Garantizar el derecho al propio cuerpo: alianzas de Cataluña al otro lado del Atlántico

El proyecto Agenda 2030 feminista pone en marcha esta semana un grupo de seguimiento de los derechos sexuales y reproductivos (DSyR) en las políticas catalanas. La iniciativa, impulsada por la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares y Creación Positiva, también mira más allá del país y ha promovido que centenares de entidades de América Latina y Europa se articulen para responder a la "ofensiva ultraconservadora" contra los derechos de las mujeres, compartida, aseguran, en países europeos y latinoamericanos

Meritxell Rigol
 
 
 
La manifestación por el derecho al aborto libre tomó las calles de Madrid / D.N. (eldiario.es)

La manifestación por el derecho al aborto libre tomó las calles de Madrid / D.N. (eldiario.es)

Una decena de organizaciones se articulan para empezar a hacer seguimiento de los derechos sexuales y reproductivos (DSyR) −los derechos vinculados a la autonomía sexual de las mujeres− en Cataluña. Es una de las acciones promovida por el proyecto Agenda 2030 feminista, impulsado por la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares (APFCIB) y Creación Positiva, que se propone visibilizar el vínculo entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) −la Agenda 2030 de la ONU, aprobada el septiembre de 2015−, los derechos humanos de las mujeres y los DSyR. Entre las organizaciones catalanas que monitorizarán la salud de los DSyR en el país, hay la Xarxa de Dones per la Salut, la Plataforma LGTBIcat, el Comitè Primer de Desembre y el Consell Nacional de Joventut, plataformas que representan a decenas de entidades.

“El objetivo fundamental de crear el grupo de seguimiento es ver qué políticas están funcionando, cuáles no y qué se tiene que hacer para ir más allá en la garantía de los DSyR, que son derechos humanos y están directamente ligados a la autonomía social y económica de las mujeres”, sintetiza Sílvia Aldavert, coordinadora de APFCIB, sobre la necesidad de construir este espacio desde la sociedad civil.

El grupo de seguimiento, que tiene previsto su primer encuentro de trabajo esta semana, se propone emitir informes anuales de la situación de los DSyR en el país, a partir de generar un instrumento de monitorización, aplicable a escala local a la vez que vinculado a la Agenda 2030 de la ONU. “Para medir la salud y el bienestar de las mujeres en Cataluña necesitamos generar indicadores sobre DSyR que vayan mucho más allá de los indicadores globales, como es, por ejemplo, la mortalidad materna que, evidentemente, en Cataluña es bajísima”, plantea Aldavert.

Definida por los 17 ODS, de aplicación mundial, la Agenda 2030 alcanza las esferas económica, social y ambiental y establece −sin vinculación jurídica− líneas que tienen que regir la política de los Estados en la próxima década. “En las negociaciones de la Agenda 2030 entre los países, los derechos sexuales, los derechos de las personas LGTBI, cayeron y los derechos reproductivos se mantienen pero muy limitados: mientras que el aborto cae de la Agenda, la anticoncepción y la educación sexual quedan recogidas de manera ambigua”, explica Aldavert. “Esto ya está aprobado, los ODS son los que hay, pero la oportunidad, a día de hoy, está en cómo se implementan localmente”, asegura. El objetivo: que los gobiernos, en concreto, el catalán, revise y aplique cada uno de los ODS con mirada feminista. “Al hablar de pobreza, hay que hablar de feminización de la pobreza, al hablar de salud tenemos que hablar de violencias sexuales y de embarazos no deseados… Si no se trabaja cada uno de los 17 ODS con una mirada feminista, van cayendo los derechos de las mujeres”, reivindica la coordinadora de APFCIB.

En enero del año pasado, el Parlamento de Cataluña, a propuesta de la CUP-Crida Constituent, aprobó una moción sobre feminismos que insta al Gobierno a llevar a cabo una campaña sobre salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo, para informar a las mujeres y sensibilizar a la población joven, como población en riesgo de estar desinformada sobre DSyR.

Actualizar los datos del informe sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Cataluña elaborado por el Departamento de Salud, presentar el detalle de todos los casos en los que se ha pedido el consentimiento de los dos progenitores de la menor cuando se ha producido el aborto y modificar la instrucción interna del Instituto Catalán de la Salud que pide el consentimiento de los dos progenitores para la interrupción del embarazo de la menor, son otros puntos aprobados. “Los compromisos para garantizar los DSyR siguen sin cumplirse un año después de la moción del Parlamento”, asegura Aldavert. El servicio de prensa del Departamento de Salud no ha respondido a la demanda de información al respecto.

Los datos disponibles más recientes en la web del Departamento son de 2016 y no especifican las mujeres menores que han tenido que solicitar permiso a los tutores legales para abortar. De los 19.661 abortos realizados en Cataluña durante el 2016, sólo en 70 casos las jóvenes eran menores de 15 años. La siguiente categoría incluye menores y mayores de edad (mujeres entre 15 y 19 años) y fueron cerca de una de cada diez (1.954) de las que decidieron interrumpir el embarazo.

