El traslado de los presos a Madrid, un viaje hacia un juicio lleno de incógnitas

Los 9 presos políticos han dejado las cárceles catalanas el primer día de febrero, camino a Madrid, para ponerse a disposición del Tribuna. Durante el traslado se ha conocido la fecha de inicio del juicio, que será el 12 de febrero, dilatando así un periplo judicial en el que se suma más de un año de prisión preventiva

Sandra Vicente
 
 
 
La gente, concentrada en el Paseo Pujades, seguía en directo la votación del Parlamento el 27 de Octubre de 2017, pocos segundos antes de que Carmen Forcadell proclamara la independencia | Sandra Vicente

La gente, concentrada en el Paseo Pujades, seguía en directo la votación del Parlamento el 27 de Octubre de 2017, pocos segundos antes de que Carmen Forcadell proclamara la independencia | Sandra Vicente

El primer día de febrero es el día en que los presos políticos abandonarán sus celdas en las cárceles catalanas para encaminarse a Madrid para la celebración de un juicio que, durante el traslado se ha sabido que empezará el 12 de febrero. La vista, que se celerbrarà en el Tribunal Supremo, ya ha despertado recelo entre varios grupos de juristas y entidades defensoras de los derechos humanos que dudan de la transparencia y la rectitud de las vistas.

Hace semanas que se barajan varias fechas como punto de partida de las vistas en las que se juzgarán a los 12 líderes independentistas, que ya hace más de un año que están en prisión preventiva. Los días que más sonaron fueron el 5, 6 o 7 de febrero, fechas en las que diversas entidades o sindicatos como la Intersindical-CSC anunciaron que articularían el rechazo social a un «juicio injusto» con jornadas de huelga. Finalmente, en saberse que la fecha del juicio será el día 12, el sindicato ha anunciado que convoca un paro general para el día 7 -ya que no están en el plazo legal para convocarlo para el día 12.

La tarde del jueves fue cuando los magistrados del Tribunal Supremo pusieron la fecha definitiva sobre la mesa. Esto supuso una semana de retraso respecto a «las fechas cercanas al 5 de febrero» que figuraban en el oficio del presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, en la que pedía que los 9 presos estuvieran a su disposición dada la inmediatez del juicio.

Esta dilatación en la decisión de la fecha de los juicios es una de las primeras vulneraciones que ya alertaron colectivos de abogados y juristas, ya que no es habitual poner los presos a disposición del tribunal sin un día marcado en el calendario. Y es que «sin fecha de juicio, más riesgo de indefensión», tal como declararon los abogados de los presos en TV3. Ante esta indefinición, los abogados se han dirigido al Supremo para pedir conocer la fecha de los juicios con, al menos, tres semanas de antelación, para poder tener suficiente tiempo para preparar las defensas.

«Sin derechos no hay libertad», lema de una huelga laboral

Los motivos principales de la huelga, que se ha anunciado la mañana del viernes y que se convoca bajo el lema «Sin derechos no hay libertad», son eminentemente laborales. La derogación de la reforma laboral, un salario mínimo de 1.200 euros, la recuperación de las leyes sociales vetadas por el Constitucional, la igualdad de trato y oportunidades y condiciones laborales para los servicios públicos. Los mismos motivos que los de la huelga del 21 de diciembre, día en que se celebró el Consejo de Ministros en Barcelona.

Carlos Sastre, secretario general de la Intersindical-CSC ha querido dejar muy claro que es una «huelga laboral», que denuncia la «flagrante vulneración de derechos políticos y sociales», y que se enmarca en el conjunto de protestas que lleva a cabo el sindicato en un «proceso de movilizaciones sostenido». Durante este año, recordó, ya se han hecho cuatro huelgas -esta será la quinta.

Trabas para los observadores internacionales

La fiscal general del Estado, María José Segarra, afirmaba lunes que el juicio contra el Proceso sería transparente. Por este motivo, no considera necesaria la presencia de observadores internacionales. «Creo que un juicio que tiene lugar en la justicia española, que es plenamente respetuosa con las garantías de todos, y que además garantiza la transmisión en directo, no puede ofrecer más transparencia», afirmó en un desayuno organizado por el Executive Forum España.

Esta «retransmisión» se dará en la biblioteca, el salón de actos y un espacio conocido como la aspirina, una sala anexa, en la que los medios de comunicación podrán seguir en directo los juicios -que también serán retransmitidos por televisión. Esta sala, según ha dejado entrever Segarra, es la que también pretenden poner a disposición de los observadores internacionales que se encaminen a Madrid para fiscalizar los juicios.

Pero este espacio no es suficiente. Así lo declaró Anaïs Franquesa, portavoz de la plataforma International Trial Watch, que ya ha pedido espacio para cinco observadores internacionales en cada sesión de los juicios, aunque el Tribunal aún no ha resuelto la petición. «Si el Supremo tiene tan claro que el juicio será justo, no entendemos que haya reticencias con que los observadores puedan acreditarlo y determinarlo», declaró Franquesa a Catalunya Ràdio. La portavoz considera que la sala donde se esté llevando a cabo el juicio es la única en que los observadores podrán realizar su trabajo, ya que es donde se detectan todos los detalles que se escapan de las retransmisiones de vídeo.

Así, International Trial Watch, plataforma que está impulsada por seis entidades catalanas, cuenta con la colaboración de diversas entidades internacionales como la American Bar Asociation, la Federación Internacional de los Derechos Humanos o la red europea Euromed Rights. La intención de la plataforma es realizar un proceso propio de observación de la mano de profesores universitarios, entidades y expertos en derechos humanos para detectar posibles vulneraciones.

Concentraciones durante el traslado de los presos

La concreción de la respuesta del músculo social del independentismo a raíz del traslado de los presos y presas también se ha hecho esperar. No ha sido hasta el día antes de que la ANC ha comunicado que convoca a concentraciones en los centros penitenciarios ya seguir los presos a lo largo del recorrido entre estos y Brians2. A partir de aquí el traslado será responsabilidad de la Guardia Civil. En esta línea se ha posicionado también Òmnium Cultural.

Respecto a la posibilidad de cortes de carreteras y varias opciones para obstaculizar el traslado, Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, se ha mostrado contundente: «¿qué sentido tiene oposart hacerte a un traslado cuando no lo conseguirás y cuando, además , ya se ha decidido afrontar el juicio?», afirmó.

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