Abortar por derecho: prioridad feminista, de Argentina a los Pirineos

Miles de mujeres mueren cada año a raíz de interrumpir un embarazo no deseado en los Estados restrictivos con el acceso legal al aborto. La gran mayoría, en el hemisferio Sur. En Europa, la norma tiende a ser garantizar, de manera amplia, el acceso al aborto dentro del sistema sanitario. Ahora bien, el riesgo de retroceso del derecho, allí donde se ha desarrollado, y la presión para impedir que avance, allí donde todavía no se ha establecido, es una constante.

Meritxell Rigol
 
 
 
Pañuelazo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina | Wikimedia Commons cc by Lara Va

Pañuelazo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina | Wikimedia Commons cc by Lara Va

Al alcance de los bolsillos más vacíos y menos dolorosa que con objetos punzantes. Al googlear «abortar con perejil», encuentras indicaciones en varias páginas. Durante 12 horas. Al menos tres días. Además de introducirte el tallo, tomarlo en infusiones, para potenciar su efecto. Quizás Liz leyó detalles y advertencias en alguna de las primeras webs que aparecen en el buscador. Quizás alguien le había explicado cómo hacerlo. Es una opción conocida. Se sabe que es la que queda a las mujeres sin recursos suficientes para acceder a una técnica segura o, si más no, menos peligrosa.

Seguramente, Liz sabía qué podía llegar a pasarle. Decenas de mujeres mueren y decenas de miles son hospitalizadas en su país cada año a raíz de interrumpir un embarazo no deseado con métodos peligrosos; los métodos que invita a adoptar cualquier Estado al negar a las mujeres el acceso a técnicas seguras para abortar, como derecho.

Saber que se juegan la vida, pero, no las frena. Lo hacen. Abortan, legalmente o en la clandestinidad. Así lo alerta la Organización Mundial de la Salud (OMS). Advierte a los Estados que restringir el acceso a interrumpir un embarazo no deseado no reduce el número de abortos, sino que las leyes restrictivas se traducen en tasas elevadas de abortos peligrosos. 25 millones cada año, estima el organismo de la ONU. Son casi la mitad de los que tienen lugar en el mundo.

A Liz le extirparon el útero de urgencia, pero la infección que le provocó utilizar perejil como remedio abortivo casero fue generalizada y la joven, de 34 años, con una criatura de dos, ha sido la primera víctima que la marea verde argentina ha atribuido, directamente, a los 40 senadores y senadoras que no apoyaron, pocos días antes, la aprobación de una ley para garantizar el acceso al aborto, dentro del sistema sanitario público, a petición de las mujeres, en las primeras 14 semanas de embarazo. 48 horas más tarde de la primera muerte, una segunda. 30 años. Cuatro hijos. El personal médico declaraba no saber qué había usado para frenar la gestación.

«Salvar las dos vidas, como gritan los que se denominan ‘pro-vida’, no es real. Las chicas que no pueden acceder a un aborto seguro continúan muriendo», denuncia Candela Tobares, activista argentina de Marea Verde en Barcelona, donde hace tres meses que reside. «Se sabe que en clínicas privadas practican abortos y, las que pueden acceder, lo hacen, con grandes cantidades de dinero. Si no  tienes tanto, se sabe que hay lugares en los que una enfermera o un médico que se aprovecha de la situación hace un aborto. En una casa. De cualquier manera», detalla.

Un método, en extensión en Latinoamérica −la región con las tasas de aborto y de embarazo no planeado más altas, según el informe 2017 sobre el aborto a escala mundial del Instituto Guttmacher− y que reduce los abortos más peligrosos, es acceder a fármacos abortivos. «Las pastillas son muy caras y no fáciles de conseguir. Las que no pueden, lo hacen en casa. Con cualquier cosa», explica Tobares. Las opciones y su grado de seguridad se reducen de manera directamente proporcional a la disponibilidad de recursos de las mujeres.

