Entre el conflicto armado y la paz en Colombia: reflexiones y vivencias de 10 mujeres desde la vereda

Diez mujeres, con historias de vida muy distintas, que conviven en un mismo lugar remoto del oriente colombiano, uno de los 26 puntos del país donde se inició la implementación del Acuerdo de Paz, explican cómo es crecer y (sobre)vivir en una zona rural en medio del conflicto armado y qué falta para poder decir que la paz ha llegado a su vereda

Iris Aviñoa Ordoñez
 
 
 
Mariana, en el porche de su casa

Mariana, en el porche de su casa

Diez mujeres, con historias de vida muy diferentes, que conviven en un mismo lugar remoto del oriente colombiano, uno de los 26 puntos del país donde se inició la implementación del Acuerdo de paz, explican qué las ha llevado hasta allí, cómo es crecer y (sobre)vivir en una zona rural en medio del conflicto armado, cuáles son sus luchas diarias para salir adelante, qué cambios han comenzado a percibir a raíz del proceso de paz y qué falta para poder decir que la paz ha llegado a su vereda.

Maestra rural, ‘multiservicios’

«Un niño que lee es un adulto que piensa». La frase, escrita en letras de colores, está ubicada sobre la pizarra de la escuela de una vereda -pueblito rural- de la zona, donde trabaja ‘la profe’, Ana Lucía, desde hace más de 20 años. «Cuando llegué aquí, los niños de escuela, poco, y de leer, todavía menos. Su objetivo era la guerrilla. Acabar quinto, y hacia la guerrilla». Explica que hasta hace pocos años, en la zona -controlada tradicionalmente por la guerrilla de las FARC- «no había ni televisión, ni celulares, ni nada de nada», y la lectura se convertía en una de las pocas vías para ver otras realidades. «Con esta frase, mi objetivo era que vieran que había otro mundo, que no sólo existían las armas, la guerrilla, la coca; que había mucho más para hacer y para ver».

Sin embargo, «la mayoría de compañeros de mis hijos se fueron para allá. Y ¿quién dijo nada? ¿Los padres qué pueden hacer? Nada. Estábamos atados de manos». «Mi hijo se me ha ido, Dios quiera que le vaya bien, y que no lo maten», decían los padres y las madres, cuando su hijo o hija decidía irse a la guerrilla. «¿Qué más se podía decir? Si el que tiene las armas tiene el poder». «Gracias a Dios, yo tenía otra visión de la vida, y mis hijos también, y pudimos cambiar la situación; pero mucha gente aquí, no». Y al igual que los amigos y amigas de sus hijos, muchas generaciones de niños de la zona, que veían la guerrilla como única alternativa de vida. «Los compañeros de mis hijos que se fueron, todos están muertos».

El trabajo de maestra en zona una rural aislada del país, no es fácil: «Aquí eres multiservicios; eres psicóloga, madre, docente, limpiadora, vigilante, bibliotecaria… de todo tienes que ser aquí». Y se suman las particularidades de trabajar en medio del conflicto armado. «Tú como docente no podías decantarte hacia ningún lado, tenías que mantenerte en medio; limitarte a lo que te correspondía como maestra, y nada más. No podíamos opinar, estábamos en silencio. «Explica que por culpa del conflicto armado, y especialmente durante los enfrentamientos constantes entre ejército, guerrilla y grupos paramilitares -en general, cercanos a la fuerza pública- a principios de la década de los 2000, las escuelas se comenzaron a vaciar. «Era muy complicado, muchos niños se quedaban sin estudiar porque los padres no se atrevían a enviarlos a la escuela tan lejos».

Lideresa social, defensora de derechos humanos

Mariana llegó hace 18 años a la vereda Los Pinos, donde ha trabajado impulsando la creación de comités locales de derechos humanos. «El conflicto mismo nos obligó a crear estos comités, y a organizarnos, porque eran muchas las violaciones de derechos humanos en contra de las personas campesinas por parte del Estado». «Hemos sido víctimas de persecución política, persecución por ser líderes, y también persecución por ser mujeres; nos han tachado de guerrilleras, de auxiliadoras de las FARC; nos decían que no hacíamos trabajo de defensa de los derechos humanos, sino que nuestro objetivo era organizar a los campesinos para ser ‘sapos’ [informantes] de la guerrilla «.

