MARTA BOLINCHES, ABOGADA DE IRÍDIA

«El 1-O un subinspector de la policía golpeó con la porra a los ojos en una escuela y luego empujó gente por las escaleras en otra»

"Todas las actuaciones policiales del 1-O fueron desproporcionadas", asegura la abogada de Irídia, Marta Bolinches. Después de cinco meses analizando y monitoreando los casos de violencia policial que tuvieron lugar el 1-O en Barcelona, ​​afirman que había un "patrón de conducta". Denuncian, además, que "la Policía Nacional y la Fiscalía no están investigando de acuerdo a los estándares internacionales en la materia"

Yeray S. Iborra / Sònia Calvó
 
 
Marta Bolinches, advocada d'Irídia Centre per la Defensa dels Drets Humans / SÒNIA CALVÓ

Marta Bolinches, advocada d'Irídia Centre per la Defensa dels Drets Humans / SÒNIA CALVÓ

Hace 5 meses que tuvo lugar el 1-O, pero para muchas personas sigue muy vigente. Ese día, a raíz de la celebración del referéndum, la plataforma #SomDefensores, formada por más de 60 abogados, 70 observadores, 25 psicólogos y 30 colaboradores logísticos, monitoreó y controló las vulneraciones de derechos humanos que tuvieron lugar en Barcelona y atendió a las víctimas. Una de las abogadas que formó parte del dispositivo fue Marta Bolinches, abogada de Irídia Centro para la Defensa de los Derechos Humanos.

Desde esta entidad actúan como acusación particular de víctimas que sufrieron violencia policial y represión el 1-O y preparan litigios estratégicos como, por ejemplo, conseguir que la policía vaya identificada por delante y por detrás. Tienen claro que «todas las actuaciones policiales del 1-O fueron desproporcionadas», por eso hablan de un «patrón de conducta». Denuncian que hacer esta tarea de investigación, reparación social y defensa no siempre es fácil, ya que se encuentran con trabas, como que la Policía Nacional y la Fiscalía «no están investigando de acuerdo a los estándares internacionales en la materia».

El 1-O dejó imágenes de violencia policial. Qué abusos se cometieron?

Muchos. Por un lado se cometieron los que afectan derechos civiles y políticos y, por otro, los que afectan a la integridad física y moral. La actuación policial, siguiendo criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo, fue claramente desproporcionada. La ley orgánica que regula los cuerpos y fuerzas de seguridad de la Policía Nacional establece unos principios de actuación que son la congruencia, la oportunidad y la proporcionalidad. La proporcionalidad se rige en función de la oposición con que se encuentran los agentes, y el 1-O lo que se encontraron fue gente que hacía oposición simbólica; mucha gente con actitud no violenta, tumbados en el suelo, de todas las edades, con las manos levantadas… Por eso decimos que este abuso de la fuerza causó una afectación de derechos civiles y políticos, además de violencia institucional, y de un efecto represivo en contexto de protesta. Además, también hubo un abuso físico y moral hacia toda la ciudadanía en general.

¿Qué pueden conllevar estos delitos contra la integridad moral?

Es un momento muy inicial para saberlo. Pero con el Código Penal en la mano, la gravedad de las situaciones que se están investigando podrían conllevar penas con cumplimiento de prisión efectiva.

¿Hay algún caso especialmente grave?

El de la escuela Mediterránea, claramente. Allí se ve cómo los agentes empiezan a correr ya con las porras alturas y van directamente a cargar. Ni mucho menos avisaron, todo lo contrario. No fue progresivo.

Habéis presentado diez querellas, de las cuales cinco ya se han admitido, la última la de la Escuela els Horts de la Verneda. ¿A qué aspiráis con estos litigios abiertos?

Uno de nuestras máximas es conseguir las comunicaciones policiales internas, saber de qué hablaban el inspector jefe -el máximo responsable sobre terreno- y el centro de mando de Barcelona. Puede que no sean relevantes estas conversaciones, pero posiblemente salgan cosas muy fuertes. Si se entregan, podremos descubrir nuevas informaciones.

¿De qué depende que se consigan las comunicaciones?

El juez las ha requerido y ahora la policía las ha de entregar, porque en principio las comunicaciones no se borran. Lo que no sabemos es si las entregarán a la primera o será necesario que el juez haga varios requerimientos. El juez tiene la facultad de obligar a entregarlas, hasta el punto de que si no lo hacen a pesar del requerimiento judicial, los agentes pueden estar incurriendo en un delito de obstrucción a la justicia. Esto a veces pasa y es un delito penal con penas elevadas. Las deberían entregar, pero otra cosa es que digan que se han borrado, o quién sabe…

¿Se está intentando boicotear la investigación?

