La crisis de refugiados del Triángulo Norte de América Central

El nivel de violencia es de los más altos del mundo y la población, atemorizada principalmente por las maras, busca refugio en otros países. La mayoría de migrantes y refugiados se dirigen a México y a Estados Unidos, pero muchos vienen a Catalunya (en los últimos años se triplicaron las cifras), un destino más seguro y barato

Gaby Poblet
 
 
 
Un membre de la Mara Salvatrucha ensenya els seus tatuatges a una presó d'El Salvador | Foto: Moisen Saman. Cortesía de Sony World Photography

Un membre de la Mara Salvatrucha ensenya els seus tatuatges a una presó d'El Salvador | Foto: Moisen Saman. Cortesía de Sony World Photography

No son millones como las personas que huyen de Siria o de países de África, y no viajan en barcos, pero son refugiados. El llamado Triángulo Norte de América Central compuesto por Guatemala, Honduras y El Salvador, es una región que ha estado durante décadas inmersa en golpes de estado, dictaduras y guerras. Actualmente el nivel de violencia es de los más altos del mundo y la población, atemorizada principalmente por las maras, busca refugio en otros países. La mayoría de migrantes y refugiados se dirigen a México y a Estados Unidos, pero muchos vienen a Catalunya (en los últimos años se triplicaron las cifras), un destino más seguro y barato. Debido a que la situación de conflicto social y político que se vive en la región difiere de un conflicto armado en el sentido estricto del término, las personas que intentan escapar casi no se reconocen como refugiadas. Sin embargo, sí fue un conflicto armado el que sentó las bases para la actual ola de violencia.

Las maras tuvieron su origen a partir de la crisis de refugiados que ocasionó la guerra civil de El Salvador en los años ochenta. Una guerra que dejó más de 75.000 muertos y desaparecidos. Más de 40.000 personas huyeron a Estados Unidos y muchas familias se instalaron en barrios marginales de Los Ángeles, California. Allí, sus hijos adolescentes se vieron acosados por pandillas chicanas, coreanas y afroamericanas. Algunos se unieron a la pandilla chicana Barrio 18 que aceptaba centroamericanos y otros fundaron su propia pandilla como modo de protección, la Mara Salvatrucha Stoner que luego se convirtió en la MS13. En un principio eran pandillas hermanas, pero con el tiempo se convirtieron en pandillas rivales. En las cárceles cambiaron las formas de identificarse y se profesionalizaron.

En los años noventa, Estados Unidos endureció la política de deportaciones y miles de jóvenes pandilleros fueron deportados a sus países de origen. En El Salvador, los jóvenes se encontraron con un país devastado por la guerra, con instituciones muy débiles, pobreza, falta de oportunidades y escasas redes de apoyo. Una situación que fomentó la réplica de la organización de las pandillas de Los Ángeles. Al igual que sucedió en Estados Unidos, en El Salvador es también desde las cárceles donde las dos grandes pandillas se organizaron con jerarquías y cúpulas, y luego comenzaron a operar como pandillas transnacionales, extendiéndose también a Guatemala y Honduras. Los procedimientos de actuación fueron cambiando y se asimilaron más al crimen organizado que a pandillas callejeras, lucrándose a través de extorsiones, tráfico de drogas, venta de armas, prostitución y trata.

Las estrategias de seguridad y de lucha contra la violencia y el narcotráfico que acordaron los gobiernos del SICA (sistema de integración centroamericana) y Méjico, en las cumbres de 2007 y 2010 no fueron efectivas, y los recursos internacionales fueron escasos y a cuentagotas. La remilitarización, la represión y las políticas de “mano dura” o “puño de hierro” por parte de los gobiernos locales tampoco solucionaron los graves problemas de inseguridad, sino que por el contrario aumentaron el espiral de violencia. En 2012, en El Salvador se estableció una tregua con ayuda de la Iglesia Católica para que las dos grandes pandillas dejaran de agredirse entre ellas por rivalidad y disminuyeron los homicidios, pero sólo duró unos meses.

