El juez da luz verde al Sónar y acepta la sustitución los ‘riggers’ en huelga

El juez Santiago Vidal, magistrado encargado del caso de los riggers en huelga, argumenta que contratar a trabajadores para substituir a los huelguistas no va en contra de la norma, ya que prima el derecho a proteger a los trabajadores que dependen de la efectiva celebración del festival y desestima adoptar medidas cautelares que habrían suspendido el Sónar

Tomeu Ferrer
 
 
 
Festival Sónar, el 2018

Festival Sónar, el 2018

El juzgado Social número 27 de Barcelona, ​​cuyo titular es Santiago Vidal, ha dado luz verde a la contratación de nuevos trabajadores para sustituir a los montadores de escenarios -o riggers– que habían declarado una huelga a sólo una semana de empezar el Sónar. Así, mientras que los trabajadores y sus abogados veían en esta nueva contratación por parte de la Feria de Barcelona ​​un acto de «esquirolaje ‘, Vidal ha determinado que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, los derechos de una minoría de trabajadores no pueden pasar por delante de los derechos de los usuarios y tampoco ante el interés general que supone para la ciudad el evento cultural y económico que es el Sónar.

Según la apreciación del juez, apoyar la denuncia de los riggers implicaría poner en peligro muchos más puestos de trabajo que dependen de la celebración del festival, que este año celebra su vigésimo sexto cumpleaños y que el año pasado congregó a más de 126.000 personas. Por tanto, no adopta medidas cautelares, que habrían supuesto la paralización del festival, ni considera que la contratación de nuevos trabajadores vaya en contra del derecho a huelga.

La demanda de los riggers no pretendía detener el festival, sino que se reconocieran los derechos del colectivo, que convocó huelga el 11 de junio. Incluso el día antes de conocerse la decisión del juez, los riggers aseguraron, en rueda de prensa, que si el juez les daba la razón, y si la Feria de Barcelona avenía a negociar, se comprometían a hacer un esfuerzo suplementario para poder tener listos los escenarios en 36 horas para que el Sónar se pudiera celebrar con normalidad.

La decisión del juez no presupone cuál será el desenlace del conflicto. Los trabajadores saben que La Fira de Barcelona ha convocado la licitación de la concesión. Saben también que en esta convocatoria no figura el mantenimiento de las condiciones laborales del colectivo, lo que los trabajadores interpretan como el retorno hacia situaciones de precariedad que pensaban superadas.
Por lo tanto, mantendrán, agosto y septiembre, las movilizaciones y acciones de protesta en defensa de sus derechos con la esperanza de que las administraciones que hay detrás de La Fira, Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat, apuesten por la estabilidad laboral en lugar de aplicar mecanismos de liberalismo salvaje como se aplican en todo el Estado español, donde los riggers son falsos autónomos sin derechos laborales.

Defensa de las condiciones laborales

La Unión Temporal de Empresas (UTE) Rigging tiene la concesión para montar las grandes estructuras aéreas de las ferias y certámenes que organiza Fira de Barcelona. Los trabajadores de la empresa hace tiempo que disfrutan de unas condiciones laborales insólitas en el sector, con la plena incorporación legal y con una situación laboral satisfactoria. Pero la concesión está a punto de ser renovada y en el pliego de condiciones Fira de Barcelona no ha incluido ni la subrogación de los trabajadores en la empresa que se adjudique el encargo ni el mantenimiento de sus condiciones laborales. La exigencia que La Fira incluya estos puntos y la negativa a aceptarlo por parte del ente público han sido los desencadenantes de la huelga.

El 11 de julio los trabajadores comenzaron la huelga y justo entonces se supo que La Fira de Barcelona había contratado varias empresas de Portugal y de otros lugares, para montar las estructuras aéreas del Sónar. Esto era justificado con un punto del contrato según el cual La Fira podría encargar los trabajos a otras sociedades si la adjudicataria no podía asumir el trabajo. Contra eso los defensores de los trabajadores, el Colectivo Ronda, argumentó que la relación entre Feria y la UTE es de dependencia económica y, por tanto, la entidad pública actuaba como la empresa real y su acción chocaba directamente con el respecto al derecho constitucional de huelga.

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