Aborto y anticoncepción, derechos por consolidar

Si bien el intento de dinamitar el derecho al aborto libre y restringirlo a los supuestos de riesgo para la salud de la gestante y violación −una contrarreforma liderada por el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón−, consiguió frenarse con presión violeta en calles e instituciones, finalmente, el septiembre de 2015, la amenaza del Partido Popular se concretó en una regresión respecto a la ley aprobada en 2010, con una franja de mujeres damnificadas: las jóvenes de 16 y 17 años.

Devolverlos el derecho a interrumpir el embarazo sin depender de la autorización de los padres o tutores legales es prioritario para la APFCIB. De hecho, la restricción del derecho a abortar contraviene las recomendaciones de la OMS, que registra decenas de miles de muertes anualmente debido a abortos clandestinos, forzados por legislaciones que los prohíben o que limitan el acceso a condiciones legales y seguras para interrumpir un embarazo no deseado.

Tener que contar con autorización de los padres o tutores legales es una condición para acceder al derecho que, alerta la APFCIB, impacta contra las menores de edad en situación de mayor vulnerabilidad social y puede llevarlas, o bien a interrumpir el embarazo de manera insegura, fuera de la red de atención sanitaria autorizada, o bien forzarlas a proseguir con un embarazo en contra de su voluntad. Un estudio de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), del 2014, muestra que sólo 12 de cada 100 de las mujeres de 16 y 17 que interrumpían el embarazo lo hacían sin comunicarlo a la familia. ¿Los motivos? Estar en situación de desamparo familiar, tener los progenitores en la prisión, riesgo de sufrir maltratos, ser mujeres emancipadas que residen en el país sin tutores legales, tener el padre o madre con una enfermedad invalidante, padres abiertamente contrarios al aborto (casos en los que “la menor presenta miedo patológico a la respuesta paterna o materna”) o tener padres que renuncian a conocer y acompañar a la menor en sus circunstancias vitales.

Además del riesgo de que mujeres menores de edad encuentren negado el derecho a interrumpir un embarazo no deseado, desde la APFCIB detectan inequidades territoriales a la hora de decidir la forma de abortar (farmacológica o instrumental), así como de acceder a servicios de prevención y atención ante la violencia machista y a la anticoncepción de emergencia. De hecho, la entidad alerta que el acceso a la anticoncepción todavía no está garantizado. “Si de entrada tenemos el obstáculo del acceso económico, quiere decir que es un derecho vulnerado a día de hoy, y, además, encontramos que la información sobre los métodos anticonceptivos no siempre es como toca”, destaca la coordinadora de APFCIB.

Entre las necesidades a resolver para consolidar los DSyR en Cataluña, la entidad también destaca la falta de servicios de atención a la violencia sexual e insuficientes servicios de salud sexual para jóvenes y, a la cabeza de las prioridades, universalizar el acceso a educación sexoafectiva.

Educación sexual vetada en las aulas

Hace cerca de dos años, en junio de 2016, la anterior presidenta del Institut Català de les Dones (ICD), Maria Teresa Pitarch, avanzaba en una sesión del Intergrupo parlamentario de Población, Desarrollo y Salud Reproductiva algunas de las acciones para responder al objetivo de “respetar, proteger y hacer cumplir los derechos sexuales y reproductivos”: apoyo a las campañas de educación públicas, mejorar los protocolos de los servicios especializados y eliminar barreras de acceso a servicios para las mujeres y adolescentes.

A la pregunta de cuál es el estado de los compromisos asumidos entonces, desde el departamento de prensa del ICD nos indican que, en el marco del Plan Estratégico de Políticas de Igualdad de Género 2018-2021, el Departamento de Salud y el Servicio Catalán de la Salud han empezado a trabajar este mes de marzo para redefinir el modelo de atención y actualizar la cartera de servicios de atención a la salud sexual y reproductiva “de acuerdo a las necesidades de la población, garantizando la equidad en el acceso y la calidad de los servicios”, apuntan, como objetivo.

Ningún comentario sobre garantizar el acceso en la educación afectivosexual, una demanda histórica compartida por las entidades del tejido feminista que, a pesar de haber logrado la categoría de mandato legal, no consigue hacerse un lugar en el currículum. “Los DSyR tendrían que ser derechos consolidados, tenemos el marco legal para que lo sean, pero no se ha hecho ninguna acción para promover que lo estén”, denuncia Aldavert, que define la presencia de la educación sexoafectiva en Cataluña como “miserias”. “Las entidades vamos haciendo taller aquí, taller allá, sin ningún sentido”, lamenta.

