Barcelona marca el rumbo para superar el déficit histórico de vivienda protegida

Las causas de la gentrificación son complejas y rebasan los límites de la política municipal, pero esto no exime a los ayuntamientos de hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar el derecho a la vivienda a sus vecinos y vecinas. En este sentido, los movimientos sociales habían hecho hasta ahora un balance agridulce de la gestión municipal en materia de vivienda del actual gobierno

Irene Peiró
 
 
 
Facade of a council tower block in Bermondsey, London

Facade of a council tower block in Bermondsey, London

Catalunya y el conjunto del estado español sufren un retraso histórico respecto a los países más avanzados de Europa en cuanto a la oferta de vivienda social. La decisión de destinar el 30% de la nueva construcción a vivienda social, aprobada a finales de septiembre en el pleno municipal de Barcelona, ​​recuerda la necesidad de poner en marcha medidas contundentes para revertir esta carencia histórica.

En todo el estado español, tan sólo un 1,5% del total del parque inmobiliario está formado por viviendas sociales, según un informe de la Fundación Alternativas (2018). Es un porcentaje ínfimo si lo comparamos con el 32% de Holanda o el 23% de Austria. Del mismo modo, los datos de Barcelona también se quedan lejos de las otras capitales europeas.


¿Por qué esta diferencia tan negativa respecto a los países de nuestro entorno? El origen del problema viene de lejos y se encuentra en la liberalización de suelo para ponerlo a disposición de las promotoras privadas, promovida durante la dictadura franquista, concretamente durante su periodo de mayor desarrollo económico, conocido como desarrollismo (1959- 1975). Esta tendencia, no sólo no se detuvo tras la Transición, sino que se aceleró cada vez más, especialmente durante el denominado boom inmobiliario (1997-2007). El resultado del boom es de sobra conocido: un crecimiento descontrolado del mercado inmobiliario facilitado por los créditos bancarios a promotores y consumidores, para maximizar el lucro económico. Un modelo que margina la vivienda social, porque da menos margen de beneficio.

La medida aprobada por el pleno municipal de Barcelona toca ahora la línea de flotación de este modelo. Recuerda al sector inmobiliario que su actividad económica incide sobre un derecho social básico -el derecho a la vivienda- y que por tanto debe ser regulada.

Una medida con referentes europeos e internacionales

Barcelona se convierte así en la primera ciudad de Catalunya y de todo el Estado en implementar una medida inspirada en referentes europeos. Concretamente, la propuesta de Barcelona reproduce el modelo de París, donde ha dado muy buenos resultados. Entre 2001 y 2018, el porcentaje de vivienda social en la capital francesa se ha elevado del 13 al 21%, según explicó el teniente de alcalde, responsable de vivienda en París, Ian Brossat, en la Conferencia Internacional sobre el derecho a la Ciudad, que reunió en Barcelona a representantes de instituciones y organizaciones sociales de diferentes países de Europa el pasado 17 de mayo.

Ante la implementación de esta medida en Barcelona, ​​ya han surgido voces de alarma entre el sector inmobiliario, preocupado por perder dinero con sus inversiones. El gobierno municipal argumenta que seguirán teniendo margen de beneficio -eso sí, más reducido-, porque la normativa se aplicará exclusivamente sobre aquellos que compraron suelo cuando su precio aún no se había revalorizado en exceso. Concretamente, se aplicará sobre los que compraron antes del 1 de julio de 2016.

También la experiencia de París desmiente este temor. El Ayuntamiento compra los pisos a las promotoras a un precio tasado -3.800 euros por m2-, por lo que los constructores no pierden dinero. El modelo se ha demostrado viable para administración y promotores, unos buenos resultados que le han llevado a extenderse a otra ciudad francesa, Burdeos, incluso bajo el gobierno actual de signo conservador. Al otro lado del atlántico, Nueva York también aplica un modelo similar al que ahora se quiere importar a Barcelona.

