Defender a quien defiende: un reto global

Coincidiendo con el vigésimo aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, 321 activistas fueron asesinados en 2018. Una cifra que evidencia la urgencia de profundizar en el estudio de las dinámicas de la violencia contra personas defensoras y movimientos, así como la necesidad de cuestionar los enfoques de los mecanismos de protección actuales.

Sandra Martínez
 
 
 
Declaració sobre els Defensors i Defensores dels Drets Humans per l'Assemblea General de l’ONU

Declaració sobre els Defensors i Defensores dels Drets Humans per l'Assemblea General de l’ONU

En las últimas dos décadas, los ataques contra las personas y comunidades que alzan la voz y se organizan pacíficamente para defender los derechos humanos y medioambientales han aumentado en todo el mundo, a pesar de los compromisos asumidos por los gobiernos en materia de responsabilidad y protección. De acuerdo con el último informe de Front Line Defenders, 321 personas defensoras fueron asesinadas a lo largo del 2018. Dos tercios de estos asesinatos, el 67%, fueron activistas que luchaban por los derechos de la tierra, el medio ambiente o derechos de los pueblos indígenas. En efecto, la enorme mayoría de estas agresiones se dirigen fundamentalmente a los colectivos que defienden la naturaleza y su territorio de la imposición de megaproyectos relacionados con la industria extractiva y las grandes empresas por los con el apoyo de los Estados y con capital extranjero.

A nivel internacional, América Latina sigue siendo la región más peligrosa, con un 60% de los asesinatos de las y los defensores según Global Witness, los cuales se concentran principalmente en Brasil, Colombia, México, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Son varios los casos atroces que en los últimos años han sacudido la opinión pública y han tomado forma de denuncia a nivel global, como los asesinatos de las activistas Berta Cáceres en Honduras y el de Marielle Franco en Brasil. Otras, son crímenes contra personas menos conocidas regionalmente e internacionalmente y sus casos no salen a la luz pública, como el reciente asesinato de Dilma Ferreira de El Movimiento de Afectados por Represas de Brasil. Sin embargo, la violencia es sistémica y la parte menos visible del iceberg toma forma de persecuciones, amenazas, agresiones físicas y verbales, detenciones, campañas de criminalización y desapariciones forzadas. La gran mayoría de los casos nunca han sido investigados de forma adecuada y son pocas las personas responsables que han sido enjuiciadas por la comisión de estos crímenes.

Desde que se aprobó la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, no sólo se ha reconocido la defensa de los derechos humanos como un derecho, sino también la necesidad de garantizar su protección. La asunción de esta obligación los Estados, junto con el esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil, ha dado lugar a la creación de mecanismos oficiales de protección a diferentes países. Tales mecanismos, si bien han sido útiles en muchos casos, no han logrado inhibir o prevenir los ataques ni reducir la impunidad. Este contexto ha motivado la necesidad de promover espacios de reflexión conjunta como el seminario internacional Defender en América Latina que se realizó recientemente en la Universidad Autónoma de México (UNAM), coorganizado por CEDAT (Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona) y el ICIP (Institut Català Internacional per la Pau).

El encuentro entre personas y organismos de diferentes países puso de relieve, por un lado, el amplio conocimiento acumulado a lo largo de los años por las personas defensoras y, por otro, como las experiencias comunitarias, nacionales y regionales de protección son fundamentales para pensar en cualquier acción o programa de protección que se impulse a nivel internacional. Los debates pusieron de manifiesto que la individualización y fragmentación de la protección es un factor de riesgo y que, por tanto, existen numerosos retos para que el enfoque de las organizaciones e instituciones se reoriente y para alcanzar una mayor alineación entre todas las medidas. Sin embargo, las líneas de acción que permitirían avanzar hacia un abordaje integral serían:

Analizar las causas estructurales

Las estrategias de protección están mayoritariamente centradas en paliar o abordar los impactos y consecuencias de las agresiones que sufren las personas defensoras. Este soporte a corto plazo es fundamental, pero el carácter sistemático y sistémico de la violencia requiere de actuaciones a medio y largo plazo que se articulen para enfrentar las causas y no sólo las consecuencias de los ataques. Esto implica conocer y visibilizar las interconexiones entre poder, violencia, intereses privados y Estados. Además, avanzar en este análisis facilitaría reforzar un enfoque preventivo para ir más allá de las respuestas reactivas.