En 2015 El Salvador rompió el record de violencia con más de 18 homicidios al día, y en 2017 registró la tasa más alta de asesinatos a nivel mundial (60 muertes violentas por 100.000 habitantes). Actualmente la Mara Salvatrucha 13 y la pandilla Barrio 18 controlan barrios y comunidades de casi todas las ciudades de los países del Triángulo Norte a través de extorsiones y violencia armada. Los pequeños comercios y fundamentalmente el sector del transporte son obligados a “pagar la renta” bajo amenazas de muerte. Los últimos años aumentó el reclutamiento de niños pre-adolescentes, quienes suelen ser los encargados de recoger el dinero de las extorsiones a comercios y tiendas. La disputa por controlar los barrios hace que la población viva en “un toque de queda permanente” encerrada en sus casas desde el atardecer, tal como describen las personas refugiadas, una situación que se vive especialmente en las “zonas rojas”, zonas fronterizas entre las dos grandes pandillas.

Las balaceras, las extorsiones, las amenazas de muerte, la alerta permanente y los asesinatos de vecinos, amigos, y comerciantes son situaciones de la vida cotidiana que explican la mayoría de personas refugiadas. El poder de las pandillas es tal que ha logrado también infiltraciones en las fuerzas de seguridad y en la política local.

350.000 demandantes de asilo

Según los informes del ACNUR, en 2016 hubo 220.000 desplazados internos en El Salvador, la mayoría por amenazas o por negarse a colaborar con pandillas. Las solicitudes de asilo del Triángulo Norte suman 350.000 en todo el mundo, y sólo en México se contabilizaron 9000 en 2016. Pero el peligro que representa atravesar México y cruzar la frontera con Estados Unidos, hace que muchas familias centroamericanas se planteen España como un destino migratorio más seguro y barato, aun teniendo familiares o conocidos en Estados Unidos. Según datos del Ministerio del Interior de España, en 2016 El Salvador fue el tercer colectivo de solicitantes de asilo en Catalunya. En la ciudad de Barcelona, Honduras es el colectivo latinoamericano que más creció en los últimos años y actualmente hay más de 8000 personas empadronadas, un gran porcentaje de ellas son mujeres que han huido de la violencia y que ahora trabajan en el servicio doméstico de forma irregular por falta de papeles y de reconocimiento al derecho de asilo.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha mostrado su preocupación por la falta de reconocimiento del derecho de asilo a las víctimas de maras. Según los datos de esta entidad, las personas solicitantes de asilo en España procedentes del Triángulo Norte pasaron de 115 en 2014, a 2.145 en 2017, pero las resoluciones de asilo representan una cifra irrisoria: solo 25 resoluciones favorables en los últimos 4 años. El problema principal es que el gobierno español considera a las pandillas como “crimen común” y no como persecuciones del crimen organizado. Vivir en “toque de queda permanente” y la violencia social demostrada por organismos internacionales no es causa suficiente para ser reconocido como refugiado.

En 2010 ACNUR realizó una serie de recomendaciones para interpretar de forma más flexible los 5 motivos del derecho de asilo que estipula la Convención de Ginebra para poder responder a los nuevos riesgos de persecución y temor fundado por pandillas, pero al parecer para los estados tampoco es suficiente la interpretación del ACNUR. Si el derecho de asilo no es reconocido, la gente intentará huir de la forma que sea y nada lo impedirá. Numerosas investigaciones ya han demostrado que las políticas restrictivas no disminuyen la inmigración, sino que por el contrario, generan más condiciones para el crimen organizado y elevan los costos y los peligros de los cruces de la frontera.

Ni las estrictas medidas de los estados miembros de la Unión Europea, ni la burocracia de los visados, ni el desprecio de Salvini, ni la estrategia de Trump de tolerancia cero, ni las supuestas medidas disuasorias como muros, ni la militarización de las fronteras, ni las jaulas para niños, detendrán a las familias centroamericanas que buscan asilo y seguridad. La población del Triángulo Norte necesita protección internacional. Permanecer en sus países es un toque de queda permanente y cuando no, una sentencia de muerte. Lo primero es visibilizar lo innegable: se trata de una crisis de refugiados por violencia y riesgo de muerte; y lo segundo explicar lo necesario, se trata de una crisis de refugiados originada por una crisis de refugiados de una guerra de hace 30 años.

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