Cuatro años de nivel 4 de alerta antiterrorista, cuatro años normalizando las armas en la calle

Tras los atentados de Charlie Hebdo y Túnez, España decretó el nivel más alto de alerta desde los atentados de Atocha. Desde entonces los agentes policiales paseando con arma larga por la calle se han vuelto normales, así como también la banalización de la sensación de alarma. Mientras tanto, el Ministerio de Interior no aporta datos de los costes de estos 4 años de alerta alta

Sandra Vicente
 
 
 
La presencia de agentes con arma larga es una de las consecuencias más visibles del nivel 4 de Alerta Antiterrorista | Fot: Mossos d'Esquadra

La presencia de agentes con arma larga es una de las consecuencias más visibles del nivel 4 de Alerta Antiterrorista | Fot: Mossos d'Esquadra

El atentado contra el seminario satírico Charlie Hebdo dio el pistoletazo de salida a un 2015 que sería uno de los años en que el terrorismo yihadista se cobraría más vidas. Precisamente fueron este ataque en Francia, en el que murieron 12 personas en enero, y el golpe contra dos hoteles en Túnez que acabaron con 38 muertos, los ataques terroristas que llevaron el Ministerio de Interior de España a decretar el nivel 4 de la alerta antiterrorista. Faltaban dos años todavía para los atentados de las Ramblas.

En junio se cumplieron cuatro años de agentes de Mossos portando arma larga por las calles de grandes ciudades de Catalunya, ante monumentos como la Sagrada Familia, o controles más exhaustivos en «grandes eventos» que conglomeran multitudes de personas (desde del Ministerio de Interior no han sabido determinar a este medio qué es un ‘gran evento’ ni a partir de cuántas personas se puede considerar ‘multitud’). El nivel cuatro supone un «riesgo alto» de sufrir un ataque terrorista y es el más alto que se ha vivido en el país desde los atentados del 11-M en Madrid.

Decretado por el Ministerio de Interior, el nivel de alerta antiterrorista pretende, pues, evitar que se perpetren ataques en territorio español y, habiéndose decretado un «riesgo alto», el nivel cuatro supone la movilización total de los agentes destinados a la lucha antiterrorista, protección de infraestructuras críticas, grandes puntos de comunicación, controles aleatorios de vehículos y más presencia policial en las calles. Se trata de un nivel de alerta preventivo que, según fuentes ministeriales, «no parece que vaya a cambiar».

«¿Cuánto puede durar un estado de excepción?»

Aunque no hay datos públicos del número de agentes destinados a hacer estas patrullas con arma larga y tampoco Mossos ni el Ministerio dan la cifra, «por motivos de seguridad», esta política «preventiva» supone una de las medidas más visibles de la Alerta Antiterrorista. «Es, debería ser, una excepción. Pero, ¿cuánto puede durar esta excepción?», se pregunta Cécile Barbeito, de la Escola de Cultura de Pau especializada en antimilitarismo. Para ella, la presencia de armas en la calle no es una política adecuada y utiliza la metáfora de la línea Maginot.

Se trata de una fortificación que construyeron los franceses en la frontera con Alemania para evitar una invasión después de la primera Guerra Mundial. Esta estrategia pasó a la historia como uno de los mayores fracasos tácticos, ya que estaba pensada en una lógica de guerra de trincheras que los tanques alemanes ya habían superado. Las armas largas, pues, según Barbeito «se usan en una supuesta disuasión, como un equilibrio de terror a la guerra fría, que es muy poco eficiente. Tenemos agentes armados para que, en el mejor de los casos, no pase nada «, asegura.

Y es que, según la experta, «si en algún momento te sirven las armas largas en la calle es porque ya llegas tarde», y destaca la importancia de las tareas preventivas. Estas también son una buena parte de una Alerta Antiterrorista 4 como la actual, que desarrollan el CNI y la Oficina de Información de los Mossos, en el caso catalán. Pero se trata de un trabajo «poco visible, por eso el Estado tiende a poner agentes en las calles, que son el mensaje más directo a la ciudadanía de que se está haciendo algo».

El Estado de derecho también da mucha seguridad, dice Barbeito, «pero nadie reclama que haya abogados y jueces haciendo su trabajo». Así, asegura que sí hay gente que se puede sentir más segura con armas en cada esquina, pero «deseducan». La experta incide en el mensaje contradictorio que se destila: «constantemente nos dicen que estamos siendo amenazados y nos hacen sentir miedo de un ataque, mientras nos dicen que estemos tranquilos porque nos protegen. Es constante estado de alerta», apunta, destacando también el riesgo de banalizar la presencia de armas en las calles.
cronología alerta antiterrorista

Los Niveles de Alerta Antiterrorista se crearon en 2005, a raíz de los atentados de Atocha del 11M de 2004, que llevaron a un aumento presupuestario destinado a evitar ataques terroristas. Así, el 15 de enero se publicaba en el BOE una «oferta extraordinaria y urgente de empleo público para el cuerpo de la Guardia Civil», mediante Real Decreto, en la que se buscaban 500 agentes nuevos. «Las nuevas demandas en materia de seguridad interior e internacional» también derivaron, ese año, en la creación del CNCA (Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista) aprovechando la nueva organización del Ministerio de Interior tras el cambio de gobierno que dio el poder los socialistas de Zapatero.