En América Latina, casi todas (97%) viven en Estados con leyes de aborto restrictivas y penalizadoras. Sólo Uruguay, Cuba, Guyana y Ciudad de México reconocen el derecho a interrumpir un embarazo no deseado por decisión de la mujer. En el extremo opuesto, la criminalización no tiene grietas en El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Suriname y Haití, donde ni salvar la vida de la mujer legaliza un aborto.

Recientemente, a finales de abril, el legislativo salvadoreño apagaba una brizna de esperanza al rechazar incorporar las excepciones de violación, riesgo para la vida de la gestante y malformación fetal que haga inviable la vida extrauterina. Hasta hoy, un aborto puede ser juzgado como homicidio agravado y suponer una condena de treinta años de prisión. Incluso mujeres que han sufrido abortos espontáneos están encarceladas. La gran mayoría de procesadas son mujeres en situaciones socioeconómicas vulnerables.

Según recoge el Instituto Guttmacher, dedicado a la investigación en salud sexual y reproductiva, también niegan el derecho de las mujeres a acceder a un aborto seguro, sin excepciones como evitar la muerte de la gestante, Madagascar, el Congo, Gabón, Guinea, Senegal, Egipto, Laos, las Filipinas, y, en territorio europeo, Malta, San Marino, Ciudad del Vaticano y Andorra.

Luchar el aborto, también, en el hemisferio Norte

«Europa es un salto cualitativo respecto a las regiones donde la norma es la clandestinidad, pero el derecho al aborto nunca se puede decir que es un derecho consolidado. Es moneda de cambio en todo el mundo», afirma Sílvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares (APFCiB) y activista de la Campaña por el Derecho al Aborto, el espacio de Ca la Dona que organizó las movilizaciones en el país ante la amenaza de contrarreforma de la ley del aborto promovida por el Partido Popular. Una regresión, de la actual ley de plazos (que permite a las mujeres abortar por decisión propia en las primeras 14 semanas de embarazo) a la ley de supuestos del 1985, reivindicada, de nuevo, como objetivo político, por el recientemente elegido presidente del PP, Pablo Casado. Un guiño al voto ultracatólico, para el que amputar el derecho al aborto, allí donde se ha logrado, o impedir que se desarrolle, allí donde se mantiene negado, es el frente de lucha prioritario.

«En la soberanía corporal es donde empieza el cambio, porque da poder a las mujeres. Por eso es restringida. Por eso los movimientos fundamentalistas que actúan en América Latina y en Europa ponen tantos recursos contra el aborto. Continúa siendo la clave del control de la vida de las mujeres», argumenta Aldavert, que califica la autonomía sexual de «piedra angular de los derechos fundamentales» de las mujeres.

Si bien los movimientos ultracatólicos no tienen una presencia social tan visible en nuestro entorno como la que tienen en países latinoamericanos y en los Estados Unidos, contar con una potente capacidad económica y conexiones políticas en las instituciones les permite influir en las decisiones que afectan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y, también, de los colectivos LGTBI.

El entramado de organizaciones ultracatólicas actúa localmente a la vez que hace red internacional, con actividad que abarca de la acción asistencial a la política institucional. En el Estado español, como en otros, la vía judicial se ha convertido en un mecanismo central del ultracatolicismo para ganar batallas contra quién defiende acceder al aborto legal, seguro y gratuito como derecho.

Las denuncias contra clínicas en las que se practican abortos y para debilitar económicamente a  organizaciones que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos es una estrategia central del movimiento ultracatólico. «Aquí y en otros países del mundo, coincidimos en qué es un acoso constante», describe Aldavert, que muestra preocupación por la «deriva ideológica» de las instituciones de la Unión Europa y augura mayor presencia de diputados y diputadas afines a los movimientos fundamentalistas en el Parlamento Europeo resultante de las elecciones del próximo mayo.

