“El trato recibido por los presos y la visibilidad del Procés debería abrir la puerta para cuestionar el sistema penitenciario”

Hablamos con Ernesto Pascual, doctor Internacional en Ciencia Política, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales y profesor asociado de la UAB y la UOC sobre lo que pasará dentro y fuera de las salas del Tribunal Supremo durante el juicio contra el proceso

Sandra Vicente
 
 
 

El martes 12 de febrero comienza un juicio que ocupará portadas durante, al menos, los próximos tres meses. El deadline de las vistas parece ser a mediados de mayo, fecha en la que uno de los magistrados se jubilará y antes de las elecciones. Más de 500 testigos pasarán por las salas del Tribunal Supremo para decidir sobre los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia que pesan sobre los 18 líderes independentistas.

Hablamos con Ernesto Pascual, doctor Internacional en Ciencia Política, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales y profesor asociado de la UAB y la UOC sobre lo que pasará dentro y fuera de las salas del Tribunal Supremo.

Finalmente parece que el Tribunal Supremo ha denegado la entrada de observadores internacionales en la sala donde se celebrará el juicio. ¿Cómo lo valora?

La posición del Supremo es que, en tanto que se trata de un juicio televisado, ya hay garantías de poderlo seguir fuera de la sala. Sí que es cierto que la presencia física siempre da posibilidades e impresiones diferentes, pero ha optado por la opción más sencilla, que es la de no reservar asientos para los observadores internacionales.

La diferencia de relatos entre las dos partes confrontadas en el juicio, y entre las mismas defensas -hay quien dice que será un juicio político y quien dice que será un juicio técnico- no son suficientes para pensar que presenciaremos un juicio sin garantías. Solicitar la presencia de observadores internacionales es frecuente cuando las garantías no están consolidadas o cuando hay sospechas de manipulación. Pero, normalmente, cuando se dan juicios en países reconocidos como democracias no suele haber observadores internacionales.

Siguiendo con polémicas que se están dando antes de comenzar los juicios. Las defensas han denunciado las condiciones en las que se encuentran los líderes independentistas en las prisiones y han pedido que afronten el juicio en libertad, a lo que el Tribunal ha denegado. ¿Es habitual?

La libertad provisional es un arma más del argumento jurídico. Lo que también es habitual son las condiciones que se están denunciando. Otro de los argumentos para pedir la libertad se basa en las distancias que deberán recorrer a diario los presos para llegar al Tribunal Supremo, pero es que eso lo hacen todos los presos. Y tampoco tienen acceso a ordenadores ni calefacción en Soto del Real. Lo que el juicio contra el Procés está poniendo de relieve son condiciones habituales de los presos comunes que olvidamos o pasamos por alto habitualmente. La visibilidad de este caso nos debería llevar a un debate para cuestionarnos la calidad del sistema penitenciario de este país.

Juicios políticos ha habido muchos en los últimos años en España. ¿Qué se puede sacar de la visibilidad que tiene el juicio del Procés?

La sociedad y la agenda política y mediática ahora están centrados en este tema. En el momento en que desaparezca el Procés de los periódicos, ¿continuaremos denunciando estas realidades que, por otra parte, son habituales? Parece que sólo nos importa hacer reivindicaciones por la situación de los presos cuando son políticos o líderes sociales, pero las invisibilizamos cuando se trata de presos comunes.

Un ejemplo lo encontramos en la cárcel de La Model de Barcelona; necesitamos cárceles, pero no las queremos en el centro de las ciudades. Ahora, sin embargo, nos quejamos de los viajes que deben hacer los presos para acceder a los juicios o de las inversiones que deben hacer las familias para visitarlos. Cuando acabe el Procés continuaremos necesitando cárceles, pero las volveremos a querer lejos, para no tener que verlas.

Cuando las cárceles desaparecen de nuestro ámbito cercano -ya sea por situación geográfica del centro o por la importancia mediática de los presos- nos desentendemos de cómo transcurre la vida de los prisioneros. Tenemos tolerancia siempre que no nos afecte. Un ejemplo lo tenemos en el País Vasco, tantos años reclamando el fin de la dispersión de los presos y ahora ya no hablamos de eso. Es sólo en casos puntuales que sale a la luz la situación habitual del sistema penitenciario español.

La decisión de la fecha de inicio del juicio también ha sido controvertida. El Supremo denegó la petición de las defensas de retrasar la fecha, según los magistrados, para terminarlo antes de las elecciones de mayo.

Hay una norma no escrita a la judicatura por la que se intenta que no haya juicios de este calado -antiterroristas, sobre corrupción o este del Procés- durante periodo electoral. Para ello se aprovechará al máximo el tiempo para terminar antes, incluso, de la precampaña. Pero más importante que eso, es el tema técnico de que uno de los magistrados se jubilará alrededor del 12 de mayo. Para que el juicio no sea nulo, tendrán que acabar las vistas antes de esta jubilación. Si no, se deberá repetir entero.

Es por ello que se está contemplando celebrar vistas durante un abanico más amplio de días, que incluyen los fines de semana. Y es posible que sea necesario porque hay muchísimos testigos y podría ser que no pudiéran declarar todos.

