El derecho de huelga cumple 110 años, entre la debilidad inicial y los recortes aplicados en democracia

En abril de 1909 se decretó el primer derecho a huelga; desde entonces, tanto en épocas de dictadura como de democracia, ha sufrido diversos recortes y cuestionamientos. El último puede ser la sentencia del caso 'riggers' del festival Sónar, que puede atar las manos de los trabajadores que quieran hacer valer sus derechos parando la producción y acabar descafeinando definitivamente el derecho a huelga

Tomeu Ferrer
 
 
 
El Proletariado, de Giuseppe

El Proletariado, de Giuseppe

El derecho de huelga en España fue reconocido hace 110 años, el 24 de abril de 1909. Pero desde entonces se puede decir que la posibilidad de reivindicar los derechos de los trabajadores ha sido más bien intermitente en el tiempo y sólo los últimos años este reconocimiento ha tenido un estatus legal estable. Ahora bien, incluso en períodos de democracia han proliferado interpretaciones tendentes a limitar o controlar este mecanismo reivindicativo. La última muestra la hemos encontrado en la decisión del juez Santiago Vidal sobre el asunto de los riggers del Sónar, no encontrando incompatibilidades en el hecho de contratar nuevos trabajadores para sustituir a huelguistas, poniendo claramente en entredicho el derecho a huelga. Así, la sentencia final que se haga sobre este hecho puede ser la piedra de toque que consolide el derecho o lo descafeíne definitivamente.

El gobierno español estaba en 1909 presidido por Antonio Maura, un conservador, pero también regeneracionista, que quería situar el Estado en la senda de modernidad europea. Ya en 1901 hubo un primer intento de ley de huelga, que no tuvo éxito.

De hecho, la primera ley de huelga lo que hacía era distinguir cuáles eran los conflictos legales y los fuera de la ley. Así, en un apartado se decía claramente que la huelga se podía hacer  «sin perjuicio de los derechos dimanantes de los contratos que se hayan celebrado». Este concepto daba pie y legitimaba el empresario para declarar la extinción del contrato de trabajo en el supuesto de huelga.

Otro elemento que se encontraba con claridad en la ley es la idea de dejar fuera de la norma las movilizaciones con objetivos políticos: «El estado no debe oponerse a que unas u otras clases sociales defiendan sobre intereses mediante los medios que juzguen adecuados, siempre que respeten la posición individual y no perturben el orden público, ni la vida económica general de una población o comarca« , se afirma.

La aplicación de la ley de huelga chocó con el gran trauma que fue la Semana Trágica, causada por la oposición obrera a la guerra de Marruecos y al «tributo en sangre» que sólo pagaban los más pobres. Hay que decir que los próximos años la ley fue masivamente incompleta, aunque las sanciones penales que se derivaban a menudo eran levantadas por los indultos que se aplicaban con los cambios de gobierno.

La práctica superó a la ley en la huelga de la Canadiense de 1919, en la que se paralizó Barcelona durante 43 días fruto de una movilización general. Durante la dictadura de Primo de Rivera se promulgó, en 1928, un nuevo código penal en el que el artículo 290 consideraba las huelgas como delito de sedición cuando por su extensión y finalidad no puedan calificarse de paros encaminados a obtener ventajas puramente económicas.

Aunós, cerebro de corporativismo

Un catalán, de Lleida, Eduard Aunós, exmiembro de la Liga Regionalista, fue ministro de Trabajo durante la dictadura. El régimen creó en 1926 la Organización Corporativa Nacional (ONC). La pretensión final que se quería aplicar era crear una rama de derecho laboral en la que, según Aunós, la huelga está fuera del imaginario de la resolución de la problemática laboral, para evitar «el caos bolchevique».

Durante la Segunda República y de la mano del primer ministro de Trabajo del PSOE, Francisco Largo Caballero, aprueban la Ley de Contratos de Trabajo (LCT 1931) y la Ley de Jurados Mixtos de 27 de Noviembre de 1931 (LJM). Así pues, la huelga sólo podía utilizarse como último recurso, una vez fracasados ​​todos los intentos de conciliación. Las medidas laborales de Largo Caballero tuvieron efectos positivos para los trabajadores, pero el objetivo de «paz social» estuvo completamente ausente en el movimiento obrero.