Crear medidas colectivas y promover prácticas sostenibles

Muchas de las acciones de protección, incluidos muchos de los programas de reubicación temporal existentes, tienen un abordaje individual. Si bien son indispensables los protocolos tradicionales que protegen a los individuos en situación de mayor riesgo, la protección y seguridad -ante el aumento de poder de los actores no estatales, exigen también estrategias que mejoren la sostenibilidad y resiliencia de comunidades, organizaciones y movimientos. Toda situación de amenaza, aunque se materialice en una persona, tiene un impacto familiar, organizacional y comunitario. Es importante articular procesos más allá de la protección física y la necesidad individual: además de las respuestas urgentes ante situaciones de riesgo inminente,

Reforzar un enfoque diferencial

La comprensión de la discriminación y las opresiones desde su interseccionalidad sigue siendo un asunto pendiente, tal y como denuncia JASS-Mesoamérica. Para una efectiva protección hay que abordar la suma de los riesgos específicos. Las mujeres que defienden están desafiando al mismo tiempo las normas culturales, religiosas, sociales e incluso legales sobre la feminidad y el papel pasivo que se espera que ejerciten en el orden patriarcal. Esto supone que, las defensoras, a diferencia de sus compañeros hombres, corren más riesgo de sufrir otras formas de violencia (violencia sexual y violencia familiar, campañas de difamación basadas en estereotipos de género, procesos de criminalización en sistemas de justicia discriminatorios, falta de reconocimiento social de su rol y aportación como defensoras, desgaste ocasionado por asumir ellas solas tareas domésticas y de cuidados …) que se agravan cuando en su vida se entrelazan otras formas de opresión por raza, pertenencia étnica, edad, preferencia sexual o clase, entre otras.

Impulsar contra-narrativas

Los actores estatales y no estatales que provocan la violencia contra activistas y movimientos, definen las narrativas y manipulan el imaginario colectivo y la opinión pública con el objetivo de legitimar sus acciones o desestabilizar y dividir a la oposición. Las personas defensoras son señaladas como terroristas, enemigas del Estado, promotoras de valores occidentales y son acusadas de ser traficantes y de estar en contra del desarrollo. Asimismo, los discursos xenófobos, racistas y misóginos promueven la represión y el silencio de las y los defensores. Esto hace que sea prioritario reconocer la legitimidad de las personas y grupos que trabajan de manera pacífica en la defensa de los derechos de sus comunidades y esforzarse por combatir la deslegitimación y contra-argumentar campañas de difamación y estigmatización que se difunden por Internet y a través de medios de comunicación controlados por el estado. 

Aprender desde experiencias locales

Las estrategias comunitarias deben ser la base de la cual deben partir todas las acciones de solidaridad, refugio e incidencia que se generan para mejorar la protección de las personas defensoras, sus organizaciones y comunidades. Para muchas de ellas, y muy especialmente los pueblos indígenas y los movimientos feministas, enfrentar la violencia es más la norma que la excepción. Cuentan con estructuras colectivas de resistencia y resiliencia, autoprotección y autodefensa basadas en fuertes tejidos sociales y formas propias de justicia que, a pesar de las políticas represivas, se han mantenido a lo largo de los años. Han generado un importante conocimiento sobre la violencia diferencial y han desarrollado significativas medidas de protección con enfoque de género, entre las que destacan las estrategias de autocuidado y sanación.

Es importante no olvidar que la tarea de las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente no es anecdótica: su compromiso se ha demostrado históricamente fundamental para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad e impulsar procesos democráticos en todo el mundo. Las agresiones, ya sean perpetradas por particulares, actores estatales o no estatales, constituyen ataques contra los derechos de toda la población. En la medida en que la violencia genera un efecto inhibidor en la defensa de derechos humanos, restringe la vez el acceso a la información y participación, además de dificultar el disfrute efectivo de los derechos que las y los defensores defienden. Puede afirmarse que la sociedad -tan local como global- se ve gravemente afectada a todos los niveles y que, por tanto, revertir esta grave situación nos interpela a todas y todos.

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