¿Sería posible, pues, que los magistrados negaran la participación de algunos testigos clave, argumentando que se hace para cumplir con los plazos?

Podría ser que lo hicieran, pero creo que a la defensa no se lo harán con ningún testigo clave. El Tribunal Supremo intentará ser muy cuidadoso con todo lo procedimental. Saben que la última instancia de la defensa pasa por acudir al Tribunal de Estrasburgo, lo que no interesa al Supremo y, por tanto, intentarán no vulnerar ningún derecho procesal.

Seguimos con los testigos. Carles Puigdemont finalmente no declarará, pero Mariano Rajoy sí acudirá y ya ha afirmado que tiene ‘cosas muy importantes a aclarar’. ¿Qué podemos esperar de estos testigos?

Esta es una gran pregunta, porque no lo sabemos. Los interrogatorios de la acusación se harán en clave de justificar el uso de la fuerza, haciendo que los testigos afirmen que había situación de violencia en Catalunya. Mientras, la defensa intentará desmontar la necesidad de intervención violenta por parte del Estado. Diciendo que no ha habido un levantamiento suficientemente fuerte como para necesitar medidas tan extremas. En esto se basa, de hecho, el delito de rebelión. La gran pregunta que deberán responder todos los interrogados es si hubo violencia.

Y será también lo que inclinará la balanza entre la rebelión y la sedición

La Fiscalía, que acusa de rebelión, pide penas mucho más altas que la Abogacía del Estado, que acusa de sedición. Lo vemos en el caso de Junqueras, al que se le piden 25 años de prisión, a los que debemos sumar el tiempo que llevan en prisión preventiva. Es siempre el mismo nudo gordiano: el relato a la violencia que se ha construido y que las defensas deberán trabajar para demostrar la realidad.

Hay mucha disparidad entre las estrategias de las defensas. Hay quien rechazará los cargos, quien se defenderá y quien, como Cuixart, acusará directamente el Estado. ¿Cómo se leen estas disparidades?

Efectivamente; y tanto los testigos elegidos como la transparencia que se pide tienen una motivación. Si los acusados ​​niegan los cargos, que no han hecho aquello de lo que se les acusa, querrá decir que realmente no querían la independencia y estaríamos ante una hipocresía muy grande. Algo se ha hecho, eso está claro. Qué y hasta qué punto es lo que debe decidir.

Podremos leer las diferencias de los relatos de las defensas más como discursos políticos que como defensas per se. Porque serán las mismas diferencias que hay ahora en el discurso independentista. Cuixart acusará al Estado de represión y Junqueras querrá defender que no hubo violencia y que tienen el derecho a independizar el territorio.

Lo que suceda durante estos meses afectará a la agenda política catalana y española. Esto pasa, en parte, por la aprobación de los presupuestos y por el relator propuesto por el gobierno de Sánchez y que llevó a que Casado le acusara de “alta traición”.

Desde el punto de vista del derecho es difícil saber si las negociaciones con el relator habrían tenido afectaciones al juicio. No debería poder influir en las partes, porque en ese caso, una de las acusaciones de la defensa, que no hay separación de poderes, sería realidad. Por ello Sánchez se esforzó en dejar claro que pasara lo que pasara con los presupuestos no habría afectaciones al juicio.

La otra historia es la acusación de alta traición. Parece que el día que explicaron esto era uno de los que Casado no fue a su clase del máster, porque la Alta Traición tiene que ver con la compartición de secretos de estado con otros estados extranjeros y Catalunya forma parte de España. No se aguanta esta acusación con ningún artículo del Código Penal, por lo que nos quedamos en que simplemente es una herramienta política sin importancia legal.

Ahora bien, me preocupa mucho la deriva autoritaria que, en general, está habiendo entre nuestros políticos, que se nota en las maneras para deslegitimar al otro, haciendo creer a su electorado que los rivales no merecen, no son dignos, de estar en política. Es como cuando Trump logró la presidencia, que amenazó Hilary Clinton de llevarla a prisión. Es deslegitimar sin límites del adversario y cualquiera que piense diferente. Los enfrentamientos que estamos viendo en el Parlament entre Quim Torra e Inés Arrimadas no son el camino.

Durante los primeros días del juicio del Procés también se celebrará otra vista que ya hace días que se aplaza: la de Roger Español como investigado por un presunto delito de atentado a la autoridad. La primera fecha propuesta era el 21 de diciembre, cuando se celebró el Consejo de Ministros en Barcelona. Ahora, parece que será el 15 de febrero.

Son juicios con tempos diferentes, aunque, por supuesto, se tratan casos que tienen relación y comparten que serán debates sobre el uso proporcional o no de la violencia, necesaria o no. Pero una es entre un cuerpo policial y un manifestante y la otra es una cuestión de Estado. Una actuación policial individual, -inacceptable, debo decir- será castigada sin más. Pero lo que se discute en el Supremo es si hubo confabulación entre la Generalitat, la ANC, Òmnium y los Mossos para acabar con el sistema político español y, en todo caso, si este Estado respondió de manera proporcional.

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