La Policía Nacional y la Fiscalía no están investigando de acuerdo a los estándares internacionales en la materia. Desde el primer día la Policía Nacional habría podido identificar sus agentes en los informes que ha entregado, especificando qué agentes realizaron cada actuación y qué funciones tenía cada uno. Lo saben perfectamente y no lo están haciendo. En el informe que han entregado sólo dicen qué rango jerárquico tenía cada agente. Ni siquiera identifican cuáles eran escopeteros y cuáles conducían las furgonetas. En cambio, sí que especifican qué agentes resultaron heridos, qué oposición se encontraron, qué material electoral requisaron cumpliendo el mandato judicial y justifican la brutalidad policial diciendo que la gente estaba muy alterada. Son necesarias medidas efectivas para asegurar las investigaciones rigurosas ante situaciones de violencia institucional.

Con toda la información y los datos que está cruzando, ¿estáis encontrando que algún agente actuara en varias escuelas?

Cuando los agentes entregaron el cuadrante de todos los policías que había en las escuelas se pudo ver que había grupos que habían operado en varias escuelas. Lo que falta ver es si también estaban implicados en varias agresiones. Por ejemplo, hay un caso de un agente que en el Mediterráneo golpea a una chica a los ojos con la porra, causándole fracturas y lesiones graves, y luego en la escuela Pau Claris y tira a personas por las escaleras. Este agente, que es el mismo en las dos ocasiones, es subinspector.

Puedo decir de manera muy contundente que todas las actuaciones policiales del 1-O fueron desproporcionadas y es por eso que hablamos de un patrón de conducta, porque en absolutamente todas las escuelas de Barcelona se actuó con brutalidad policial. Por eso solicitamos las comunicaciones, porque entendemos que hay unas órdenes para actuar de esta manera, y queremos que Pérez de los Cobos comparezca como testigo, porque entendemos que hay órdenes que pueden provenir de los altos mandos. Hay que decir también que en algunos casos había agentes individuales que estaban exageradamente exaltados. Por ejemplo, en la misma el Mediterránea, se ve perfectamente en el vídeo como el agente está con un comportamiento muy extraño, muy nervioso, todo el tiempo se está moviendo, hasta que golpea a mucha gente con el bastón horizontal en los ojos.

Si no se identifica al agente que ha hecho la agresión, ¿la denuncia puede prosperar?

En un procedimiento normal y corriente, si no se identifica el autor el procedimiento se archiva provisionalmente. Esto quiere decir que el juez puede considerar que hay indicios delictivos pero el procedimiento no puede tirar adelante por falta de autor conocido. En el momento que aparece una nueva prueba el procedimiento se puede volver a abrir, no tiene nada que ver con un archivo definitivo, que sería cuando el juez considera que no hay delito. Por eso nosotros nos hemos querellado contra los responsables sobre terreno de cada escuela al tiempo que contra los agentes individuales. Entendemos que el último responsable sobre terreno es el responsable de la operación y este sí está identificado en todos los casos y, por lo tanto, el procedimiento debería prosperar. Con las comunicaciones podremos saber si hay un tercero responsable, el centro de mando. Si se considerara que sólo son responsables de los delitos los autores directos y archivan casos por no haber podido identificar al autor sería directamente culpa de la Policía Nacional por no llevar identificados correctamente a sus agentes, un hecho que está dificultando mucho todo el trabajo. Queremos conseguir que los agentes vayan identificados por delante y por detrás.

En el caso del Roger Español, el chico que perdió la visión de un ojo por una bala de goma disparada en la escuela Ramon Llull, ¿se ha podido identificar al escopetero?

No, aún no, pero tenemos esperanzas de poder hacerlo pronto. Sabemos cuántos y qué escopeteros había gracias a los vídeos. Con los vídeos hemos podido identificar a unos cuantos y eso hace que sólo nos queden tres por saber quiénes son. Si el juez cita a los tres a declarar como investigados, en fase de interrogatorio podremos saber los detalles y aclarar quién es el responsable.

Una de las abogadas de Irídia, Anaïs Franquesa, fue junto con Roger Español al Parlamento Europeo, en Bruselas. ¿Queréis internacionalizar el caso?

