20 de septiembre: el día que se cocinó la «rebelión»

La concentración ante la Consejería de Economía duró más de 12 horas, con miles de personas protestando por la detención de 14 personas en el marco de un operativo para parar el 1-O. Esa noche, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart subieron al techo de uno de los coches de la Guardia Civil para pronunciar unas palabras que los acabarían condenando por sedición y rebelión

Victòria Oliveres i Sandra Vicente
 
 
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, sobre el coche de la Guardia Civil. 20 de septiembre de 2017 | Sandra Vicente

Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, sobre el coche de la Guardia Civil. 20 de septiembre de 2017 | Sandra Vicente

El centro de Barcelona hervía, miles de personas congregadas no dejaban pasar ni una brizna de aire entre ellas. Más de doce horas seguidas rodeando la Consejería de Economía en Barcelona, ​​después de que un operativo dirigido por la Guardia Civil llevara a cabo registros en diversas sedes de la Generalitat con el objetivo de parar el referéndum del 1 de Octubre. Quedaba menos de una hora para despedir aquel 20 de septiembre de 2017, día en que hubo 14 detenidos y, aunque entonces nadie lo sabía todavía, en que se gestaron las acusaciones por sedición y rebelión que llevaron a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (presidentes de la ANC y Òmnium respectivamente) a prisión.

Ya hace un año de aquella jornada y en el periplo de los ‘Jordis’ desde entonces se cuentan numerosas fechas clave: 339 días en prisión, varias declaraciones ante los jueces y un traslado desde Soto del Real a Lledoners. Un camino largo que comenzó aquella noche del 20 de septiembre, cuando la tensión aumentaba a la espera de que los Guardias Civiles salieran de la Consejería con las pruebas recogidas y las personas detenidas. Un cordón de voluntarios de la ANC, vestidos con petos color lima creaba un pasillo entre los concentrados y los periodistas, que iba de la puerta del edificio hasta la Gran Vía de Barcelona; abriendo las aguas de este modo, se esperaba dejar espacio suficiente para que los Guardias Civiles, acompañados de Mossos d’Esquadra, pudieran finalizar ese día.

Pero los manifestantes lo tenían claro: «Esta noche, la pasaréis aquí», espetaban a la benemérita, mientras que para los Mossos, que los debían acompañar, había una crítica: «No os merecéis la ‘senyera’ que lleváis». Incluso había una tienda de campaña sobre uno de los coches de la Guardia Civil (que habían tenido días mejores). «Esta noche os vais sin coche», que gritaban algunos. Un colchón surfeaba la marea de concentrados, como símbolo de una resistencia que debía ser indefinida, los voluntarios de la ANC llevaban comida y bebida a la gente … pero lo que se preveía como un día preludio de una aún más larga acampada, terminó a las pocas horas.

Todo el mundo tenía la vista fija en la puerta de la Consejería de Economía, esperando que saliera alguien, quien fuera. Y fueron los Jordis. Subieron sobre uno de los coches de la Guardia Civil, que a esas alturas ya estaba lleno de pegatinas llamando al voto el 1O y con los cristales rotos. Sánchez, ataviado con una estelada roja y Cuixart, con un megáfono. «Los que nos querían dividir, exaltados, violentos, hoy están cabreados. Y nosotros no «, espetó el de Òmnium a la masa, que coreaba,»Ni un paso atrás». «Lo que estamos es indignados y decididamente alzados para luchar por nuestra libertad, las instituciones y nuestro país».

Las horas empezaban a hacerse largas y la consigna definitiva estaba por llegar: «desde este altar tan majestuoso, os convocamos a una movilización permanente en defensa de los detenidos. No vamos a parar hasta que no queden en libertad». Y con estas palabras los Jordis sellaron lo que sería el delito (percibido por la Fiscalía) que los pondría en prisión. «Jordi Cuixart pidio que la manifestación no se detuviera y […] llamaron a una Movilización permanente desde este jueves a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo». Así rezaba la denuncia interpuesta por la Fiscalía el 22 de septiembre que les acusaba de sedición. Pero estas palabras no salieron nunca de los labios de los presidentes de las entidades: ni la movilización debía comenzar aquella noche, ni debía ser por el referéndum: «Con nuestra convicción y firmeza os emplazamos mañana a partir de las 12 del mediodía en Arco de Triunfo a empezar una movilización que no acabaremos hasta que los detenidos estén en casa con sus famílias», rogó Cuixart mientras los manifestantes llamaban a una «huelga general».

Poco después, ya habiendo bajado del Coche de la Guardia Civil, Cuixart y Sánchez pidieron a los concentrados que se fueran a casa y que se evitaran muestras de violencia. Ellos lo hicieron, y los voluntarios de la ANC también. Pero unas decenas de manifestantes se quedaron, sentados en el suelo y alzando los brazos, frente a las puertas de la Consejería. Finalmente, los Mossos, que habían recibido órdenes del Juzgado de Instrucción nº 13 para iniciar el dispositivo de seguridad y permitir la salida de la Comisión Judicial, iniciaron cargas policiales contra los manifestantes, poco después de la 1:30h de la madrugada. Aquella larga jornada de sitio no finalizó hasta las 7 de la madrugada del día 21 de septiembre, cuando pudieron salir todos los Guardias Civiles.