El 3 de julio de 2014 Salomé fue detenida acusada de rebelión, presuntamente vinculada a las FARC. «Me acusaron de desaparición forzada, de reclutamiento, de entrar medicamentos, de sacar heridos, de dar capacitación en derechos humanos a la guerrilla, y de prostituta, según el ejército amante, no de uno, sino de varios frentes de los FARC », un señalamiento y una estigmatización «muy cruel «, frecuente en el caso de mujeres lideresas acusadas de apoyar a la guerrilla, asegura. «Son acusaciones totalmente falsas. Y en cinco años, ni la Fiscalía ni ninguna organización gubernamental ha podido demostrar lo contrario».

En febrero de 2018, la justicia colombiana rebajó la pena de prisión domiciliaria, que estaba cumpliendo en Villavicencio [capital del departamento del Meta], por la condicional, que le permitía moverse donde quisiera del territorio. «Tomé la decisión de volver a mi finca, a mi tierra, a mi vereda, y de empezar de cero». Pero la casa que había dejado ya no era la misma: «estaba destruida, no encontré absolutamente nada, solo desorden, murciélagos, avispas y rastrojos». Se sentó en las escaleras de la entrada y se puso a llorar, explica. «Los primeros días tuve que dormir en una tienda de campaña porque no tenía cama, y cocinar en el suelo, con una olla y una cuchara que me regalaron los vecinos». De esto hace un año, y ahora la casa desprende vida. «Aquí estoy, trabajando, luchando y tirando adelante con mi hijo».

Migrantes, inversoras, en busca de oportunidades

«Entré en Colombia por trocha [carretera sin asfaltar]. Estoy aquí ilegal. Cuando llegué, el camino se me hizo muy largo: camino, camino, barro, barro, montaña, montaña. No me imaginaba cómo sería la vereda La Cooperativa. Cuando llegué, pasé el campamento del ejército, vi la estación de la policía, soldados por aquí y por allá, vi ex combatientes de las FARC, y dije: ¿qué es esto? «.

Salomé hace cinco meses que llegó a la zona, proveniente de Venezuela, donde ha dejado, espera que por poco tiempo, a su madre, su hermana y su hijo de cuatro años. Siguió el camino que había hecho una amiga suya, también venezolana, que trabaja regentando uno de los pocos bares que tiene la vereda; y hace dos meses otra compañera suya ha hecho el mismo camino. Se pasan el día las tres juntas, sentadas en una de las mesas del bar, esperando a que vengan clientes a consumir alguna bebida, o a jugar a los billares, que barren cada mañana, por culpa del polvo de los caminos, que lo impregna todo.

Doña Mercedes también llegó a La Cooperativa en busca de oportunidades. Con la ubicación en esta región de una de las 26 Zonas veredales de Transición y Normalización (ZVTN) que se construyeron en todo el país, donde las FARC ‘dejaron’ las armas e iniciaron el tránsito a la vida civil, se generaron muchas expectativas de inversión económica en la zona. «Lo que había logrado ahorrar decidí invertirlo aquí; monté una heladería, una boutique de ropa, una carnicería y un hostal». Actualmente sólo funciona el hostal, el resto están cerrados. «La tienda de ropa, es imposible abrirla, aquí el polvo termina con todo; si una pieza de ropa se mancha de polvo [proveniente de los caminos sin asfaltar] no la puedes vender, es mejor tener la tienda cerrada». Y en cuanto a la heladería y la carnicería, «no hay comercio, no hay inversión; no hay ganancias, porque no hay a quién venderle».

