Estado de bienestar o estado de derechos

Las medidas más eficaces para revertir las consecuencias de la crisis pasan por unos servicios públicos de calidad. Lo que se denomina estado del bienestar, y que deberíamos llamar estado de los derechos, es una herramienta para conseguir que cualquiera tenga oportunidades. Pero el mantra que nos han vendido de que lo privado funciona mejor es más fuerte que las voluntades de los políticos para revertir unas privatizaciones que sólo hacen que incrementar las desigualdades

Francesc Mateu
 
 
 
La favela Paraisópolis, la més gran de São Paulo és al costat de Morumbi, un dels barris més rics | C_Fernandes

La favela Paraisópolis, la més gran de São Paulo és al costat de Morumbi, un dels barris més rics | C_Fernandes

En 2012, en el informe La trampa de la Austeridad elaborado por Oxfam Intermón, se comparaba la crisis que se estaba iniciando en occidente con las llamadas «políticas de ajuste estructural» que sufrieron Sudamérica, África o Asia en los años 80. Entonces decíamos que tenía unas similitudes más que sospechosas. Y que las consecuencias probablemente también lo serían.

Anticipábamos que la desigualdad tras la crisis sería mucho mayor, que en Europa habría entre 15 y 25 millones de personas pobres más que entonces, y que Europa necesitaría entre 20 y 30 años para recuperarse como ya había sucedido en las regiones y países del Sur.

El último informe que presenta la organización Oxfam Intermón en enero, justo antes de la cumbre de Davos de este año, Bienestar público o Beneficio privado confirma que pasados ​​10 años del inicio de la crisis, los resultados han sido los que se anunciaban, a pesar de las duras críticas por alarmismo que en ese momento hacían algunos al informe.

En España, por ejemplo, ahora sabemos que la crisis supuso un descenso importante del porcentaje de riqueza en manos del 50% más pobre (4 puntos porcentuales) y un incremento considerable en el 10% más rico (8 puntos porcentuales). La bajada de unos y el incremento de los demás incrementa la brecha entre ricos y pobres. Y podemos tardar hasta 10 años más a recuperar la situación de desigualdad previa que había antes de la crisis.

El informe anticipa que una de las medidas más eficaces que tenemos a estas alturas para revertir la situación son tener unos servicios públicos de calidad. Una educación y una sanidad pública y gratuita, acompañada de otras políticas públicas de atención a las personas. Lo que hemos denominado el estado del bienestar (y que deberíamos llamarlo del estado de los derechos), es una herramienta muy potente para conseguir que todo el mundo, con independencia del nivel económico, tenga oportunidades.

La privatización, o la concertación en el ámbito global han resultado excluyentes para los más pobres según el informe y por tanto han incrementado la desigualdad. Las inercias del «mantra» que nos han vendido de que lo «privado» funciona mejor, son más fuertes que las voluntades de los políticos para combatirlas. La lucha contra el desguace del estado del bienestar no es una lucha por el confort de unos cuantos, ni por un privilegio, ni por un lujo, es la lucha por un derecho y por un modelo que debe permitir aquí y en todo, reducir las desigualdades.

Y en combatir la desigualdad, sí hay consenso. Incluso los poderes económicos afirman que los actuales niveles de desigualdad son malos para todos. Davos, lo ha venido reiterando los últimos años. Son malos para todos, no favorecen la economía, ni la recuperación y corroe nuestras sociedades añadimos nosotros. Davos, lo ha venido reiterando los últimos años.

Por eso se necesitan estados decididos, políticos que lo tengan claro y haciendas que lo hagan posible. Y por eso, la progresividad fiscal y la lucha contra el fraude son vitales. Entre los meses de marzo de 2017 y 2018, los milmillonarios del mundo ganaron cada día 2.500 millones de dólares cada día. El 1% de la riqueza de la persona más rica del mundo del mundo es el equivalente a todo el presupuesto de sanidad de un país de 105 millones de personas como Etiopía. Un impuesto de sólo 0,5% adicional sobre la riqueza del 1% más rico, permitiría abordar la educación de 262 millones de niños que todavía no tienen acceso a la escuela.

Son 4 cifras que esbozan las magnitudes y nos permiten entender que las soluciones necesitan voluntad política. Hoy por hoy, los más ricos son los que están dictando esta voluntad y sólo una decidida y firme acción política puede revertir la situación. Habrá que ver si entre tanta turbulencia política somos capaces de no olvidar a nadie. Y para hacerlo hay que incorporar este eje transversal, indicadores para medir la desigualdad en todos los niveles, acciones específicas y asegurarnos de que la estamos reduciendo.

Si no lo hacemos, estamos dinamitando los cimientos de la justicia, de la ética y de la convivencia. Y también los de la economía, sí.

Francesc Mateu
Sobre Francesc Mateu

Director d’Intermon Oxfam a Catalunya. Vicepresident de la Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament d’Espanya. Contacto: Twitter | Más artículos

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