Entidades feministas y defensoras de la salud reclaman el acceso al aborto para las personas migradas

La lucha por una sanidad universal no descansa: la iniciativa de 10 entidades vinculadas con la salud y los derechos de las mujeres para exigir un aborto universal ya cuenta con más de 250 apoyos. El manifiesto quiere presionar a las autoridades públicas para que incorporen medidas que acaben con el "racismo institucional"

Carla Benito
 
 
 
Un cartell en defensa del dret a la salut en una motxilla del col·lectiu Iaioflautas en una imatge d'arxiu / Carla Benito

Un cartell en defensa del dret a la salut en una motxilla del col·lectiu Iaioflautas en una imatge d'arxiu / Carla Benito

El reclamo por un aborto universal se quiere hacer notar en Catalunya. Una campaña iniciada por 10 entidades del ámbito de la salud, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y de mujeres para exigirlo ya ha conseguido, pocos días después del inicio de la campaña, contando entre individuales y colectivas , un total de 262 adhesiones al manifiesto.

El documento, que cada día firma más gente, está dirigido a «todas las autoridades públicas de Catalunya» y, entre otras demandas vitales, exige que éstas establezcan «las condiciones para una atención sanitaria universal, de calidad, y sostenible en base de una gestión eficiente, eficaz y transparente». La campaña nace a partir de la evidencia de los vacíos legislativos y obstáculos administrativos que los colectivos denuncian que se encuentran las personas migradas no residentes en Catalunya y sin tarjeta sanitaria. Además, coincide con el segundo aniversario de la entrada en vigor de la ley 9/2017 y en un momento en el que la Generalidad de Catalunya quiere realizar una consulta pública con el objetivo de elaborar un proyecto de Reglamento para desarrollar los contenidos de esta Ley.

En un contexto de incertidumbre, varias organizaciones han constituido una Mesa de Trabajo sobre el acceso a la atención sanitaria de los menores de 18 años, mujeres y personas embarazadas ya la interrupción voluntaria del embarazo. Entre ellas se encuentra L’Associació de Drets Sexuals i Reproductius, la Marea Verde Barcelona, Metges del Món, la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCat), la Red de Migración, Género y Desarrollo, la Xarxa de Dones per la Salut, la Campanya pel Dret a l’Avortament, Ca la Dona, el Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) y Mika Sororidad Internacionalista.. Han sido ellas las que han trabajado el documento que pretende «conseguir que los derechos humanos de las personas migrantes, con especial énfasis de las mujeres y personas embarazadas y los menores de 18 años, sean reconocidos de manera real y directa, sin ningún tipo de discriminación».

Al mostrar esta voluntad se sustentan también en las demandas de organismos como Naciones Unidas o el Consejo de Europa que han subrayado en algunas ocasiones que «ciertas reformas que han realizado los legisladores españoles y catalanes contravienen los estándares internacionales de derechos humanos». Así, aparte de recordar a las autoridades públicas que se les ha pedido que garanticen el acceso a la atención sanitaria de las personas migradas por diversas vías, también denuncian que «en muchos casos la falta de información ha afectado las personas migradas en el ejercicio de su derecho a salud, debido a los temores a verse ante facturas o compromisos de pago a los que no pueden hacer frente para acceder a los servicios sanitarios».

Por otra parte, y responsabilizando al Departamento de Salud y al CatSalut, piden recursos para la formación del personal administrativo y sanitario, ya que las organizaciones abajo firmantes aseguran que han comprobado que les falta mucha información sobre cómo informar sobre la declaración de responsabilidad a las personas que no tienen tarjeta sanitaria.

Las demandas concretas de las entidades por los derechos de las mujeres y por una salud universal real se recogen en 9 puntos. El mantra que los une es la afirmación de que la falta de acceso a la asistencia sanitaria de la población migrada y refugiada es racismo institucional y, por tanto, «es imprescindible que los sistemas de salud superen las barreras culturales y lingüísticas y se realice un abordaje multidisciplinar intercultural «.
En este sentido piden que el Reglamento garantice la asistencia sanitaria de los residentes en riesgo de exclusión social, de todos los menores de 18 años, así como la atención a todas las personas y mujeres embarazadas que están en Catalunya estén o no empadronadas, durante el embarazo, el parto, el posparto y la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo tanto, que el empadronamiento no constituya un obstáculo al acceso a la atención sanitaria ni que el período mínimo para acreditar el arraigo se establezca en un plazo de 3 meses.

Para seguir saltándose trabas burocráticas también consideran esdencial que se reduzca al mínimo el tiempo de espera para obtener la tarjeta sanitaria. Aparte, y ligado a la idea de formar el personal administrativo y sanitario, también piden que el decreto garantice que «en ningún caso se realizará cobros de urgencias». Entienden que «negar este derecho [ser atendido de urgencias] es una medida regresiva y contraria a la universalidad efectiva del derecho a la salud de todas las personas». Paralelamente a la formación de unos, también indican la necesidad de realizar campañas informativas a la ciudadanía sobre el derecho a la salud, «especialmente a las personas y colectivos de especial vulnerabilidad, para que conozcan y exijan sus derechos».

Y como para todo hay que te informen pero también hay que poderlo entender, por último, piden que el Parlamento de Catalunya apruebe una reforma de la Ley 9/2017 en lectura fácil. Aunque añaden que «mientras se aprueba esta reforma, exigimos que la Consellera del Departament de Salut emita una Instrucción que regule la atención sanitaria de urgencia a estas personas».

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