Humillación

La sentencia del Tribunal Supremo entra en una gran contradicción cuando rebaja el contenido de los hechos y después los castiga como si realmente se hubiera puesto al Estado contra las cuerdas. Parece que exprese una doble humillación. La de los líderes políticos que supuestamente diseñaron un plan de independencia sabiendo que no podía tener éxito y un castigo notoriamente desproporcionado a la realidad

Antoni Bayona
 
 
Concentració davant la seu d'Òmium en resposta a la sentencia del Procés | Victòria Oliveres

Concentració davant la seu d'Òmium en resposta a la sentencia del Procés | Victòria Oliveres

La sentencia del Tribunal Supremo pone fin a una etapa del Procés de independencia y lo hace de la peor manera posible. Penalizando unas actuaciones políticas, lo cual es un resultado muy grave en una democracia. Se quiera o no reconocer, la judicialización del Procés ha devaluado la calidad de la democracia española y las responsabilidades de que esto haya sucedido no vienen sólo de un único lado. La gestión del Procés por la vía unilateral lo hizo entrar en un terreno muy resbaladizo y alejado de los procedimientos seguidos en países en los que nos deberíamos haber reflejado. Cualquier proceso de secesión se enfrenta a muchos obstáculos y hay que pensarlo bien antes de adentrarse en el camino del conflicto. Sobre todo cuando se conoce bien cómo es el otro interlocutor.

Ahora bien, si tenemos en cuenta lo que realmente pasó en Catalunya el verano y otoño de 2017, la pregunta que debe hacerse es si los hechos de los días 20-S y 1-O tenían las características propias o eran la expresión de un plan que penalmente puede ser considerado como sedicioso. Yo creo que no, pero mi opinión tiene poca autoridad frente a la del Tribunal Supremo. Pero lo curioso del caso es que es el propio Tribunal Supremo el que viene a decir que no era para tanto.

Buena parte de la sentencia no tiene otra intención que la de descalificar el Procés poniendo de relieve sus debilidades intrínsecas y su inviabilidad para poder materializarse. También remarca la capacidad del Estado para no verse seriamente comprometido como tal por lo que sucedió. Si el Procés no tenía consistencia ni envergadura suficiente para poner en riesgo la integridad del Estado, la segunda pregunta a hacer es por qué se da a lo que sucedió los días 20-S y 1-O la trascendencia de un levantamiento tumultuario sedicioso. La sedición es un delito especialmente grave, que no se puede banalizar para aplicarlo extensivamente a cualquier tipo de desorden público. Si vamos por este camino limitaremos de manera peligrosa el derecho de reunión y de manifestación.

La sentencia del Tribunal Supremo entra en una gran contradicción cuando rebaja el contenido de los hechos y luego los castiga como si realmente hubiera puesto al Estado contra las cuerdas. La sentencia parece que expresa una doble humillación. La de los líderes políticos que supuestamente diseñaron un plan de independencia sabiendo que no podía tener éxito, de unos seguidores ingenuamente engañados, y un castigo notoriamente desproporcionado a la realidad de lo que sucedió entonces. A pesar de la relativización que el propio Tribunal hace de los hechos, estos son finalmente castigados como si el Estado hubiera corrido un gran peligro.

Esto hace chirriar la sentencia e invita a especular sobre qué parte de su argumentación obedece a la razón de derecho y qué parte a la razón de Estado. A fin de cuentas, ha sido un Tribunal penal el que ha dado respuesta en nombre del Estado porque la política nunca ha querido actuar. Y un Tribunal y más aún una sentencia penal no es obviamente el mejor camino para dar esta respuesta. Al contrario, el autismo político del Estado no ha hecho más que profundizar en la cronificación del problema.

Antoni Bayona
Sobre Antoni Bayona

Antoni Bayona i Rocamora és un jurista i professor català, que exercí de lletrat major del Parlament de Catalunya entre el 10 de juliol de 2012 i el 5 de juny de 2018 Más artículos

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