Madres, cabezas de hogar

Rocío tiene 27 años, y tres hijos. Valentina tiene 17, y tiene una hija. Viven en La Cooperativa desde hace 4 y 5 años, respectivamente. Ambas nacieron y crecieron en esta región, históricamente bajo control de la guerrilla de las FARC, y llegaron a la vereda justo cuando arrancaba el proceso de paz. «Nosotros nos vimos muy perjudicadas por el ejército, porque [por el hecho de vivir en esta región] nos consideraban guerrilleras; llegaban arrollando a la comunidad, con golpes y patadas, hacían estirarse a los niños en el suelo, los humillaban, les decían que eran guerrilleros, y que los matarían».

Valentina explica que el conflicto armado afectaba a todos los ámbitos de la vida, también a la educación: «cuando tenía cinco, seis años, ir a la escuela era muy peligroso; eran muy pocos también los que podían salir a trabajar porque unos por aquí, los otros por allá… no se podía pasar por los caminos. Y cuando los enfrentamientos se calmaban, y pasábamos, encontrábamos balas, trozos de manos, de dedos… era muy difícil la situación. Podías estar por aquí, comiendo tranquila, haciendo cualquier cosa, y… ¡pum, pum, pum! Tocaba meterse debajo de la cama, y ​​tener mucho cuidado, porque había balas por un lado y por el otro. Era terrible y daba mucho miedo. Y todavía lo da porque una nunca sabe qué puede pasar en el futuro».

En la actualidad las dos crían a sus hijos solas. Valentina con la ayuda de su madre, Sara, que también la crió sola. Rocío, con la ayuda de su hermano, y de personas de la comunidad, que le echan una mano cuidando a los hijos cuando ella tiene que trabajar. Comparten, junto con muchas otras mujeres de la zona, unas ex-parejas ausentes, que no se hacen cargo de la crianza de los hijos, en una región marcada por el machismo estructural. «Él no está pendiente de si está bien, dónde está, si ha comido, si tiene ropa, si tiene lo que necesita; a él no le interesa, no se preocupa por ella», explica Valentina.

Ambas creen que a pesar de las dificultades de ser madres cabezas de familia en una zona aislada donde no hay servicios básicos sanitarios adecuados, donde falta el acceso al agua y con muy pocas oportunidades laborales, es preferible a hacerlo junto a una persona que no sólo no ayuda sino que muchas veces se gasta los ahorros familiares en alcohol.

«Yo no quería dar a mis hijos un mal ejemplo; su padre bebía mucho. Es mejor así, que una les pueda transmitir enseñanzas a sus hijos sola, estoy capacitada y hasta el momento los he educado bien», reivindica Rocío, y Valentina responde:» yo igual, si el padre les da mala vida, siempre bebiendo, no será un buen ejemplo para ellos. Yo también me siento capacitada de sacar a mi hija adelante, sola».

Campesinas, desplazadas, retornadas

Paola, Sofía y María viven en la vereda de Guaimaral, y cuando llegamos ya hace rato que nos esperan, con el tinto [café] preparado. «Nos levantamos a las 5 de la mañana, hacemos el tinto, el desayuno y nos vamos a trabajar, lo que toque: cuidar a los cerdos, las gallinas…», explica María. Esta vereda, al igual que las otras de los alrededores, vivió de pleno el auge cocalero de los años ’90. «Era un caserío [núcleo de casas en la vereda] muy rico, había mucho dinero, porque había mucha coca. Todo lo que se ve por aquí eran campos de coca, y teníamos trabajo en abundancia». Hasta que llegó la erradicación forzada, de la mano del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), que mediante el ejército destruyó los campos de coca de toda la región. «Cuando llegaron las fumigaciones, toda la zona se fue quedando pobre, no teníamos dinero para comprar leche y pañales a nuestros hijos», relata María.

Pero no sólo se terminó la coca; al entrar el ejército en la región, tradicionalmente bajo control de la guerrilla de las FARC, se incrementaron también los enfrentamientos y la violencia entre los actores armados, y también contra la población civil, que provocó un aluvión de desplazamientos forzados. «El momento más crítico para mí fue en 2011, porque estaba con mis hijos, y embarazada de otro, y atacaron la finca donde estaba; tuve que cubrirme a mí y a mis hijos con colchones; sentí pánico, fue horrible. Fue en este momento cuando decidí irme», explica Sofía. «Yo también me tuve que desplazar [forzosamente] en 2007, porque era lideresa de la comunidad, y me acusaban de ser guerrillera», continúa Paola. «Yo me fui en 2005, con mi hija de dos años», añade María.

