La discapacidad no encuentra su espacio en el Parlament de Catalunya

El Cocarmi, la confederación de entidades más representativa del mundo de la discapacidad en Cataluña, pedía un comisión legislativa en el Parlament para aplicar la Convención de la ONU al corpus jurídico catalán. No ha sido posible. Con suerte si se hará un grupo de trabajo.

Víctor Saura
 
 
 
Trobada de representants del Cocarmi amb el president del Parlament, Roger Torrent, el 15 de juny | Cocarmi

Trobada de representants del Cocarmi amb el president del Parlament, Roger Torrent, el 15 de juny | Cocarmi

El Comité Català de Representants de les Persones amb Discapacitat (Cocarmi), que reúne en su seno a las principales federaciones de entidades de personas con discapacidad (físicas, sensoriales, intelectuales y de enfermedad mental), ha expresado públicamente su decepción por “la ausencia de consenso en el Parlament para crear una comisión específica sobre la discapacidad”.

Las personas con discapacidad no tienen color político, se hallan en todo tipo de familias al margen de su ideología, pero ni esta transversalidad (ni el hecho de que todos los partidos políticos afirmen que las políticas sociales son prioritarias) sirve para dar respuesta a sus reivindicaciones. La principal: velar para que la legislación catalana se adapte a lo que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

“Históricamente, la discapacidad ha ocupado un lugar marginal tanto en el debate político como en el debate legislativo. Hoy hemos perdido una oportunidad más en Cataluña para situar la discapacidad en el centro de la agenda política y para avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos desde una perspectiva de derechos humanos”, se lamentaba el pasado miércoles el presidente del comité, Antonio Guillén.

¿Qué ha ocurrido? Pues que el Parlament ha vuelto a dejar sin respuesta lo que es una reivindicación histórica del Cocarmi: la creación de una comisión específica desde la cual se haga un seguimiento exhaustivo de todo aquello que concierne a las personas con discapacidad catalanas, que se calcula pueden ser más de medio millón.

Un grupo de trabajo, y gracias

Según explican fuentes de la confederación, el Cocarmi propuso la creación de una comisión legislativa. Los grupos contestaron que esto no podía ser porque las comisiones legislativas se estructuran según los departamentos del Govern. A partir de aquí surgieron dos contrapropuestas: la presentada por el PSC, de renombrar la comisión de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, añadiendo “y discapacidad”, que no encontró apoyos, y la de Ciutadans, que propuso la creación de una comisión de seguimiento, que si bien no era legislativa sí que era específica. Cs y los Comunes votaron a favor. Se abstuvieron PSC y PP. Y votaron en contra JxC, ERC y la CUP.

La contrapropuesta de los partidos independentistas ha sido la creación de un grupo de trabajo, en el seno de la Comisión de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, que en teoría tendrá un año para analizar la situación del sector y hacer propuestas de iniciativas legislativas. El problema, explican en el Cocarmi, es que suena a Día de la Marmota. Entre 2006 y 2010 ya se creó una comisión de estudio, que llegó a elaborar un informe con unas conclusiones que no se han aplicado aún (y ya han pasado ocho años). Al margen, el 5 de mayo de 2016 se aprobó una moción en la que se instaba al Govern a adaptar normativamente los valores y mandatos de la Convención de la ONU, cosa que tampoco ha pasado (y ya han pasado dos).

La vicepresidenta del comité, Rosa Cadenas, lo resumió así: “Estamos decepcionados porque, una vez más, en un momento de recuperación económica y, a priori, de estabilidad política, topamos con la dificultad de priorizar la agenda social”.

Deja un comentario.

Tu dirección de correo no será publicada.


*