Un proceso judicial marcado por las críticas

«Los hechos relatados en el presente escrito de denuncia son, en principio, constitutivos de un delito de sedición previsto en el articulo 544 y Siguientes del Código Penal». Con estas palabras, contenidas en la denuncia de la Fiscalía contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, quedaría apuntalado el delito de sedición, por el que declararían ante la juez Lamela en la Audiencia Nacional el 16 de octubre y desde donde serían enviados a prisión. No sería hasta principios de 2018, habiendo pasado ya la causa a disposición del Tribunal Supremo, con Pablo Llarena, que se añadiría el delito de rebelión.

Se considera sedición una actividad de levantamiento pública o tumultuaria para «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o cualquier autoridad». Pero estas acusaciones, enseguida levantaron críticas, no sólo de los que estuvieron allí y no consideran que el parlamento de los Jordis y las actuaciones de los voluntarios interfirieran en la legalidad, sino también de personalidades jurídicas destacadas. Los primeros en posicionarse fueron los abogados de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona de la Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), El 17 de octubre, el día después de que los Jordis entraran en prisión. Los letrados criticaron a Lamela por haber «construido» lo que consideraban un nuevo delito, «diferente del legal»: el alzamiento «tumultuario pacífico, pero igualmente delictivo, si persigue una finalidad política no prevista en la Constitución». Con ello, consideraron que el encarcelamiento de Cuixart y Sánchez no «se ajusta al derecho».

Desde el ICAB también apuntaban que la decisión de la Audiencia Nacional, «distorsiona el derecho» y vulnera «los derechos y libertades de reunión, manifestación, expresión y participación política». Una semana después, ya eran un millar los juristas que compartían la visión expresada por el ICAB y, de hecho, así lo comunicaron en un manifiesto , que calificaba a los encarcelados como «presos políticos» y exigían la liberación.

Manifestats combregats davant les portes de la Conselleria d’Economia, un cop la concentració ja havia estat desconvocada | Sandra Vicente

¿Sedición o rebelión?

Un mes después de entrar en prisión preventiva, el caso pasó a manos del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y apareció la incógnita de si sus conductas encajaban más con la sedición o bien con la rebelión. Finalmente, fueron procesados por rebelión ​​junto a otros 11 investigados por la causa del referéndum. Este delito, efectivamente, es más grave que el de sedición y se reserva a los que se levantan «violenta y públicamente» para, entre otras cosas, «derogar, suspender o modificar, total o parcialmente, la Constitución».

En vista del aumento de la pena que supone ser acusado de rebelión, fueron varias voces las que se volvieron a levantar para denunciar la decisión. Unos de ellos fueron Juezas y Jueces por la Democracia, que aseguraron que los hechos sucedidos en Catalunya «no tienen encaje en un delito que exige un levantamiento público y violento». También comparte esta última consideración el Centro de Defensa de los Derechos Humanos iridia, que publicó un comunicado a los cinco meses del encarcelamiento, Denunciando la «construcción de delitos en base a elementos absolutamente inexistentes», dado que considera las manifestaciones «elementos de intimidación y coerción constitutivas de violencia, a pesar de que éstas hayan sido absolutamente pacíficas» y acababan asegurando que el encarcelamiento de los Jordis constituye un «grave ataque a los derechos fundamentales colectivos».

Incluso voces alejadas del discurso independentista y que, después, justificaron otras decisiones del Gobierno y la Justicia española, como Miquel Iceta, reconocieron la insostenibilidad de las acusaciones contra los Jordis: «Si miramos los delitos de rebelión y sedición y lo que ha pasado, cuesta encajarlo», dijo el socialista en una entrevista en el Diario Ara. Y todas estas quejas se vieron resumidas e ilustradas en el documental 20-S, producido por Mediapro y presentado a finales de junio. En esta muestra, se demuestra la actitud «pacífica y conciliadora de los Jordis y se desmonta la base de la acusación de Llarena y Lamela», aseguró el responsable de la productora, Jaume Roures.

En este documental se pueden ver imágenes del sitio a la Consejería de Economía, momentos de tensión durante los que Sànchez y Cuixart, tras bajar del coche de la Guardia Civil, aquel altar majestuoso desde donde pronunciaron el discurso que les condenó, instaban a la gente a irse a casa. De hecho, esta retirada no fue bien encajada por buena parte de los manifestantes, algunos pertenecientes a la Izquierda Independentista, que se habían trasladado al centro de Barcelona ​​después de haber defendido la sede de la CUP. Apuntaban que «se van a casa, dejando a los de siempre al pie del cañón».

Y es que los Jordis ya no estaban. No estaban cuando el cordel de voluntarios de la ANC se quitó los petos; tampoco cuando los cinco primeros Guardias Civil salieron de incógnito. Y tampoco estaban cuando los Mossos decidieron cargar contra los manifestantes sentados ante la puerta de la Consejería, con los brazos en alto, coreando «Mossos, nos debéis defender». De hecho, una de las últimas consignas hechas por los Jordis desde su altar fue un mensaje claro y contundente: «Si detectáis a alguien que actúa de alguna manera violenta, desenmascaradlo, son los enemigos del pueblo».

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