Cuando Mas dejó irreconocible a la sanidad catalana

"Nada volverá a ser exactamente como lo habíamos conocido". Así termina el documental 'La Salud, el negocio de la vida', realizado por la asociación Sicom y la productora How. Quien habla es Artur Mas, en ese momento presidente de la Generalitat, y se refiere a los efectos de los recortes presupuestarios que había decidido y aplicado su gobierno

Siscu Baiges
 
 
 
Consellers del Govern de Mas entre el 2012 i el 2016 / Wikimedia commons

Consellers del Govern de Mas entre el 2012 i el 2016 / Wikimedia commons

“Nada volverá a ser exactamente como lo habíamos conocido”. Así termina el documental ‘La Salud, el negocio de la vida’, realizado por la asociación Sicom y la productora How. Quien habla es Artur Mas, en ese momento presidente de la Generalitat, y se refiere a los efectos de los recortes presupuestarios que había decidido y aplicado su gobierno. Mas, por convicción o por quedar bien ante Europa como el alumno más aventajado a la hora de llevar a cabo los recortes que pedían Alemania y los países nórdicos, hizo aprobar unos presupuestos que representaban una marcha atrás espectacular en el gasto y la inversión públicos. Casi todos los departamentos sufrieron las consecuencias de ese recorte pero las áreas sociales fueron las más dañadas. Educación y sanidad, ámbitos donde el gobierno catalán tiene casi todas las competencias transferidas, salieron gravemente dañadas de esta etapa política. Nada volvería a ser exactamente igual. Sería peor. Y para médicos, enfermeras, trabajadores de la sanidad y pacientes, mucho peor.

Los recortes en las áreas sociales fueron en Catalunya más radicales que en el resto de comunidades autónomas españolas. Sólo Castilla-La Mancha presidida por Dolores de Cospedal los ejerció de forma tan drástica. Ambas comunidades dejaron en 2015 el gasto social un 26% por debajo con relación a seis años antes. En Catalunya este porcentaje correspondía a 5.538 millones de euros. En cuanto a la sanidad, Artur Mas y su conseller de Salut, Boi Ruiz, impulsaron una corrección a la baja del gasto sanitario que pasó de 9.875 millones de euros en 2010 a 8.290 millones cuatro años más tarde.

Que Artur Mas tuviera que ir en helicóptero al Parlamento de Catalunya para esquivar las iras populares y aprobar los presupuestos que consolidaban estos recortes no sorprende con estos datos en la mano. Sorprende más que Esquerra Republicana avalara estos recortes y que aquella indignación ciudadana fuera perdiendo fuerza con el paso del tiempo. El 10 de diciembre de 2014, el entonces consejero de Territorio, Santi Vila, ofrecía su interpretación de este interrogante con otra pregunta retórica. “Si este país no hubiera hecho un relato en clave nacionalista ¿cómo habría resistido unos ajustes de más de 6.000 millones de euros?”, en un acto organizado por el Fórum Europa.

Lógicamente, la reducción presupuestaria tuvo consecuencias inmediatas. Se cerraron quirófanos por las tardes, servicios que se dejaban de prestar en los hospitales durante el verano no eran recuperados al volver de vacaciones, algunos centros de atención primaria reducían sus horarios de atención a los pacientes, otros cerraban por las tardes o los fines de semana, se dejaron de cubrir bajas de los médicos que estaban enfermos o se jubilaban, las urgencias se colapsaron más y más a menudo de lo que ya ocurría con anterioridad, las listas de espera aumentaron … Un desastre que cayó sobre los hombros de unos trabajadores sanitarios cada vez más estresados ​​y sobre unos pacientes frustrados y desesperados. El número de sanitarios mientras Artur Mas fue presidente de la Generalitat bajó de 76.306 en 2011 a 73.899 en 2015. El número de camas hospitalarias se redujo en 1.170 en este periodo, pasando de 14.072 a 12.902.

Boi Ruiz llegó al cargo procedente del sector privado. Dejó la presidencia de la Unión Catalana de Hospitales, asociación empresarial de entidades sanitarias, para responsabilizarse de la salud y la sanidad pública. Muchos interpretaron que era como poner al zorro a cuidar las gallinas. Algunas de sus ideas no llegaron a aplicarse por la oposición de la CUP, a la que Mas necesitaba para tener la mayoría en el Parlamento para aprobar determinados proyectos y leyes. Así, se quedó en el cajón el proyecto VISC+, con el que Ruiz quería hacer caja a cambio de vender los datos sanitarios de los pacientes catalanes a entidades de todo tipo, hospitales privados incluidos.

El Tribunal Constitucional prohibió el copago que conllevaba pagar un euro por cada receta médica que se llevaba a la farmacia. Los propios farmacéuticos se rebelaron contra esta medida.

Contra todos estos ataques a la salud pública se movilizaron los sectores afectados y también la ciudadanía. Apareció la Marea Blanca, una plataforma implantada también en toda España y que lucha por una sanidad pública gratuita, universal y de calidad. Fue una piedra en el zapato del consejero, que ya no entró en el gobierno que nombró el sucesor de Artur Mas, Carles Puigdemont. Ruiz se dedicó a dar clases a la Universidad Internacional de Catalunya, del Opus Dei y a participar en tertulias en Catalunya Radio. Además, fichó por ‘Ribera Salud’, que se define como ‘grupo empresarial de gestión sanitaria líder en el sector de concesiones administrativas sanitarias en España”.

Puigdemont colocó a Toni Comín, procedente del espacio socialista y vinculado a ERC, en el lugar de Boi Ruiz. Comín elogió la labor de su antecesor cuando tomó posesión pero insinuó una línea política más progresista que le costó duros reproches por parte del PDeCat. La música de su discurso sonaba mejor a los colectivos que luchan en defensa de la sanidad pública pero en la práctica nada de lo que anunció se concretó. Todo siguió más o menos igual. El traspaso al sector público de hospitales privados como el General de Catalunya quedó empantanado mientras las listas de espera no se redujeron, los servicios de urgencias de los principales hospitales continuaban con camas en los pasillos y los médicos y enfermeras de los CAP perdían la salud y los nervios incapaces de atender a la gente que solicitaba visita.

Los defensores del gobierno de la Generalitat se agarraron, como a un clavo ardiendo, a unas palabras de Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifraude de Catalunya, filtradas en junio de 2016 a los medios de comunicación, en las que le decía al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que “les hemos destrozado el sistema sanitario”. Por las redes todavía corre esta explicación de la crisis de la sanidad pública catalana. De Alfonso se refería al desmantelamiento de la red de corrupción que implicaba al ex-presidente del Consorcio de la Salud y Social de Catalunya, Ramon Bagó, destacado miembro del partido de Mas y Ruiz. La sanidad catalana la ‘destrozaron’ o, al menos, la llevaron a la crisis de medios humanos y económicos que ha sufrido los últimos años y que ha estallado esta semana, ellos dos.

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