Catalunya: informe de otoño para una embajada extranjera

Con motivo de la Diada intentamos describir nuestra realidad desde una cierta distancia emocional. La complejidad política y social que vive Catalunya es observada con desconcierto por las cancillerías de todo el mundo. Imaginamos cuál podría ser una explicación con voluntad de ser objetiva

Andreu Farràs
 
 
 
Manifestación de la Diada | M.P. Flickr

Manifestación de la Diada | M.P. Flickr

Las embajadas de los países con presupuestos holgados suelen pedir a sus agregados que se entrevisten con periodistas y otros conocedores de la sociedad en la que tienen su legación diplomática para realizar periódicamente informes para los respectivos ministerios de Asuntos Exteriores. El texto que sigue a continuación podría ser uno de estos documentos solicitados por un Gobierno extranjero ante la creciente complejidad del panorama político y social catalán.

Los catalanes conmemoran cada 11 de septiembre su fiesta nacional en recuerdo de la toma de la ciudad de Barcelona por las fuerzas borbónicas franco-españolas en 1714, a raíz de la guerra de Sucesión, donde distintas potencias europeas pugnaron en el siglo XVIII para conseguir la hegemonía continental.

A lo largo del último lustro, las principales movilizaciones conmemorativas han sido progresivamente monopolizadas por las formaciones independentistas catalanas. Las manifestaciones se han convertido en ‘performances’ reivindicativas del derecho de autodeterminación y la celebración de un referéndum sobre la secesión y de protesta por el encarcelamiento y la persecución judicial de los líderes independentistas.

El Onze de Setembre de este año tendrá lugar tres o cuatro semanas antes de que el Tribunal Supremo español publique la sentencia sobre una docena de dirigentes políticos acusados por la fiscalía de los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, entre otros. Los independentistas temen que la sentencia sea muy severa y dicte penas de hasta 25 años de prisión para quienes eran miembros del Gobierno y el Parlamento autonómicos (regionales) y líderes de organizaciones catalanistas cuando el 1 de octubre del 2017 se organizó y llevó a cabo un referéndum sobre la independencia de Catalunya, que había sido prohibido por el Gobierno y el Tribunal Constitucional españoles.

Los partidos y organizaciones independentistas se muestran unidas ante la convocatoria del Onze de Setembre de este año. Pero discrepan abiertamente sobre cuáles deben ser las reacciones de éstas y los electores ante la sentencia previsiblemente durísima del Supremo.

Discrepancias estratégicas

Junts per Catalunya, el partido secesionista más votado en las últimas elecciones catalanas, aboga por una movilización de protesta ininterrumpida, defiende la “confrontación pacífica y democrática” y no renuncia a la denominada vía unilateral, que significa proclamar a corto o medio plazo la independencia de Catalunya sin negociar ni pactar con el Estado español.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), por el contrario, ha variado su estrategia y propugna el diálogo incondicional con el Estado, renuncia a la vía unilateral y defiende que si la sentencia del Supremo es condenatoria sean convocadas de inmediato elecciones al Parlament de Catalunya para una posterior formación de un “Gobierno de emergencia nacional”, que agrupe a todos los partidos favorables a un referéndum de autodeterminación. ERC no descarta incluso no impedir la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español, a fin de evitar nuevas elecciones y una posible victoria de la derecha.

Junts per Catalunya, teledirigido desde Bélgica por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, perseguido por la justicia española, junto con la fuerza anticapitalista CUP y otros sectores radicales independentistas han apuntado incluso la posibilidad de convocar una huelga general indefinida y acciones “no violentas” a la hongkonesa.

En las últimas convocatorias electorales, la población catalana se ha manifestado dividida en torno a la separación del resto de España. En el Parlamento de Catalunya, los independentistas ostentan algo más de la mitad de los escaños, pese a no contar con la mayoría de los votos depositados en las urnas, a causa de una ley electoral que beneficia a las circunscripciones menos pobladas (Catalunya interior) en detrimento de las más pobladas (las ciudades de Barcelona y Tarragona y sus respectivas áreas metropolitanas).

La derecha y los socialistas

Si el independentismo está dividido en cuanto a la estrategia, la derecha española (y catalana) también se encuentra fragmentada entre tres partidos: PP (derecha conservadora), Ciudadanos (derecha liberal) y Vox (extrema derecha). Pese a sus diferencias, los tres partidos se han aliado en diferentes gobiernos regionales en el resto de España y les une su absoluta animadversión hacia el secesionismo y la socialdemocracia así como su acendrado nacionalismo español.

PP y Ciudadanos solo estuvieron de acuerdo con el PSOE (actualmente, en el Gobierno, pero en funciones desde abril) en la aplicación de la suspensión de la autonomía catalana durante algunos meses en el 2017, inmediatamente después de la proclamación –más virtual que real– de la independencia catalana por los líderes secesionistas, que ahora se hallan encarcelados, encausados y/o exiliados.

En la actualidad, el PSOE y sus hermanos catalanes del PSC han apostado por la “desinflamación” del conflicto político a través del diálogo (también más virtual que real) con los separatistas y por no encrespar los ánimos ni descalificar a la dirección de los adversarios. Han optado por observar un perfil bajo y por extender puentes, aunque han obtenido parcos resultados hasta el momento por su negativa a reconocer el derecho a convocar una consulta sobre el autogobierno catalán al estilo de lo que ocurrió en Escocia o Canadá.

De hecho, el dilema catalán es uno de los mayores obstáculos para que el PSOE alcance en Madrid un pacto de legislatura o coalición con Unidos-Podemos (izquierda), que se muestra a favor de la celebración de un referéndum sobre la relación de España con Catalunya.