A raíz del conflicto, una de las hijas de la Paola desapareció. «Hace más de 20 años que no sé nada de mi niña. No sé si vive, si murió, qué pasó con ella». Explica que no es la única que se encuentra en esta situación: «soy consciente de que no sólo yo he perdido a mi hija; somos muchos los que hemos perdido a alguien. Y aquí seguimos».

Madre, en busca de un hijo desaparecido

Luisa, como la Paola, también ha perdido un hijo, pero ella, en cambio, no ha perdido la esperanza de encontrarlo. Desapareció en 2008. A raíz del proceso de paz, fue a preguntar a los ex combatientes de las FARC, ubicados en un Espacio Territorial para la Capacitación y la Reincorporación (ETCR) en La Cooperativa, si sabían algo de él; le dijeron que se había unido a las FARC y que había muerto en un bombardeo del ejército. Con esta información, fue a preguntar a la unidad del ejército que en principio habría perpetrado el ataque, pero le dijeron que no constaba en el registro de víctimas de aquel bombardeo. Ante la falta de consistencia entre las dos versiones, Luisa opta por seguir buscando.

«¿Con cuántas personas? He hablado con varias personas, con muchas. Tanto de un lado como del otro. ¿Que si las creo? No, porque no aparece y yo he investigado mucho. Si las creyera estaría tranquila, pero no. No es tal y como lo dicen. Por un lado [las FARC] me dicen que está muerto, y por el otro [el ejército], nada. No lo sé, pero no aparece. Y si una persona no aparece te quedas con la incertidumbre. Porque si no ves a una persona, ni viva ni muerta, mantienes la esperanza de algún día encontrarla».

«No me gusta hablar del tema porque me vienen los sentimientos y vuelvo a la depresión. En Villavicencio me dieron tratamiento, todavía tengo pastillas, pero me dejaban como tonta. Y una se debe mantener en la realidad para asumir todo lo que le pasa, sea bueno o malo. Por eso las dejé de tomar. Estoy junto a Pablo [su marido, desde hace 31 años], y las cargas las soportamos entre los dos».

¿Qué cambios se han empezado a notar raíz del proceso de paz?

«Cuando comenzó el proceso de paz todas lo vimos con buenos ojos, porque para nosotras, que hemos vivido el conflicto, significaba que nuestros niños y niñas no deberían ir a la guerrilla», responde ‘la profe’. Estos cambios se han empezado a notar en las escuelas, en la mentalidad de los niños: «primero porque ya no juegan a ser guerrilleros, ni policías, ni nada de eso. Piensan en fútbol, ​​hablan de James, de Falcao,… tienen otra perspectiva». Incluso explica que los más pequeños no saben qué es la guerrilla. «Tú les preguntas a alguno de estos niños qué son las FARC y no lo saben; ellos ya son de otro ciclo. Hay una nueva generación, que no ha vivido la guerra».

También se han empezado a notar algunos cambios fuera de las escuelas. «Para mí la paz sí ha funcionado, es muy bonito poder moverse por la carretera sin temor a que en la esquina me maten o me encuentre una emboscada. Incluso poder hablar, opinar de ciertos temas que antes teníamos vetados», explica ‘la profe’. María, de Guaimaral, también siente que la mejora de las condiciones de seguridad es uno de los cambios que han venido de la mano del Acuerdo de paz: «no tenemos dinero, pero tenemos una comunidad donde vivir, podemos dormir con la puerta abierta, ya no tenemos miedo de que alguien venga y nos entre en casa. Ya no. Podemos marcharnos, un mes, dos meses, dejar la casa encargada a alguien, ‘Paolita cuídame la casa, póngale agua al cerdo y las gallinas’ y al mes vuelves y nadie me dirá: ¿’tú donde estabas? Es que te has desviado?’ Puedo llamar por el móvil, puedo hablar con mis hijas, con mi madre, y nadie me cuestionará. Soy libre, somos libres de actuar, de pensar, de hablar…».