Irlanda, El Salvador, Argentina… En los últimos tiempos son diversos los intentos de ampliar el acceso legal al aborto en todo el mundo. Intentos que «han conseguido cambios en cuanto a visibilidad del debate y empoderamiento de los movimientos feministas, más que no de la situación, a la práctica», valora Aldavert.

El «sí» de Irlanda a derogar la enmienda constitucional que pone al mismo nivel la vida de la mujer y la del no-nacido y, así, abrir la puerta a legislar sobre el aborto, es el cambio reciente con un impacto más palpable en el plano legal. «El proceso de elaborar la ley en Irlanda ni se ha iniciado y Polonia está en proceso de restringir todavía más el derecho, mientras que, en Italia, las mujeres tienen grandes dificultades para acceder, porque la objeción de conciencia es grandísima entre el personal médico», destaca Aldavert, del escenario europeo. Son algunas de las piezas del tablero que se suman a los casos residuales de países en los que el criterio episcopal se impone sin grieta alguna.

Andorra-Barcelona y centenares de euros para abortar

Cruzar una frontera para abortar es una opción más factible en Europa que en otras regiones del mundo, al ser mayoría los Estados con legislaciones que garantizan ampliamente el derecho. Es lo que suelen hacer nuestras vecinas más cercanas, las mujeres del País de los Pirineos: trayecto de mínimo tres horas hasta la capital catalana, entre 300 y 1000 euros por la intervención y el peso de tener que salir de tu país para tomar una decisión que, allí −donde el obispo de Urgell es copríncipe y, por lo tanto, parte de las estructuras del Estado−, es delito.

«Hay miedo e inseguridad. Muchas veces lo más traumático para las mujeres es sentir que están haciendo algo mal, una cosa que te hace atravesar la frontera, porque aquí es ilegal», explica Vanesa Mendoza, presidenta de Stop Violencias Andorra. El Código Penal andorrano establece, desde la reforma del 2005, que el aborto consentido puede castigarse con hasta tres años de prisión, para las mujeres y profesionales sanitarios que los practiquen, además de hasta cinco años de inhabilitación.

«El comité de la CEDAW [Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres] de la ONU dice al Gobierno de Andorra desde el 2009 que tenemos que legalizar el aborto por los tres supuestos mínimos y lo ignoran, por el fundamentalismo religioso, que tiene el apoyo social de las familias con el poder en el país», denuncia Mendoza. Mientras tanto, 8 de cada diez mujeres de Andorra que tienen que interrumpir un embarazo acuden a las clínicas privadas de Barcelona, básicamente, de acuerdo con la estimación de Stop Violencias Andorra.

120 andorranas recurrieron a la sanidad pública catalana para abortar el 2015, según informa el Diario de Andorra en un reportaje de este junio, de acuerdo con la cifra facilitada por la Generalitat de Cataluña. Un dato que, aseguran desde la APFCiB y Stop Violencias Andorra que han pedido a los gobiernos catalán y andorrano y que no les han facilitado. «El gobierno andorrano dice que tiene convenios con el gobierno de Cataluña para que las mujeres puedan venir a abortar aquí. Esto tendría que ser público. Lo hemos pedido al Gobierno de Andorra y al catalán y no se nos responde», asegura Aldavert.

La Estadística de la interrupción voluntaria del embarazo publicada a finales de julio por el Departamento de Salud indica, sin especificar los países de procedencia, que, en 2016, 949 mujeres residentes en el extranjero (4,8% del total de abortos registrados en el país) interrumpieron el embarazo en Cataluña. El 2017, fueron 851 (4,3%). «Son mujeres que vienen de países europeos porque allí no tienen acceso al aborto, entre los cuales Andorra, y no nombrarlos contribuye a invisibilizar la situación que las mujeres viven en ellos», critica Aldavert.