Durante la República el principal sindicato, la CNT, se mantuvo al margen de la política oficial de crear jurados mixtos y muy a menudo tiró derecho, saltándose los límites fijados por la norma.

Lerroux recorta el derecho durante la República

En 1934 dentro del bienio negro formado por la conjunción de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) y el partido radical de Lerroux, se publicó un decreto que fijaba las causas legítimas de despido por huelga, que en su artículo 1 estipulaba como a causa de despido, toda huelga llevada a cabo por intereses ajenos al trabajo.

A partir de 1939 el franquismo prohíbe todas las organizaciones obreras y sindicales. Siguiendo la estela fascista agrupan en un solo organismo las representaciones de los obreros y los empresarios. La norma fundamental relacionada con la representatividad de los trabajadores es el Fuero del Trabajo, de 1938. El título XI del Fuero afirma que «los Actos individuales o Colectivos que de algún modo turben la Normalidad de la producción o atenten contra ella, serán considerados como delitos de lesa patria» . Y el título  XI. dice: «El estado impedirá […] aquellas actividades que dificulten el normal desarrollo de la economía nacional«.

Además, la huelga fue prohibida mediante la modificación del art. 222 del Código Penal de 1944, por el que se la calificaba de delito de sedición. Así, no fue hasta la llegada de la democracia y la Constitución Española que se empieza a considerar la huelga como derecho fundamental. Esto le da, con la ley en la mano, una preeminencia e intensa protección frente a otros derechos sin tal configuración específica.

Concentración sindicato riggers en Fira de Barcelona

El esquirolaje, prohibido

Junto con dicha protección se legisló uno de los aspectos más controvertidos: el esquirolaje . En este sentido se recoge en el Real Decreto Ley 17/1977 que establece en su artículo 6.5 » que en tanto dure la huelga, el empresario no podrá sustituir a los huelguistas por trabajadores que no estuvieran vinculados a la empresa en el momento de ser comunicada la misma, salvo caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el apartado núm. 7 de este artículo« . En este sentido, las únicas formas que se permiten y no vacían de contenido el derecho a huelga son las vinculadas a los servicios de seguridad y mantenimiento, así como la necesidad de cubrir los servicios mínimos designados por la autoridad laboral para asegurar los servicios esenciales.

En febrero de 2012 en dicha reforma, del Partido Popular (PP), se decide que la representación de los trabajadores es innecesaria para la adopción de las siguientes medidas por parte del empresario: modificaciones sustanciales, movilidad geográfica, suspensión de contrato y reducción de jornada y despidos. 

Con esto, el derecho de huelga, aunque reconocido de manera solemne en la Constitución Española, ha perdido los últimos años parte de su alcance, más allá de las reformas laborales. Por un lado se ha producido una fuerte controversia respecto a los piquetes utilizados para extender la protesta. Un informe realizado por Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores denominado: Ofensiva Penal contra el derecho de huelga – Informe sobre los Procedimientos sancionadoras -penal y administrativos- abiertos contra sindicalistas , lo denunció. Este documento considera que las denuncias se dirigen principalmente contra los responsables sindicales o personas con visibilidad en el ámbito de lucha laboral, mediante las identificaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.

Actuaciones penales contra sindicalistas

Y con las denuncias llegan también las actuaciones penales. A  partir de 1995 apareció en el código penal el artículo 315.3 que castiga el delito de coacción vinculado con el derecho al trabajo. Esta figura la relacionan miembros de la Asociación Catalana de Juristas Demócratas, (AJCD), al deseo de los poderosos de amedrentar a los que a través de la huelga amenacen su posición de privilegio, especialmente en momentos de crisis. El resultado: más de 300 sindicalistas con procedimientos judiciales que en conjunto supondrían cientos de años de prisión,  por el simple hecho de haber participado en movilizaciones vinculadas con huelgas, sean generales o de sector.

El caso de los  riggers , con la polémica decisión del juez que ha permitido  de facto  el trabajo de empresas ajenas durante una huelga convocada legalmente, abre la puerta, afirman fuentes sindicales, a levantar el veto sobre  el esquirolaje  y recortar una vez más un derecho de huelga que nació raquítico y que, desde la reforma laboral, tiene cada vez las alas más cortas.

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