En el caso de la capital catalana, la nueva medida conllevará la creación de 330 pisos protegidos del año, un 30% del millar de viviendas que se construyen anualmente en la ciudad, según fuentes municipales. Otra posible consecuencia de la medida es que disuada a fondos de inversión interesados en comprar grandes bloques de viviendas para reformarlos, revalorizarlos y destinarlos a usos como el alquiler turístico. Hay que tener en cuenta que la medida afectará tanto a las nuevas promociones como a las grandes rehabilitaciones que superen los 600 m2. Estas nuevas exigencias sobre las promociones privadas se añaden al compromiso de crear 8.854 viviendas de promoción pública -en su mayoría de alquiler-, establecido en el Plan del Derecho a la Vivienda de Barcelona (2016-2025).

La medida aprobada también amplía el derecho de tanteo y retracto del Ayuntamiento en toda la ciudad de Barcelona, ​​que le otorga preferencia a la hora de comprar edificios en venta para poderlos destinar a usos sociales. Ahora, el interrogante es aclarar cuántos de estos pisos de la reserva del 30% podrá comprar el Ayuntamiento de Barcelona, ​​en función del presupuesto disponible.

Si no son comprados por el Ayuntamiento, serán vendidos o alquilados al precio tasado de vivienda social (136.400 euros de compra y 412 euros al mes de alquiler por un piso de 80 m2) por parte de las promotoras inmobiliarias. En este sentido, hay que tener en cuenta que, en el caso de las viviendas de protección oficial de compra, los pisos pasan al mercado libre después de un periodo que oscila entre los 25 y los 30 años. Pasado este periodo, finaliza la protección de las viviendas, otra anomalía del modelo español respecto al resto de Europa que también va en contra de la consolidación del parque de vivienda social.

Primera assemblea del Sindicat de Llogaters, a l’avinguda Mistral de Barcelona / ROBERT BONET

El objetivo: acercarse a los estándares europeos de vivienda social

Los movimientos sociales como la PAH consideran que el 100% de viviendas sociales deberían ser de alquiler e instan al Ayuntamiento a ejercer su derecho de compra preferente sobre el máximo número de pisos posibles dentro de la reserva del 30%. Hay que subrayar que son estos mismos movimientos sociales (la PAH, el Sindicao de Llogaters, la FAVB, la Asamblea de Barrios para un Turismo Sostenible ABTS y el Observatorio DESC) los que han llevado esta propuesta al Ayuntamiento de Barcelona, para marcar un cambio de rumbo que permita acelerar la creación de vivienda social en Barcelona, ​​hasta ahora muy lejos de las expectativas marcadas por la Ley catalana de vivienda de 2007.

Según esta normativa, las viviendas públicas deberían llegar al 15% en 2027 -del total de viviendas de Catalunya- para acercarse a estándares europeos. Si se hubiese implementado esta normativa al ritmo adecuado, la PAH calcula que habría 60.403 viviendas sociales en Barcelona en estos momentos (un 7,5% del total), pero la realidad no se acerca ni de lejos a estas cifras ni a la capital catalana ni en el resto del país.

Mientras tanto, los desahucios no se detienen y se mantienen a niveles similares a los de los años más duros de la crisis económica, con la única diferencia de que ahora la mayoría son de alquiler y no debidos a ejecuciones hipotecarias. Se producen 7 al día en Barcelona y el 85% corresponden a arrendamientos, según datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al año 2017.

Los precios de los alquileres se han disparado y, en los últimos 5 años, han subido un 30%, según datos del Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Barcelona. La confluencia de la Ley de Arrendamientos de Urbanos (LAU) de 2013, que redujo la duración mínima de los contratos de alquiler de 5 a 3 años -pasados los cuales, el propietario puede revalorizar el precio-, sumada a otros fenómenos como el incremento del turismo, está acelerando la denominada gentrificación. Vecinos y vecinas se ven expulsados ​​de sus barrios y son reemplazados por el turismo y otros sectores con mayor capacidad adquisitiva. Las moratorias a la apertura de nuevos hoteles, alojamientos turísticos o establecimientos de restauración impulsadas por el actual gobierno municipal sólo han conseguido mitigar los efectos de un fenómeno que desborda sus capacidades.

Una reacción ante un balance agridulce de las políticas municipales de vivienda

Las causas de la gentrificación son complejas y rebasan los límites de la política municipal, pero esto no exime a los ayuntamientos de hacer todo lo que esté en sus manos para garantizar el derecho a la vivienda a sus vecinos y vecinas. En este sentido, los movimientos sociales habían hecho hasta ahora un balance agridulce de la gestión municipal en materia de vivienda del actual gobierno. Así lo ponía de manifiesto el informe de la PAH de Barcelona «Valoración de los 2 años de políticas públicas de vivienda de la Alcaldesa Ada Colau» (julio de 2017), realizado en el ecuador del actual mandato municipal.

