Crónica de la muerte anunicada del Decreto para la regulación de los alquileres

Este miércoles el Parlament ha tumbado la propuesta de ERC y JxCat que proponía controlar el precio de los alquileres estableciendo una subida máxima de entre el 10% y el 20% del índice de precios, que fue establecido en el momento con los precios más caros de esta segunda burbuja inmobiliaria

Sandra Vicente
 
 
 
Pancarta contra la especulación inmobiliaria y por el derecho a la vivienda | Sandra Vicente

Pancarta contra la especulación inmobiliaria y por el derecho a la vivienda | Sandra Vicente

El miércoles, en el Parlament se ha vivido una muerte anunciada. El Decreto para la regulación de los alquileres que se presentaba hoy para su aprobación ha sido tumbada, demostrando la inestabilidad y la falta de apoyos del JxCat y de ERC. Pero no sólo eso: este proyecto, que debía limitar la subida de precios de alquiler, fue anunciado por Ernest Maragall en un debate sobre vivienda un día antes de que el Govern lo aprobara.

El proyecto, que según denunció la alcaldesa Ada Colau en dicho debate fue hecho«a espaldas de los principales promotores de la regulación de precios y de la ciudadanía «, debía suponer una solución a uno de los principales problemas de muchas ciudades, entre ellas Barcelona, ​​donde el tema de la vivienda fue un punto candente en la campaña electoral. Un giro del guión o una jugada maestra a cinco días de las votaciones. Pero algunas entidades, como la PAH, van más allá de los posibles usos electoralistas del decreto: «el anuncio del decreto en ese momento buscaba un titular, pero el problema es que luego corroboramos que se trata de una medida que no se aguanta. Es una declaración de intenciones, pero no de hechos en una situación que ya es ingobernable «, considera Lucia Delgado.

Y es que el decreto, que algunas entidades como la PAH o el Sindicat de Llogaters han denominado #DecretFarsa, tenía algunas carencias. Según el texto, se trata de una «medida urgente», para regular los precios de unos alquileres constantemente al alza, pero fijándonos en el decreto, ni los contratos nuevos ni las renovaciones están sujetas a los cambios de esta ley . Además, tal y como denuncia el Sindicato, «no se contemplan sanciones para los propietarios que incumplan las normativas».

Estos indicios «han demostrado que JxCat y ERC iban de farol», apuntaron los Comunes después de la votación en el Parlament. Pero, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido así? El texto proponía que los alquileres en las zonas donde se aplicara la contención de rentas sólo podrían subir un 10% respecto al precio establecido por el índice de referencia de los precios del alquiler.

Esta lista se basa en el cálculo de la media de los alquileres por zona y metros cuadrados -por los contratos firmados entre 2016 y 2018-, por lo que se hace en base a unos precios «hinchadísimos por una burbuja especulativa del alquiler», apunta Delgado . Así, según denuncian desde la PAH, el decreto «no sólo no pone frenos a la subida de precios, sino que regula un incremento aún mayor».
Pero por otro lado, nos encontramos con que la subida regulada del 10% de los alquileres es la cifra estándar, ya que puede ser del 15% en el caso de tener elementos añadidos como piscina, jardín o «buenas vistas», este último un concepto bastante subjetivo. Si ponemos como ejemplo las viviendas del Carmel, la mayoría de las que tienen terraza tendrán buenas vistas, debido a su situación geográfica. Pero a la vez, se trata de un barrio situado en el segundo distrito con los alquileres más bajos de la ciudad, aunque es también uno de los que más porcentaje de la renta dedica al alquiler. Por lo tanto, una familia con terraza en el Carmel -donde, de media se dedica más del 20% de la renta a sufragar la vivienda- podría haber sufrido una subida del 15% del alquiler.
Además, también se decretaban subidas del 20% del alquiler para aquellas viviendas de nueva construcción o completamente rehabilitadas. Esto «no es que abra la puerta a la especulación, que ya está más que abierta, es que le dice a los grandes inversores que pueden comprar edificios enteros, rehabilitarlos e inflar los precios del alquiler de manera legal», se queja Delgado.
Hoy, al terminar la votación que ha tumbado el Decreto, la consejera de Justicia, Ester Capella, ha afirmado que la no aprobación de la ley «beneficia a los de siempre», en referencia a las entidades bancarias y los fondos buitre. «Que no se equivoquen, están contentos igualmente ya que, sea como sea, no se les deja de poner alfombras rojas», dijo Delgado.

¿Una medida para frenar o para pautar las subidas del alquiler?

Tal como denuncian desde el Sindicat de Llogaters, «las entidades pedían frenar la subida de los alquileres, no regularla al 10%». Y es que, mirando los datos de los últimos años, en el conjunto de Barcelona los precios han subido un 14% respecto a 2008, cuando comenzó la crisis. Y eso teniendo en cuenta que durante los momentos más duros de la crisis (2013) los precios se desplomaron un 16% respecto a los de cinco años antes. Pero desde entonces no han dejado de subir.

Ahora bien, desde 2017 parece que se ha llegado a una subida más moderada, anunciando que, posiblemente, estemos cerca de la cima de esta segunda burbuja. Así, mientras que la subida de precios anual de los precios desde el 2016 fue del 9% en 2017 frenó hasta el 6%. Y, paralelamente a esta situación, el Govern propone subidas que van desde el 10 al 20%.

Pero para hablar de la crisis habitacional, no se deben tener en cuenta sólo los precios del alquiler, sino la relación con los salarios y la renta. Así, mientras que la subida de los alquileres desde 2013 ha sido del 36%, la de los salarios sólo ha sido del 3%. Estos datos desiguales nos han llevado al escenario actual, en el que se dan 45 desahucios diarios en Catalunya y cientos de miles de personas en lista de espera para una vivienda asequible (que no llega al 2% del total).

«Si tanto quieren hacer país, deben garantizar necesidades básicas», se queja Delgado, en referencia a JxCat y ERC. Así, recuerda que leyes que ya están vigentes, como la 24/2015 -más conocida como ley catalana contra los desnonaments- obligan a las entidades bancarias a proporcionar alquiler asequible a las familias que deben ser desahuciadas. «Pero nadie está aplicando sanciones y los desahucios no se detienen», tal como han denunciado hoy desde la PAH en una acción conjunta con el colectivo Enmedio para denunciar que CaixaBank no ofrece soluciones de alquiler social.

Acción de la PAH y del Colectivo Enmedio para denunciar Caixabank | PAH

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