Divididos pero no enfrentados

Los ciudadanos catalanes muestran opiniones encontradas sobre la independencia de Catalunya, como puede comprobarse en sobremesas familiares, tertulias entre compañeros de trabajo, conversaciones de bar y encuestas sociológicas. Pero es claramente exagerado considerar que la sociedad catalana está rota o incluso al borde de un enfrentamiento civil, como insisten en afirmar los partidos antiindependentistas o “unionistas” (calificativo de los secesionistas).

Los unilateralistas, cuyo número ha menguado desde el juicio del Supremo y el cambio estratégico de ERC, persisten en la necesidad de que haya una movilización continua, incluida una huelga general indefinida que paralice el país. Objetivo: internacionalizar el conflicto y denunciar la “opresión” y la “violación de los derechos humanos” por el Estado español ante todo el mundo. Las manifestaciones nacionalistas convocadas hasta ahora han resultado masivas y han batido récords de nivel europeo; sobre todo, en las marchas de los Onze de Setembre de los últimos 8 años.

Pero una cosa es asistir a una manifestación después de comer en un día festivo y acompañado por familiares y amigos. Y otra muy distinta renunciar al sueldo de uno o varios días, cerrar el negocio indefinidamente, cortar autopistas y vías ferroviarias, invadir aeropuertos (como en Hong Kong) o, en un salto cualitativo, asaltar y ocupar el Parlamento catalán.

¿Revolución en un territorio rico?

Por muy “no violentas” que sean estas acciones pre o directamente revolucionarias resultan altamente improbables en un territorio con una mitad de la población que desea continuar perteneciendo a España y, lo más decisivo, con un PIB per cápita de 30.769 euros (cifras de 2018), muy poco por debajo de la media de la UE (30.865 euros), algo por encima de la media española (25.900 euros) y de la italiana (29.100 euros) y ligeramente inferior a la media francesa (35.000 euros).

La recesión que estalló en el 2008 se ha superado poco a poco y se han recuperado las cifras macroeconómicas anteriores a la crisis, aunque los profundos recortes en el Estado del bienestar y la política fiscal de los Gobiernos conservadores del PP en España y CiU en Catalunya han ocasionado un aumento espectacular de las desigualdades sociales. El descontento provocado por estas políticas así como por los problemas ocasionados entre las clases medias y bajas por los déficits en infraestructuras, sanidad y educación se encuentra entre las causas del incremento del independentismo, si bien no hay que olvidar las agresivas prácticas anticatalanistas desarrolladas por el PP en diversas campañas electorales de los últimos lustros.

La crispación y duelos dialécticos que protagonizan los dirigentes de las diversas opciones ideológicas en el escenario mediático catalán tiene escasa repercusión en la vida diaria de los ciudadanos, las empresas y los organismos públicos. La opinión pública está más preocupada por la sensación de inseguridad, el desempleo, el cambio climático o la turismofobia que por los rifirrafes que protagonizan los representantes políticos, de quienes critican su falta de liderazgo y profesionalidad.

La incapacidad de los actuales dirigentes políticos así en Madrid como en Barcelona por llegar a acuerdos y consensos y dedicarse de una vez a gobernar y servir a los ciudadanos, superando los estrictos intereses electoralistas, genera una notable desafección social ante el devenir de la vida parlamentaria y preocupación por la creciente incertidumbre.

Pese a todo, las cifras macroeconómicas de Catalunya no invitan al pesimismo que intenta infundir la derecha española. El crecimiento económico, las inversiones extranjeras, la llegada de turistas y la construcción y venta de viviendas mantienen su tendencia al alza, aunque se observen algunos nubarrones en lontananza a causa sobre todo de la guerra comercial de EEUU y China, el frenazo de la locomotora alemana y la inminencia del ‘brexit’. Se sigue creando empleo, aunque los datos del paro del mes de agosto son los más negativos de la década.

Tensión sin violencia

En conclusión, la primera economía de España (20% del PIB, una de las poderosas razones por las que tan pocos españoles desean la secesión) afrontará en los próximos meses una situación llena de tensión e inestabilidad: la publicación de la condena de los líderes independentistas, que se prevé muy severa, con altas penas de prisión. La indignación que ocasionará entre más de la mitad de la población (los independentistas más los no independentistas contrarios a los encarcelamientos) desembocará posiblemente en movilizaciones que pueden durar varios días. No hay que descartar altercados ocasionales protagonizados por emuladores de las protestas hongkonesas, algunas huelgas e incluso la paralización momentánea de vías de comunicación terrestres, marítimas y aéreas.

Sin embargo, aunque la incertidumbre ante estas situaciones tan crispadas es muy alta, puede afirmarse que la inmensa mayoría de la sociedad catalana parece poco dispuesta a colocar a su país en un situación prerrevolucionaria o violenta. A pesar de las altas cotas de desigualdad social registradas en los últimos años a causa de las políticas neoliberales desarrolladas por los Gobiernos español y catalán, la situación socioeconómica de Catalunya dista mucho de ser desesperada.

Es una región boyante de uno de los continentes más ricos del planeta. Solo la mitad de los catalanes desea la independencia y, de estos, muy pocos son los que pueden estar dispuestos a arriesgar sus ingresos, su libertad y aún menos su vida por mor de la independencia de su país, para que quede en manos de unos dirigentes que hasta el momento no han demostrado excesiva competencia profesional. Aunque prometa ser “no violento”, el unilateralismo independentista es una revolución. Y la historia enseña que solo los desesperados y los orates se sumergen en revoluciones.

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