Doña Mercedes, está de acuerdo, aunque no es tan optimista. «No podemos decir que la situación aquí está en paz, pero sí está calmada. Aunque existe el riesgo de que se complique». Mariana asegura que en el día a día, «se trabaja con más tranquilidad, con menos señalamientos, con menos presión», aunque «hay momentos en que todavía se siente el disgusto de las fuerzas militares por el hecho de que seguimos trabajando en estos temas [de defensa de los derechos humanos]».

Sin embargo, Mariana recuerda una situación muy simbólica en cuanto a los avances en el proceso de reconciliación: «ver a las FARC y el ejército y la policía jugando un partido de micro [fútbol] en Navidad es algo bonito. Antes sólo se peleaban; sólo balas, aviones, bombardeos indiscriminados, muertos. Se respira un ambiente diferente con este proceso de paz». En cuanto a la relación entre los ex combatientes de las FARC, que viven en La Cooperativa desde el inicio de la implementación del Acuerdo (finales de 2016), y la comunidad, aún falta camino por recorrer, según explica ‘la profe’. «Tenemos una barrera, ellos están allí, y nosotros aquí. Al principio fue muy chévere, se jugaban muchos partidos de fútbol, se integraban mucho, muchos bailes, actividades culturales,… pero todo esto se ha ido perdiendo».

Cuando Mariana retornó a Los Pinos, hace un año, se encontró «una soledad terrible», sólo quedaban cinco familias. Pero con la llegada de la implementación del Acuerdo, y la llegada de ayudas, de proyectos y de programas como el de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la vereda ha comenzado a reavivar, asegura. Se ha creado nuevamente la Junta de Acción Comunal [organización social y política de las veredas], y los comités, entre ellos el de derechos humanos, y la comunidad se está volviendo a organizar. «Después de 10 años, la gente está volviendo».

Otras personas, en cambio, se quieren marchar. «¿Los planes de futuro? Hemos decidido marchar de aquí, a alguna zona con más comercio», responde Salomé. Aquí no hay trabajo. El sueldo que ganamos no nos llega para lo que necesitamos enviar a Venezuela, así que hemos decidido marcharnos a algún otro lugar, las tres». Doña Mercedes también quiere marcharse, pero no cree que lo pueda hacer en el corto plazo.

«Esto tenía que ser una zona de progreso, donde la gente [los ex combatientes] iban a desmovilizarse, a pasar a la vida civil, se esperaba que hubiera mucha gente, mucho trabajo, dinero. Pero no ha sido así. Hasta el momento, no se ha visto nada de eso. Yo estoy aquí porque hice una inversión, y para mí es muy duro tomar la carretera y dejarlo todo tirado y seguir esperando si algún día el Gobierno, o los proyectos llegan. He pensado en alquilar esto y salir de aquí. Pero hasta que no consiga alquilarlo a alguien no lo puedo hacer. Esto para mí es… no, no puedo dejar esto tirado, no. Me he de quedar aquí obligatoriamente».

«No lo digo con lágrimas en los ojos, pero quizás me equivoqué, porque vivo bien, pero la situación económica aquí es dura. Tenemos muchas necesidades, porque aquí tenemos una casa, pero no acueductos, que es lo más sagrado para poder vivir, el agua, y no la tenemos. No tenemos cloacas; no tenemos servicio de recogida de basuras. Y la situación no irá a mejor», se queja doña Mercedes. Valentina también señala la falta de infraestructuras y servicios básicos como una de las carencias del proceso de paz, que debe venir de la mano de la implementación del Acuerdo, que apuesta por una mejora de la calidad de vida en las zonas rurales del país, las que más han sufrido el conflicto y la falta de inversiones del Estado. «Es muy poca el agua que llega, y está muy sucia. No sirve para comer ni para lavar ni para nada. El agua está agotada». Otro aspecto es la falta de oportunidades laborales: «No ha habido cambios en absoluto, al menos no en cuanto a trabajo. En lugar de mejorar, ha empeorado», explica Rocío. «Poco trabajo, la gente se ha ido y muchas fincas se quedan solas. El trabajo es muy poco».

