Desmantelando el Sistema de Salud

Las medidas tomadas por el gobierno durante la crisis, lejos de ser provisionales y no discriminatorias, parecen ideadas para a acabar con la sanidad universal y gratuita”

Raul Martínez
 
 
Una pareja con su hijo en la revisión pediátrica / ROBERT BONET

Una pareja con su hijo en la revisión pediátrica / ROBERT BONET

El pasado 28 de abril todos los medios de comunicación se hacían eco de la noticia: el gobierno central recurría ante el Tribunal Constitucional la ley catalana que aseguraba la universalidad de la sanidad, quedando así suspendida cautelarmente.

Nuestro modelo de salud nació en 1986 con la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986, de 25 de abril), promovida por el entonces ministro de Sanidad Ernest Lluch. Se complementó con la Ley de Extranjería (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero), la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (Ley 16/2003, de 28 de mayo) y la Ley General de la Salud Pública (Ley 33/2011, de 4 de octubre). Sus pilares eran la universalidad (toda persona, independientemente de su situación administrativa, laboral, etc., tiene derecho a ser atendido por el sistema público de salud), la solidaridad (la sanidad se paga en base a impuestos) y la gratuidad.

Tras ganar las elecciones en 2011, una de las primeras medidas legislativas del gobierno de Rajoy fue la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones con el que se ponía fin a dos de los tres pilares: la universalidad y la gratuidad. Los argumentos argüidos hacían alusión a la necesidad de centralizar el Sistema Nacional de Salud, racionalizar el gasto y asegurar su sostenibilidad. Para ello, se introducía el copago farmacéutico y de algunos servicios médicos, se disminuía el gasto en atención primaria y se excluía de la atención sanitaria universal a una parte de la población, fundamentalmente a las personas inmigrantes en situación irregular. En estos casos, la asistencia sanitaria plena se limitaba a las mujeres en caso de embarazo, parto y postparto, y a los menores de edad, quedando restringido el resto a la asistencia sanitaria de urgencia por enfermedad grave o accidente.

Una reforma de tal calado, que afecta a la estructura misma del Sistema Nacional de Salud, se llevó a cabo al amparo de la mayoría absoluta del PP, por la vía del real decreto, sin debate social, político ni parlamentario y sin una memoria económica que mostrara la relación entre la atención a las personas ahora excluidas del sistema y el coste económico del mismo. Tras seis años de vigencia del RDL 16/2012, no se ha llevado a cabo ninguna evaluación que mida el impacto de la medida.

Ante la nueva normativa, las reacciones no se hicieron esperar. Algunas comunidades autónomas, entre ellas Catalunya, se opusieron a aplicar el real decreto y continuaron atendiendo a toda la población con el único requisito de estar empadronada. Otras buscaron mecanismos paralelos para seguir atendiendo a la población que quedaba excluida en el real decreto y otras lo aplicaron. Se crearon numerosas plataformas en defensa de la sanidad universal (REDER, PASUCAT, ODUSALUD, ‘Ciudadanía contra la exclusión sanitaria’, etc.) y se denunció la norma ante el Tribunal Constitucional y ante organismos internacionales. El Tribunal Constitucional ha dado la razón al gobierno mientras que los organismos internacionales le han dado un toque de atención. Varios parlamentos autonómicos (País Vasco, Valencia, Catalunya…) han aprobado leyes autonómicas con las que extender la atención sanitaria a toda la población, pero, invariablemente, dichas leyes han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional y suspendidas cautelarmente o anuladas.

Según la sentencia que anulaba la ley vasca, “las normas autonómicas no pueden ampliar el universo de personas que reciben asistencia sanitaria por encima de los límites determinados por el RDL 16/2012 aun cuando estas asuman el costo de estas mejoras y sin poner en riesgo los términos mínimos establecidos por el Estado para el ámbito estatal». De esta forma, por siete votos a favor y cinco en contra, el Tribunal Constitucional se apartaba de su propia jurisprudencia —que establecía estándares mínimos al ámbito estatal—, convirtiendo el Real Decreto en techo máximo y restringiendo las competencias autonómicas.

Además, tal y como han recordado numerosos organismos internacionales[2], el RDL 16/2012 es contrario a los tratados internacionales firmados por el Estado español y han recomendado su derogación o reforma.

A falta de un análisis riguroso sobre el impacto de la aplicación del Real Decreto, algunos de sus posibles efectos o resultados contrastados son:

  • La exclusión del sistema de salud de un volumen importante de población, que algunas fuentes cifran en 118.000 y otras en 180.000 personas, solo en Catalunya.
  • La desatención efectiva de numerosas personas. La Plataforma REDER documentó, entre 2014 y 2017, 3.340 personas que no habían sido atendidas por los servicios sanitarios, entre ellas 146 mujeres embarazadas y 243 menores de edad.
  • Un aumento del riesgo de transmisión de enfermedades infecto-contagiosas potencialmente trasmisibles a toda la población.
  • La pérdida de equidad y una mayor discriminación. La norma, en vez de unificar prácticas, criterios y prestaciones —como era su supuesta intención—, ha provocado una mayor disparidad de situaciones, según las reacciones de cada comunidad autónoma, causando una mayor descoordinación entre los centros de salud y una mayor confusión sobre los criterios de atención a las personas.
  • Un aumento del gasto sanitario a largo plazo, pues, como demuestran numerosos estudios[3], una enfermedad no tratada a tiempo provoca gastos adicionales que podrían haberse evitado si se hubiera actuado a tiempo. Resulta más económico prevenir que curar.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha señalado que “en periodo de grave crisis económica y financiera, todos los cambios o ajustes propuestos en materia de políticas deben ser, entre otros, una medida: provisional, necesaria y proporcional, y no discriminatoria[4]. Si atendemos a las cifras macroeconómicas y a los mensajes del propio gobierno, la situación de excepcionalidad que motivó la medida ha sido superada, por lo que ésta debería revertirse.

Aun así y a tenor del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional del pasado 28 de abril, no parece ser ésta la intención del Gobierno. Lejos de pretender una racionalización del Sistema Nacional de Salud y de conseguir su sostenibilidad económica, todo hace pensar que su objetivo no es otro que excluir deliberadamente a una parte de la población del derecho a la salud. Precisamente a la parte más vulnerable, con menos recursos y derechos y menos capaz de defenderse. Y más allá de eso, parece estar asentando las bases para el desmantelamiento de un sistema de salud universal, solidario y gratuito que ha sido avalado internacionalmente en numerosas ocasiones.

Raul Martínez
Sobre Raul Martínez

Membre de la Junta Directiva i vocal de Migracions de la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i sotsdirector de la Fundació Cepaim. Sociòleg, investigador social i avaluador de projectes socials. Más artículos

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