El Instituto Guttmacher denuncia que más de cuatro de cada diez mujeres en edad reproductiva vive en los 125 estados en los que el aborto está fuertemente restringido, es decir, prohibido en todo caso o permitido, sólo, en el supuesto de evitar la muerte de la mujer o protegerla en caso de grave riesgo para la salud.

En Cataluña, «riesgo grave para la vida o la salud de la embarazada» supone sólo un 7% de las interrupciones del embarazo registradas, según recoge el Departamento de Salud. El riesgo de anomalías fetales representa un 3% de los casos, mientras que «a petición de la mujer» es el motivo para interrumpir el embarazo en casi nueve de cada diez abortos registrados en el país.

Las menores más vulnerables, con el derecho negado

Además de las legislaciones restrictivas, la OMS detecta que la poca disponibilidad de servicios, costes elevados, estigmatización, objeción de conciencia del personal sanitario y «requisitos innecesarios» como periodos de espera obligatorios, asesoramiento obligatorio, suministro de información engañosa, pruebas médicas innecesarias y la autorización de terceras personas suponen obstáculos para que las mujeres, «incluidas las adolescentes», accedan a un aborto seguro; un aborto al cual, advierte la OMS, «si no tienen acceso, suelen recurrir a un aborto peligroso». En el Estado y en Cataluña, es una realidad excepcional, pero no del todo extirpada, según denuncia la APFCiB.

El Centro Joven de Sexualidades de Barcelona (CJAS) critica que, con la contrarreforma de la ley del aborto del Estado, que, desde el 2015, vuelve a exigir a las chicas de 16 y 17 años la autorización de un tutor legal por abortar, «no se tiene en cuenta las diferentes situaciones o entornos a que están expuestas las menores». Este servicio detecta que excluirlas del derecho a abortar sin la autorización de terceras personas, en ocasiones, «pone en riesgo la vida de las menores de edad, anula su derecho y capacidad de decidir, las obliga a una maternidad no deseada y las sitúa en un espacio de máxima vulnerabilidad». Las menores migradas que viven en el Estado sin los padres conforman un colectivo especialmente vulnerable, así como también las menores que han vivido situaciones de violencia en la familia.

Según explican desde la APFCiB, una de cada tres chicas de 16 y 17 años que acompañan «es madre sin quererlo ser». En otro tercio de los casos, la familia acompaña a la chica en la decisión que tome. El último tercio «se pierde». «Casi siempre, vuelven en un momento u otro y entonces nos dicen que ha sido un aborto espontáneo, o una falsa alarma, o que cayeron… abortos clandestinos cuando el derecho al aborto no está garantizado siempre hay», asegura Aldavert.

Desde la APFCiB muestran preocupación por el hecho que el último informe sobre aborto del Departamento de Salud no analice la situación específica de las menores, así como otras dificultades con las que topan las mujeres para hacer efectivo el derecho al aborto, como la desigualdad territorial y, según denuncian, la objeción de conciencia encubierta en algunos centros sanitarios. «Constantemente gestionamos casos de mujeres que han sido mal informadas sobre el derecho a abortar, mujeres a las que les dicen que siendo menores no pueden abortar, o que necesitan las firmas de los dos tutores legales para hacerlo; que tienen que pagar; que en un determinado centro no se lo pueden hacer y que tiene que ir a una clínica privada; o que a partir de la semana 15 no es legal abortar, además de no darles la información para decidir cómo hacerlo, si farmacológicamente o quirúrgicamente, y el resto de información sobre su derecho», denuncia la coordinadora de la APFCiB.

En el último año, se han registrado cerca de 20.000 abortos en Cataluña. La franja de edad en la que más mujeres interrumpen el embarazo es entre los 20 y los 24. Entre las chicas migradas de esta edad, la tasa casi se multiplica por tres respecto a las nacidas en territorio español. En la franja de 15 a 19, la tasa se más que triplica entre las jóvenes nacidas fuera del Estado.

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