«A raíz del proceso de paz, la gente está empezando a hablar, está empezando a buscar a sus seres queridos», explica Mariana, que apoya a las familias de la zona en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, aunque asegura que todavía hay cierto temor y desconfianza que pueda haber represalias por parte de alguno de los actores armados. En el caso de Luisa, el proceso de paz aún no le ha permitido encontrar a su hijo. «Tanto diálogo y tantas cosas que han hecho y no se ven avances, porque ya sería hora de que me respondieran, que me dieran ni que fuera una mala noticia, o una mentira, o cualquier cosa. Pero que me la den. Que me la den».

Luisa sabe que no es la única que pasa por esta situación. «Hay muchas familias colombianas en el mismo proceso. Ha habido muchas marchas de madres, pero con manifestarse no se consigue nada, una debe actuar, buscar, meterse allí donde una nunca se ha metido a ver qué descubre. Yo no creo que esté muerto, pero tampoco me dan respuestas». Se queja de la atención recibida por la Unidad de Víctimas, que es la entidad estatal encargada de atender todas las denuncias de las víctimas relacionadas con el conflicto armado. «Lo que más me indigna es que no me crean», protesta, con tristeza. «Pues que averigüen, que busquen, que me ayuden a buscarlo. Pero no, le cierran a una las puertas. Creedme que yo sola no soy capaz de hacerlo todo».

«Todas las personas tenemos derecho a saber la verdad, el derecho a saber cómo y por qué ha pasado». Mariana reivindica la importancia de que la Comisión de la Verdad pueda trabajar de la mano con los y las campesinas, en las zonas rurales, que es donde se ha luchado la mayor parte del conflicto armado, y donde hay más población afectada. «Tenemos mucho que contar al país, cosas terribles que vivimos aquí; historias de falsos positivos [personas asesinadas por las fuerzas armadas colombianas, acusadas falsamente de pertenecer a la guerrilla], de presencia de grupos paramilitares, de muchos otros grupos que han vulnerado los derechos humanos en este territorio». «Es un dolor que lleva el pueblo colombiano, que llevan las madres, los padres, las esposas, los huérfanos… todo lo que ha quedado de esta guerra de tantos años, de este conflicto es este silencio, una pesadilla que nos queda dentro».

«Lo importante es que no se acabe el apoyo al proceso de paz; si se acaba, vendrá una guerra aún más dura para todos», dice Sofía. «Sí, y toda la región se volverá a quedar abandonada, y tendremos que volver a salir corriendo dejando todas nuestras pertenencias tiradas, como hicimos en el pasado», responde Paola. Junto con María, lograron retornar a la vereda de Guaimaral, después de haberse de desplazar forzosamente debido a la violencia, y tienen claro que no quieren irse de la zona. «Nos tenemos que sentir orgullosas de ser campesinas; si nosotros no cultivamos la comida, entonces ¿qué comería el presidente?», pregunta riendo María.

«Si el gobierno ayudara más por aquí, muchas madres podríamos continuar los estudios que no pudimos terminar. Si ellos entendieran que nosotros también estamos resistiendo y que tenemos muchas necesidades…», reivindica Rocío. «Sí, sería muy bonito poder criar a los hijos aquí, en el campo, donde una ha crecido; criarlos en paz, explicar los recuerdos bonitos», continúa Valentina. «Aquí tuve que vivir los peores momentos de mi vida, pero aquí he encontrado también las ganas de vivir», asegura Paola. «Somos mujeres emprendedoras, queremos salir adelante y demostrarle al mundo que somos capaces de luchar por lo que queremos».


Nota de la autora: los nombres de todas las protagonistas han sido cambiados para preservar su identidad

1 Comentario en Entre el conflicto armado y la paz en Colombia: reflexiones y vivencias de 10 mujeres desde la vereda

  1. Lenoxx Palmer // 07/06/2019 en 13:16 // Responder

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