La sedición y sus consecuencias

Quizás, y sólo quizás, hoy al PSOE se le hace difícil declararse de izquierda mientras hace guiños a la derecha. Al mismo tiempo, la Generalitat parece haber decidido rescindir de sus obligaciones. La contradicción de envalentonar a los manifestantes a la vez que da luz verde a los Mossos para apalizarlos es un acto de gran cinismo. En medio de todo, la gente. Enfadada, indignada y sola. Tras la sentencia, la lucha ya no es por la independencia. Es un enfado generalizado contra la situación, también contra el procesismo inoperante

Guillem Pujol
 
 
 
Manifestants parant l'activitat de l'aeroport de Barcelona en protesta contra la sentència | Victòria Oliveres

Manifestants parant l'activitat de l'aeroport de Barcelona en protesta contra la sentència | Victòria Oliveres

Ya se han acabado las sonrisas: la última fase del proceso independentista es la más triste, la más oscura de todas. Con la sentencia se cerró la última puerta, y las palabras de Pedro Sánchez, afirmando que se cumplirían las penas íntegras, puso el pestillo. Nos acercamos al cumplimiento de la década desde el inicio del conocido como “Procés”, y año tras año la situación parece empeorar. Con la sentencia por sedición se ha cruzado una línea que debería interpelar a independentistas y no independentistas: catalanes, y no catalanes.

Porque, como quien no quiere la cosa, y con la forma de la violencia silenciosa que impone una ley injusta, el derecho a protesta, derecho fundamental en cualquier estado de derecho y democrático, se ha puesto en vereda. El camino iniciado con la reforma del código penal y la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley mordaza), continúa, en este caso en forma de jurisprudencia, con la sentencia por sedición y malversación a Oriol Junqueras (13 años), Raül Romeva, Jordi Turull , Dolors Bassa (12 años), y por sedición a Carme Forcadell (11 años y medio), Josep Rull y Joaquim Forn (10 años), y Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años).

Amparándose en la condena a los dos últimos, que no eran cargos electos, expertos juristas y defensores de derechos civiles apuntan a que abre la puerta a utilizar el delito de sedición para criminalizar la protesta. Y así, con la sentencia, la calidad democrática de España baja un escalón. Uno más, y ya van unos cuantos en los últimos tiempos. España no es un Estado fascista, ni un Estado totalitario, ni un Estado autoritario: pero su democracia se empobrece.

Así, el día mismo de la sentencia, Tsunami Democràtic, que llevaba semanas preparando la respuesta, animaba a paralizar la actividad en el aeropuerto de Barcelona. Dicho y hecho: miles de personas se desplazaban hacia la T1 de todas las formas posibles: a pie, en coche, en transporte público o en bicicleta. Se dudaba de la capacidad de movilización de Tsunami Democràtic, porque, a estas alturas, se continúa ignorando quién hay detrás. Tsunami Democràtic representa, sin duda, una nueva técnica adaptada para los nuevos tiempos.

Este hilo explica cómo funciona, presuntamente, esta plataforma: una red descentralizada, coordinada y secreta que hace tiempo que se organiza para este momento, debidamente encriptada, y con un algoritmo que dispersa la autonomía entre las personas que dispongan del canal de Telegram, que a estas alturas ya crece hacia los 143.000 usuarios. Marlaska, Ministro de Justicia en funciones, anunciaba el día después de la sentencia que ya estaban investigando quién mueve los hilos para, quién sabe, capturarlos por tales actos sediciosos. Parece que la historia se repite, y el foco se pone en las consecuencias en lugar de en las causas.

Porque la realidad es que las miles de personas que fueron a bloquear la terminal 1 en forma de protesta por una sentencia injusta, incluyendo un joven al que la policía hizo perder un ojo, y otro al que reventaron un testículo de un porrazo, no estaban allí por lo que dijera un comunicado. Estaban allí para mostrar la rabia ante un Estado que no acepta el diálogo y para luchar por los derechos de todos. Tras la sentencia, la lucha ya no se centra en la independencia. Es un enojo generalizado contra la situación actual, también contra el procesismo inoperante.
La noche del martes se saldó con decenas de manifestantes y policías heridos, y entidades como IRIDIA han denunciado la brutalidad policial. Varios videos circulan por las redes: en uno de ellos se ve el movimiento de tres furgones conduciendo en círculos para dispersar una multitud, poniendo en juego la vida las personas. Una ilegalidad en toda regla. Las manifestaciones terminaron con la liturgia violenta, y, esta vez sí, se vieron manifestantes enfrentándose directamente con la policía, quemando contenedores y cortando vías. Para romper la hipótesis de que los manifestantes no serían más que marionetas bajo la obediencia del Tsunami Democràtic, es importante señalar que los sucesos de la noche del martes no los convocó nadie.
Por otra parte, el miércoles por la mañana comenzaron las llamadas “marchas por la Libertad”, que, partiendo a pie de Girona, Vic, Berga, Tàrrega y Tarragona, deben llegar a Barcelona el viernes 18, día de la huelga general, convocada por los sindicatos independentistas Intersindical CSC y la IAC. Mientras tanto, el Presidente en funciones, Pedro Sánchez, se reúne en la Moncloa con Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Los dos primeros, le ponen presión para que apliquen el 155, y ya puestos a pedir, la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, que no requiere de la aprobación de las dos cámaras.

Las encuestas de cara al 10-N le prometían una plácida victoria al PSOE de Sánchez, pero ésta cada vez se le pone más en contra. Quizás, hoy sí, Iván Redondo – estratega de Pedro Sánchez – se arrepiente de haber forzado la repetición electoral. Quizás, y sólo quizás, es difícil declararse “de izquierdas” mientras le haces guiños a la derecha. Al mismo tiempo, el gobierno de la Generalitat en general, y Torra en particular, parece que hayan decidido rescindir de sus obligaciones. De todas. La incomunicación entre los dos partidos que la conforman (ERC y JxCAT) es abismal. La contradicción de animar a los manifestantes a la vez que se da luz verde a las brigadas de antidisturbios de los Mossos a apalizar a esos mismos manifestantes alentados representa un gran acto de cinismo.

Y más aun cuando, dos días después, Torra se ve obligado a comparecer de madrugada debido a los enfrentamientos entre manifestantes y policía, el mismo día que el Govern blinda al conseller de Interior, Miquel Buch, a pesar de las acciones controvertidas de los Mossos. Torra condena, esta vez sí, la violencia. La de los grupos “minoritarios, radicales y violentos”, una respuesta que no satisfizo ni a Moncloa, ni a sus socios de Govern, ni a gran parte del independentismo, harto de ser instrumentalizado políticamente. Y en medio de todo esto, la gente. Enfada, indignada y sola.

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