Si bien reconocían algunos avances para paliar la emergencia habitacional -el incremento de las ayudas al alquiler o la creación de la Sipho (Servicio de Mediación en la Pérdida de Vivienda y Empleos) serían algunos de los ejemplos más destacados-, también lamentaban la falta de medidas más osadas para hacer crecer la vivienda social en Barcelona. El informe criticaba que el gobierno municipal no hubiera aprovechado su derecho de compra preferente de inmuebles en determinadas zonas de la ciudad para poder destinarlos a alquiler social, ni tampoco su capacidad sancionadora sobre los pisos vacíos de forma injustificada durante más de 2 años. Ahora bien, hay que recordar que en julio de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya fallaba en contra de la aplicación de estas sanciones al considerar que no eran competencia municipal,

Cuando legalmente se había cerrado la puerta a esta vía, el pleno municipal de Barcelona ha hecho su otra propuesta de los movimientos sociales para incrementar el parque de vivienda social, la exigencia del 30% sobre las nuevas promociones privadas. A menos de un año de finalizar el actual mandato municipal, es toda una demostración de fuerza del gobierno municipal ante el sector privado y de sus intereses, para devolver la esperanza a las personas que ven peligrar su derecho a la vivienda y los movimientos sociales que las representan.

Seguramente, el clima preelectoral que se respira en Barcelona, ​​ha ayudado a configurar la mayoría suficiente en el pleno municipal para aprobar esta medida. Los movimientos sociales no han conseguido hasta ahora muchos de sus objetivos sociales y políticos, pero hay que reconocer que sí han sido capaces de generar un estado de opinión general favorable a sus reivindicaciones, resulta muy difícil desmarcarse en la mayor parte de fuerzas políticas, y más aún cuando las elecciones están cerca. Todas las fuerzas políticas, menos PP y Ciutadans, han votado a favor de la medida del 30%.

Varies manifestants aixequen globus verds pel dret a un habitatge digne / OLMO CALVO (eldiario.es)

Un llamado a otras instituciones públicas ante la emergencia habitacional

Evidentemente, tiene una gran relevancia política que la capital de Catalunya emprenda una medida de esta envergadura, pero esto no puede hacer perder de vista que Barcelona forma parte de un ecosistema donde deben cambiar muchas otras piezas para que se produzcan transformaciones sociales a medio y largo plazo. Sería deseable que la voluntad política expresada por el pleno municipal de Barcelona para aprobar el 30% también se trasladara a otros espacios institucionales de Catalunya y del conjunto del Estado.

De entrada, se necesita la complicidad de la Generalitat -que tiene las competencias en materia de vivienda- para poder reservar este 30% de vivienda social en las promociones privadas. Si bien la Generalitat se ha mostrado predispuesta a colaborar, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet (PDECAT), ha expresado algunas reticencias a esta iniciativa, por ejemplo que, siendo sólo aplicada en la ciudad de Barcelona, ​​podría tener un efecto perjudicial sobre otros municipios del entorno metropolitano, donde los constructores podrían desplazar su actividad para evitar el 30%. Ante ello, la PAH no duda en pedir que se extienda el 30% en todos los municipios de Catalunya.

Mientras tanto, el Congreso de los Diputados debatirá próximamente la propuesta de Ley de Vivienda de la PAH, que se admitió a trámite el pasado 18 de septiembre. La propuesta de ley incorpora aspectos clave que podrían hacer avanzar el derecho a la vivienda en todo el Estado, desde la ampliación del parque público de vivienda social hasta la derogación de la LAU y el retorno a los contratos de alquiler de un mínimo de 5 años. También se apuesta por establecer un marco regulador de los precios de los alquileres, por lo que las familias no tengan que destinar a la vivienda más de un tercio de sus ingresos, como estipulan los organismos internacionales. La ley también recoge otras de las reivindicaciones históricas de la PAH, como el paro de los desahucios, la dación en pago retroactiva y los suministros garantizados para toda la población.

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