El último delirio de la Fiscalía en el Juicio al Procés

Se podía pensar que la rebelión y la sedición sólo existían en la cabeza de las acusaciones, pero han decidido dar un paso hacia adelante y considerar los hechos del 2017 como un golpe de Estado, equiparando el Procés con el 23F. Esta es la historia que la Fiscalía quiere que conste en los libros de historia. La diferencia es que los responsables del segundo fueron indultados, mientras que los primeros difícilmente lo serán

Guillem Pujol
 
 
 
Imatges de la Fiscalia i Advocacia de l'Estat, al Judici contra el Procés | TS

Imatges de la Fiscalia i Advocacia de l'Estat, al Judici contra el Procés | TS

Nos pensábamos que la Fiscalía había perdido los papeles en la acusación contra el “Procés”, pero resultó que no tenían ni eso. Obviamente la rebelión no existió más allá de sus cabezas, pero en el razonamiento político del juicio se asumía la siguiente estrategia: acusar de rebelión y sedición a los presos políticos para hacer más digeribles las acusaciones de malversación y desobediencia. Una desobediencia que, por otra parte, existió: El 1-O no se entiende de otra manera que la voluntad de más de dos millones de personas desobedeciendo un mandato judicial.

Pues en el día del alegato final de la Fiscalía y después de meses de juicio, nada de eso ocurrió, y la Fiscalía formada por los fiscales Zaragoza, Moreno, Cadena y la fiscal Madrigal, decidió dar un paso hacia adelante y considerar los hechos ocurridos entre el Septiembre y Octubre del 2017 en Catalunya como un Golpe de Estado. Así, sin más complejos, se equipara El Procés con el 23F. Esta es la historia que la fiscalía quiere que conste en los libros de historia, lo que significa, de cumplirse, que algunos de los presos (Junqueras, Sánchez y Cuixart) podrían hasta cumplir dos décadas entre rejas. La diferencia entre el 23F y el Procés probablemente acabe siendo que parte de responsables del primero fueron indultados, mientras que los segundos difícilmente lo serán.

Según el Fiscal Zaragoza, el Golpe de Estado es tan evidente y la rebelión tan manifiesta que poco importa que ni hubiera habido violencia grave ni violencia armada, porque, claro, hubo otros tipos de violencia y todas empiezan por la misma letra. No importa la multitud de imágenes grabadas – con video y audio – en las que se aprecia como los voluntarios organizaron un cordón a las puertas de la sede del Departament d’Economia para habilitar la salida de la magistrada.

Tampoco importaron mucho las palabras de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart llamando a la manifestación pacífica, e incluso pidiendo a los movilizados que abandonaran la concentración del día 20S, porque hubo “manejo de masas” por parte de los mismos. Ni qué decir tiene de la irrelevancia de las palabras del Major Trapero al asegurar que tenían un plan para detener a Puigdemont en caso de que se declarara la independencia ante la propia mirada del que fue su Conseller de Interior y ahora preso político, porque hubo “utilización de los Mossos”.

La violencia, como expuso a continuación el Fiscal Moreno, debe comprenderse como parte de una misma unidad, que, como la de España, afecta a todo el mundo por igual. El razonamiento es que al existir un clima de rebelión, toda violencia es producida por esa rebelión. Lo que significa, a efectos prácticos, es que la gente que participó y fue herida el 1-O defendiendo el legítimo derecho de autodeterminación (que es lo que en fondo fue el 1-O) formaba parte de una violencia generada por ellos mismos contra ellos mismos que les acabó agrediendo con porras y balas de goma. Policías y ciudadanos, si sufrieron algún daño, fue por culpa de la violencia inherente a la rebelión. Parece un imposible metafísico o una compleja paradoja matemática, pero se trata de la acusación de la fiscalía.

Huelga decir que dicho alegato no es la sentencia definitiva, pero sí que es el último acto del triste papel ejercido por la Fiscalía durante el juicio. De hecho, en el transcurso del mismo, la imagen de la Fiscalía se ha ido empequeñeciendo por la acumulación de errores de preparación del contenido, confusión de fechas y nombres, y un uso constante de la hipérbole como falso lenguaje jurídico – sancionado a veces por el Juez Marchena. En todo caso, las conclusiones de la Fiscalía no son nada alentadoras ni dejan en buen sitio a la Justicia española, ya bastante denostada en los últimos años. Llega, además, el mismo día que el Tribunal Supremo decide parar la exhumación del Dictador y proceder a su blanqueamiento – avalando su proclamación como Jefe de Estado por parte de los militares golpistas -. Un dia negro para la democracia.

Ahora, todo está en manos del Juez Marchena. En él recae la responsabilidad de Estado que ni tuvo el Rey durante el discurso del dia 3-0, ni tuvo el Gobierno del Partido Popular de Rajoy, que dio la espalda al diálogo y sumió al país en una de las mayores crisis de su historia. Nunca un Juez se había afrontado tal escenario. Juzgando por cómo hemos llegado hasta aquí, nos podemos temer lo peor.

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