuando está en casa. “¿Y si cuando vuelvo el propietario me ha cambiado el cerrojo y no puedo entrar?”, se pregunta.

Desde el Sindicato de Inquilino se empeñan en desmentir el mito de que la mayoría de casos que les llegan son del centro de Barcelona y aseguran que cerca de la mitad de los casos son del área metropolitana de la ciudad, como el Prat de Llobregat o Badalona, pero también de ciudades como Sabadell.

Ante esta situación, desde el Sindicato valoran que no hay una única solución al problema de la vivienda. Es básico, dicen, cambiar el marco legal, prohibir la especulación, regular los precios, derogar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ampliar el parque publico de alquiler pero, sobretodo, la organización colectiva. “La solución real pasa por entender que para garantizar un bien de primera necesidad es necesario organizarnos colectivamente”, concluye la portavoz del Sindicato, Marta Ill.

Este mes de mayo hará un año que se fundó el Sindicato de Inquilinos en Barcelona. Mirando hacia atrás, ven que “el panorama social sigue siendo preocupante y que no ha mejorado en ningún sentido”, lamenta una de sus portavoces. “Seguimos viviendo en esta burbuja inmobiliaria que no hace más que crecer y dentro de un marco legal que expulsa a los vecinos y vecinas”, constatan desde el Sindicato. Una de las más recientes preocupaciones es la aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley de desahucios exprés contra las ‘okupaciones’. Esta iniciativa del del PDeCAT modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin de acelerar el proceso para agilizar el fin de la ocupación ilegal de una vivienda.

El Sindicato de Inquilinos, que presentó recientemente la lista de los 10 fondos de inversión que más viviendas acumulan, recuerda que no solo se trata de los fondos conocidos como ‘buitres’, sino también patrimonialistas locales. Les acusan de llevar a cabo prácticas de mobbing y de aumentar el precio del alquiler de manera abusiva, lo que conlleva los conocidos como desahucios invisible.

Una de las afectadas por un patrimonialista local es la madre de Rosanna. Tiene 83 años y este mes se le acaba el contrato de alquiler. No le han cobrado la ultima mensualidad y está muy preocupada. “Hace poco sufrió un ictus, no podemos hacer un traslado ahora”, explica su hija a la asamblea del Sindicato de Inquilinos. Ahora paga 650 euros por un piso en el Eixample. Cuando llamó la administradora, le dijo que le subían el alquiler hasta los 900 euros. “Entendemos que los pisos suben, pero lo máximo que hemos conseguido negociar es hasta los 830 euros”, cuenta.

Ella, como muchos otros, ha acudido al Sindicat en busca de ayuda. “He ido al registro de propiedad y he visto que el propietario del piso es un alto directivo, no creo que dependa de estos 250 euros de más al mes”. Desde el Sindicato no se cansan de insistir: “No os preocupéis, no estáis solas, la unión hace la fuerza”. Bajo esta consigna, Rosana, Sandra, María, Claudia, Fatiha y muchas tantas otras personas se manifestarán este sábado en Barcelona.

Asamblea de bienvenida del Sindicato de Inquilinos / SÒNIA CALVÓ

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