Un informe de la APFCIB señala que la obligatoriedad de la educación afectivosexual es “la única vía para garantizar el cumplimiento del derecho de ser informado o informada sobre los derechos sexuales y reproductivos” por lo que, la falta de acceso universal actual “vulnera derechos”. “No se está proporcionando la información y las competencias necesarias”, se afirma en el informe. Para que la educación afectiva y sexual sea efectiva y accesible a todo el mundo, el proyecto Agenda 2030 feminista apunta tres condiciones: que conste como materia obligatoria durante toda la educación reglada, que tenga un enfoque feminista y que se apueste por introducirla en un espacio concreto del currículum mientras se avanza en una progresiva transversalidad.”Adoptar un enfoque de DSyR significa que estos derechos no sólo garantizan el acceso a la atención en salud sexual y reproductiva, sino que también garantizan la autonomía de las mujeres, sin ninguna discriminación, para tomar sus propias decisiones en todo el que corresponda a su sexualidad, incluida la reproducción, por lo que se requiere una educación e información veraz, oportuna, científica y sin prejuicios”, defiende el proyecto Agenda 2030 feminista.

Las entidades impulsoras de la iniciativa denuncian que la defensa global de los DSyR, amparados en acuerdos internacionales como la CEDAW −vinculante jurídicamente para los Estados−, no ha progresado desde los años 90. Es la década del Plan de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y la Declaración y Plataforma para la Acción de Beijing (1995), las agendas internacionales claves para los derechos sexuales y reproductivos. “La mayoría de entidades feministas y de mujeres tenemos la batalla en mantener una agenda mundial que se hizo veinte años atrás. Avanzar ya parece impensable, cosa que es significativa del escenario en el que nos encontramos”, lamenta.

Defensa transnacional de los derechos de las mujeres

Según el informe de UNFPA Estado de la población mundial 2017, la desigualdad de género y la disparidad en el goce de la salud y de los derechos sexuales y reproductivos son “dos aspectos fundamentales que no reciben suficiente atención, especialmente el último”. A pesar de que estas dos dimensiones no explican por completo la desigualdad en el mundo actual, asegura la agencia de la ONU que son piezas esenciales que piden “más iniciativa”. “Si no, muchas mujeres y niñas se mantendrán atrapadas en un círculo vicioso de pobreza, capacidades reducidas e imposibilidad de ejercer los derechos humanos y desarrollar su potencial”, consta en el informe. Según UNFPA, las desigualdades laborales y salariales en buena parte del mundo reflejan las desigualdades en la salud y los DSyR que, a la vez, las refuerzan.

Aún millones de mujeres y niñas ven negados los DSyR. Se calcula que la demanda de planificación familiar insatisfecha afecta a 214 millones de mujeres en los países en desarrollo, según datos de 2017 del Instituto Guttmacher. Según recoge el informe de UNFPA del año pasado, los embarazos no planificados se relacionan con el aumento de la pobreza y la reducción de las perspectivas de movilidad económica de las mujeres.

“La ciudadanía de las mujeres se construye desde su autonomía sexual, porque las relaciones desiguales de poder entre los géneros que determina el patriarcado tienen su origen y fundamento, precisamente, en el control de la sexualidad de las mujeres”, defiende el proyecto Agenda 2030 feminista. “No puede lograrse el empoderamiento de las mujeres ni la igualdad entre los géneros sin el reconocimiento y el ejercicio lleno de la autonomía sexual de las mujeres”, reivindican.

Además de la constitución del grupo de seguimiento de los DSyR en Cataluña, el proyecto Agenda 2030 feminista ha impulsado una alianza de organizaciones transnacional. En el marco de la 62a sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, celebrada a mediados de marzo, más de 700 organizaciones de mujeres de una veintena de países de América Latina y Europa han acordado los ejes centrales de un documento de acción e incidencia política compartido en Europa y Latinoamérica: la educación sexual desde el feminismo, la anticoncepción y el aborto, la no criminalización de los colectivos LGTBI, la lucha contra toda expresión de violencia machista y la lucha contra el discurso del odio y los movimientos fundamentalistas.

Las entidades impulsoras aseguran que las defensoras de los derechos de las mujeres se encuentran en un contexto compartido de ofensiva ultraconservadora a ambos lados del Atlántico. “La razón de ser de la alianza es que las mujeres de América Latina y las europeas estamos viviendo procesos muy similares de avance del fundamentalismo y de amenaza constante de gobiernos ultraconservadores, que cada vez nos ponen en una situación más marginada y que, constantemente, nos hacen estar en modo reactivo frente a sus ataques hacia nuestro trabajo de atención directa”, explica Aldavert.

La última muestra que ha tocado Cataluña y otros territorios estatales ha sido la denuncia de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos a una veintena de clínicas por, supuestamente, ofrecer “información falsa con el objetivo de incitar a las mujeres a abortar, en perjuicio de la propia salud”. Sólo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha sancionado las clínicas que solicitaba Abogados Cristianos.

Amputar o impedir que se desarrolle el derecho al aborto es el objetivo que concentra más esfuerzos entre las organizaciones ultracatólicas en todas partes. Para oponer resistencia, la alianza eurolatinoamericana en defensa de los DSyR tiene previsto trabajar tanto a escala global, en foros internacionales, como a escala local, definiendo instrumentos para que los gobiernos incorporen la mirada feminista en los planes de desarrollo de los ODS que conforman la Agenda 2030, “una oportunidad de hacer avanzar los derechos de las mujeres si conseguimos poner los DSyR en el centro de las agendas de desarrollo sostenible de cada país”, plantea Aldavert.

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