Tenemos muy claro que con el 1-O queremos agotar todas las instancias posibles, también las internacionales. Pero para ello es necesario primero agotar las internas, las de dentro del Estado español. También queremos hacer un impulso para luchar contra las balas de goma a escala internacional. Tenemos como objetivo potenciar la obligatoriedad de la identificación de los agentes, es uno de nuestros litigios estratégicos.

Marta Bolinches: «Totes les actuacions policials de l’1-O van ser desproporcionades, per això parlem d’un patró de conducta» | SÒNIA CALVÓ

¿Qué factores se tuvieron en cuenta, en el caso de Barcelona, ​​para elegir la escuela donde actuar?

Tenemos dos hipótesis, que no están corroboradas pero esperamos poder hacerlo en el proceso judicial. Una es que respondía a lugares donde votaban personas con cargos públicos o políticos en relación al proceso independentista y a la realización del referéndum. El otro, creemos que era un criterio de efectividad, con escuelas donde era fácil acceder, cargar de manera brutal e indiscriminada, y salir corriendo. Hay barrios donde no se actuó o se actuó menos, porque hay calles de difícil acceso o peatonales, como Ciutat Vella, el Raval o Gracia.

¿Qué afectaciones psicosociales tuvo para las personas el 1-O? ¿Podemos hablar de violencia institucional en un estado de derecho?

Después del 1-O atendimos 75 personas en 3 semanas. La gente estaba deshecha, pero claramente no por los golpes físicos, sino por la afectación a la integridad moral y por la concepción política del Estado. Para mucha gente era un hecho nuevo estar en una manifestación y por lo tanto nunca antes habían sufrido una carga policial. Estamos acostumbrados a que la violencia institucional o policial en contextos de manifestación la sufre un cierto colectivo de gente que está muy estigmatizada, más activista o «antisistema». Pero el 1-O había gente de todas las edades y tipos.

Hay algo, sin embargo, que nos sorprendió. Muchísima gente con la que hemos hablado nos ha comentado que veían como se pegaba más a los ancianos y a las mujeres. Esta percepción individual, aunque será difícil de probar en el ámbito judicial, es muy real en cuanto a los criterios de selección. Cuando la policía se acerca ves hacía quien se dirige. Esto lo agrava todo, por el elemento machista y discriminatorio, y que en el caso de la gente mayor hace que la desproporcionalidad sea más bestia. No es lo mismo agredir activistas que nos parece que están «protegidos» o «acostumbrados» que agredir a gente mayor, sentada en el suelo con las manos alzadas. El impacto tan bestia que genera esto, además de la integridad moral individual, también afecta a nivel colectivo. Mucha gente nos repite que nunca habrían imaginado que esto pasaría.

¿Esta represión puede desmovilizar?

La represión tiene un efecto claramente simbólico de estigmatizar, atomizar, aislar y controlar a la población a partir del miedo. Si te ha pasado esto, te lo pensarás dos veces antes de volver a una manifestación y por tanto, de ejercer ciertos derechos sociales, civiles y políticos. Uno de los efectos, no sé si podríamos decir «positivos» del 1-O, es que parte de la población que se había sumado al discurso estigmatizador hacia los antisistemas, de repente se ven al otro lado y ven que la represión actúa de manera indiscriminada. Veremos qué consecuencias tiene esta ola represiva y si conseguirán desmovilizar la gente.

¿La afectación psicosocial está reconocida judicialmente?

Cuando el juzgado recibe una denuncia donde hay un delito de lesiones envía a las personas al médico forense. Estamos hablando de 257 personas en el caso de Barcelona. Pero tenemos un problema porque muchas veces el médico forense no tiene en cuenta la afectación psicosocial. Lo que hacen es recoger los informes de urgencias y hacer una evaluación física de la persona. En función de la voluntad del médico forense se recoge la angustia, la ansiedad y los síntomas de afectación psicológica, como el miedo hacia los cuerpos policiales o la rotura de la cotidianidad. Pero en otros no. En todas nuestras querellas aportamos informes psicológicos para poder objetivar el daño.

1 Comentario en «El 1-O un subinspector de la policía golpeó con la porra a los ojos en una escuela y luego empujó gente por las escaleras en otra»

  1. Para nada hay desproporción, los desproporcionados son los del otro lado. Y la Policía Nacional hace uso racional de sus medios y de la fuerza, que para eso están.

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