Defendemos el derecho a la ciudad

La rehabilitación de los edificios es una idea positiva, pero hay que evitar que se convierta en una excusa para expulsar inquilinos

Janet Sanz
 
 
 
Bloc d'habitatges a Urgell 9 | @SindicatLloguer

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En otras épocas, hemos visto como la especulación con la vivienda provocaba vulneración de derechos fundamentales. Hoy, la especulación con la vivienda está causando la gentrificación de los barrios. La expulsión de vecindario y comerciantes de los tejidos más céntricos o icónicos es un fenómeno perverso que vulnera el derecho a la ciudad. Barcelona debe proteger sus vecinos y vecinas, su derecho a vivir en una casa adecuada, en un barrio donde hacer comunidad. Para preservar los equilibrios del territorio, las ciudades deben poder garantizar la mixtura de los usos y de los tejidos sociales. La realidad es, sin embargo, que el marco legal que tenemos es mucho más propenso a defender la propiedad privada que a garantizar el derecho a la vivienda o el derecho al barrio. Y, lo que es peor, la deriva neoliberal nos empuja aún más allá: ya no sólo se ve la vivienda como una mercancía sino que se le entiende como un activo para la especulación.

Combatir con firmeza la gentrificación, tanto desde la sociedad civil organizada como desde las instituciones, es uno de los principales retos que Barcelona tiene por delante. A pesar de que la legislación no nos sea favorable, a pesar de la voluntad de algunas administraciones supramunicipales de favorecer y blindar el negocio de unos pocos, el Ayuntamiento de Barcelona trabaja con la convicción de que una reforma legislativa a favor del derecho a la vivienda no sólo es necesaria y urgente, sino que también es posible. Y, a pesar de que esta reforma sólo está al alcance del Parlamento y del Congreso, no nos quedaremos de brazos cruzados. Estamos al lado de los vecinos y las vecinas, de todas las entidades y asociaciones que luchan contra el acoso inmobiliario por parte de agentes locales y contra las malas prácticas especulativas por parte de fondos buitres de escala global. Buscamos acuerdos e impulsamos nuevas medidas y actuaciones para poder dotarnos de herramientas que nos permitan defender mejor los barrios. Sin duda, en Barcelona tenemos que continuar el proceso de mejora urbana que nos ha llevado a ser una ciudad admirable. Pero debemos hacerlo mejor. Es necesario que toda mejora vaya acompañada de medidas que garanticen el derecho a la vivienda, a quedarse en el barrio. Que las mejoras beneficien a todos y no sólo sirvan para inflar las plusvalías de algunos propietarios.

Uno de los muchos frentes que hemos abierto en este sentido quiere acabar con la tendencia abusiva de utilizar la rehabilitación integral de inmuebles como palanca de expulsión vecinal. Estamos comprobando como, en demasiados casos, bajo la apariencia de la necesaria rehabilitación de viviendas, las obras de mejora se convierten en una excusa para subir los precios de los alquileres y expulsar los inquilinos. Evidentemente, las políticas públicas deben fomentar la rehabilitación del parque existente para generar puestos de trabajo cualificado, para mejorar las condiciones de habitabilidad y para combatir la pobreza energética o el cambio climático. Estamos destinando más recursos que nunca. La inversión en ayudas a la rehabilitación se ha doblado respecto a la del gobierno anterior. Ahora bien, la mejora de las políticas de rehabilitación no sólo puede ser cuantitativa sino también cualitativa. Lo que no puede pasar ─y estaba pasando─ es que las subvenciones públicas otorgadas a los propietarios terminen provocando la expulsión de inquilinos.

Hace pocos meses el Ayuntamiento ya condicionaba las ayudas públicas a la rehabilitación de inmuebles a que se garantizara la permanencia de los inquilinos. Ahora, no sólo los propietarios sino también los inquilinos pueden beneficiarse de las subvenciones públicas para la mejora de viviendas. Pero aún vamos más allá. Exigimos garantías de permanencia de los inquilinos como condición para otorgar cualquier licencia de obras de reforma o rehabilitación de inmuebles. Es lo que llamamos «cláusula de rehabilitación sin expulsión». Lo hacemos a través de una una modificación del ORPIMO (Ordenanza Reguladora de los Procesos de Intervención Municipal en las Obras) que obliga a los promotores a comprometerse por escrito a garantizar el realojamiento de los ocupantes durante las obras y su retorno y permanencia cuando hayan terminado. El objetivo de la medida es vincular la concesión de licencias a la protección del derecho a la vivienda. Tal y como ya es habitual con informes vinculantes como los de movilidad o los de los bomberos, denegaremos las licencias en caso de incumplimiento.

Esta medida no es la única que necesitamos para evitar la expulsión de los vecinos y vecinas de su casa. La vivienda es una prioridad de ciudad: hemos aumentado la inversión como nunca se había hecho antes, hay un esfuerzo constante para atender a los desahucios y estamos definiendo la creación de un parque público de alquiler a precio asequible a través de la creación de un operador metropolitano. Además, desde hace meses promovemos un pacto de grandes ciudades de España para pedir juntos al gobierno del Partido Popular que reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Hay que incrementar la duración de los contratos de tres años ─como mínimo, devolverla a los cinco años─ y limitar el incremento de los alquileres entre contratos. No hacerlo agravará la situación del tejido social y dañará irreversiblemente el tejido urbano. La calidad de los barrios es el principal atractivo de Barcelona y lo que le ha llevado a ser una ciudad global. Debemos gobernar los efectos de la globalización neoliberal sobre nuestro territorio. Nos va la vida. Nos va la ciudad.

Janet Sanz
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La rehabilitació dels edificis és una idea positiva, però cal evitar que es converteixi en una excusa per expulsar llogaters Contacto: Twitter | Más artículos

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