En ese primer plan de 2005, había tres niveles de alerta, con varios niveles de intensidad, y no fue hasta el 2015 que se llegó a los cinco actuales. Pero ni siquiera después de los atentados de Barcelona y Cambrils se consideró por parte de la mesa de seguimiento el aumento al nivel cinco, que se reserva exclusivamente para casos de «riesgo inminente». Esta mesa (formada por el Ministerio, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), las Fuerzas Armadas y, recientemente, la Ertzaintza y los Mossos) se reúne cada semana para evaluar el estado tanto dentro como fuera de las fronteras españolas. «Es difícil, pues, hacer predicciones de cuándo variará el estado de alerta», afirman desde el Ministerio.

Los cambios en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista se dieron para «solucionar la obsolescencia que empezaba a acusar al último plan después de más de 10 años de vigencia», según el Ministerio. Así, siendo que antes la amenaza terrorista la constituía ETA, luego pasó a ser el yihadismo.


Este cambio de las identidades de los grupos terroristas es demostrado por los datos de detenciones por terrorismo de la Fiscalía General del Estado. Así como en 2015 fue el punto más sangriento del terrorismo yihadista, se denota, sin embargo, que desde entonces las detenciones han bajado drásticamente (dándose actualmente la mitad). Esto denota un nuevo cambio en las tipologías de terrorismo y en el foco en el que el Ministerio se fija. Actualmente la atención se dirige hacia «varios tipos de extremismo» y ciberterrorismo.

Nueva amenaza, nuevo plan, estrategia antigua

En febrero de 2019 se publicó una nueva estrategia nacional contra el terrorismo con el fin de adaptarse a «un nuevo marco político global y tecnológico» que ha dado una nueva cara a las amenazas terroristas. La red no sólo ha ofrecido facilidades de captación y organización, sino que la digitalización de la información y la seguridad hace que cada vez sea menos necesaria un arma para perpetrar un ataque. Pero, si la amenaza actual es el ciberterrorismo, ¿la defensa sigue siendo la misma?

Tras la publicación del nuevo plan contra el terrorismo, las implicaciones de los niveles de alerta no han cambiado, y se continua destacando la presencia de policías armados en las calles como medida preventiva de un ataque terrorista que, presumiblemente, podría darse con un ordenador.

«Estamos dando respuestas propias del siglo XX a realidades totalmente diferentes», asegura Barbeito, que añade que la estrategia armamentística «no tiene ninguna lógica. Tendría lógica comunicar que se está haciendo algo, pero es una irresponsabilidad explicarlo sólo con armas en la calle». Así, destaca todo el trabajo de investigación pero critica la «sobredimensión de la parte militarista». Las políticas más efectivas de prevención, dice, «no se dan en el espacio público sino que se trabajan con la mejora de las relaciones comunitarias, por ejemplo».

El Ministerio y los Mossos también destacan esta parte «menos visible» de la investigación sobre la prevención de esta nueva modalidad de terrorismo, pero reducir el número de agentes en las calles no parece ser una opción. Preguntados por el nuevo Plan Estratégico, aseguran que sí están poniendo más foco en el trabajo «de oficina» para poner freno a los ataques cibernéticos. Esta redefinición de la estrategia pasa por «cambiar de una unidad a otra a agentes de oficina», pero «no se sacarán agentes de la calle porque se siguen necesitando Mossos», afirman desde el cuerpo policial.

Falta de transparencia

«Este documento se inspira en las máximas de transparencia, comunicación pública e implicación de la sociedad en todo su conjunto». Así reza el texto de la Estrategia contra el Terrorismo de 2019, que «rompe una tradición arraigada en la singular historia de la lucha contra el terrorismo en nuestro país […] los cambios estratégicos se unen al progreso social en el ámbito de la transparencia, así como a la demanda creciente de rendición de cuentas por parte de la ciudadanía». Así se publicó en el BOE, por lo que cabría esperar facilidad para saber las cuentas tras la nueva estrategia para combatir el terrorismo.

La Estrategia Nacional Contra el Terrorismo depende de varios ministerios: Interior, Defensa y Vicepresidencia (debido al control sobre el CNI). Así, no se puede consultar la dotación presupuestaria de este plan a sólo uno de los tres ministerios. Por el contrario, se encuentra dentro de la partida para Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias. «No está disgregado en los presupuestos», aseguraron desde el Ministerio de Interior a preguntas sobre la dotación para las estrategias antiterroristas.

Así, no hay datos específicos de los costes que suponen los agentes destinados a las patrullas con armas largas y, desde Interior aseguran que «no hay una dotación presupuestaria concreta para la asignación de agentes según diversos niveles de alerta». Así, no hay previsión de la variación de costes que hay entre un nivel de alerta y otro; «cuando se cambia el nivel de alerta, se hacen los cambios pertinentes sin fijarse en el dinero», dicen desde el Ministerio.

El único dato que se puede conocer, pues, es relativo a la política de gastos de Seguridad Ciudadana e Instituciones penitenciarias, que se ha mantenido más o menos estable desde 2004, suponiendo entre el 2,2% y el 3% de los presupuestos Generales del Estado . Así, en 2004, año de los atentados, tuvo una dotación de 5.424 millones de euros (2,6%). El punto más álgido lo alcanzó en 2012, con 8.354 millones que suponían el 3% de los PGE. Esta cifra no ha vuelto a alcanzar hasta el 2018, con 8.419 millones, aunque ahora esto sólo supone el 2,4%.

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